La ministra de Gobierno, María Paula Romo, se encuentra envuelta en una nueva controversia. Esta vez, oficiales de la Policía Nacional denuncian presuntas irregularidades en el proceso de calificación de ascensos en la institución.

El caso se remonta a octubre de 2018 en la calificación de 46 tenientes coroneles, de la Quincuagésima Sexta Promoción, en el que 11 oficiales no fueron ascendidos al grado de coroneles.

El 31 de julio de 2019, la Corte Provincial de Justicia de Pichincha emitió un dictamen, de segunda instancia, en favor de Roberto Almeida Parra y Richar Martínez Reyes, tras determinar que se vulneraron derechos constitucionales y se atentó contra la seguridad jurídica.

María Paula Romo suscribió el 18 de octubre de 2018 el Acuerdo Ministerial 044, con el que cesó en funciones a los 11 policías no ascendidos, de manera retroactiva al 26 de septiembre.

Los uniformados fueron notificados mediante telegrama 2028-782-DGP-ASL, mientras prestaban servicios en sus respectivas unidades, sin haber conocido los resultados de las calificaciones, por lo que no pudieron ejercer su derecho a la impugnación.

En la calificación se utilizó una metodología que aún no había sido aprobada, por lo que los jueces señalaron que se cometió una grave violación a la ley y a la Constitución, al aplicarse un procedimiento que no fue promulgado en el Registro Oficial.

En esa metodología se incluyó una nota denominada de concepto, considerada como subjetiva y que depende del criterio de los miembros del Consejo de Generales y de la ministra de Gobierno.

Almeida tuvo una nota de 19,79 sobre 20 en desempeño profesional y 20 sobre 20 en conducta, mientras que Martínez, 19,99 y 19,33, respectivamente. Sin embargo, la calificación de concepto bajó sus puntajes finales.

En el caso de Martínez, se determinó posteriormente que su nota final fue de 18,23, pese a lo cual no fue ascendido. Para ser promovido, requería 18 puntos.

Los 11 policías que no calificaron para el ascenso presentaron acciones de protección en distintos tribunales, de los cuales cuatro fueron aceptados.

Tras la impugnación del ministerio de Gobierno, otros dos fueron desechados y quedaron en firme únicamente dos, correspondientes a los oficiales Almeida y Martínez.

En el fallo de la Corte Provincial se dispuso el reintegro inmediato de los dos uniformados en el grado que ostentaban al momento de su remoción, y el inicio de un nuevo proceso de calificación. Sin embargo, el dictamen no fue acatado por el ministerio de Gobierno.

En el recurso de apelación interpuesto por Manuel Velepucha, delegado de María Paula Romo, se defendió la transparencia del proceso de calificación. Sin embargo, la corte provincial desestimó los argumentos del ministerio de Gobierno.

Martínez cuestionó el incumplimiento de la disposición judicial y señaló que es “lamentable el abuso de ciertas personas que no dan cumplimiento, piensan que están sobre las leyes y disposiciones judiciales. Muchos actores políticos del ministerio de Gobierno piensan que la institución policial está al servicio de ellos”.

Por su parte, Almeida aseguró que el proceso de calificación estuvo lleno de irregularidades, por lo que espera que la justicia brille en otras instancias, incluso en cortes internacionales.

El abogado de los oficiales, Rómulo Bárcenes, anunció que presentó una acción de incumplimiento de la sentencia ante la Corte Constitucional.

El jurista adelantó que el desacato del dictamen del tribunal podría generar la destitución y acciones penales en contra de la ministra de Gobierno.

No descartó presentar una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exigir una reparación por la violación de los derechos constitucionales de sus defendidos.

En el país existe un precedente sobre el tema de los ascensos. El año pasado la CIDH falló en favor del entonces coronel del Ejército, Luis Hernández, quien demandó su caso ante ese organismo por irregularidades en su calificación, que le impidieron ascender a general de Brigada.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.