La jueza que tramita el proceso suspendió la audiencia en la que el defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, debía presentar los alegatos sobre la acción de protección presentada a favor de los afectados por presuntos cobros indebidos, por parte de entidades del sistema financiero.https://platform.twitter.com/embed/index.html?creatorScreenName=pichinchauniver&dnt=true&embedId=twitter-widget-1&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1305570528032366593&lang=es&origin=http%3A%2F%2Fwww.pichinchacomunicaciones.com.ec%2Fsuspendida-audiencia-sobre-presuntos-cobros-indebido-por-parte-del-sistema-financiero%2F&siteScreenName=pichinchauniver&theme=light&widgetsVersion=219d021%3A1598982042171&width=550px

El 12 de agosto pasado, la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de garantizar los derechos de las personas a recibir servicios de óptima calidad, información adecuada, veraz, clara y completa, así como un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo en la prestación de servicios públicos o privados del sector financiero nacional, presentó una medida cautelar ante los jueces competentes, solicitando la suspensión inmediata de todo cobro indebido realizado por estas entidades, que han incumplido lo aprobado y dispuesto por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

A través de esta acción constitucional, la DPE busca que las personas usuarias de servicios financieros que han solicitado y han sido beneficiadas con diferimientos extraordinarios, prórrogas, refinanciamientos o reestructuras crediticias de sus obligaciones, no paguen otros nuevos intereses generados por este servicio, así como tampoco ningún otro tipo de gastos, recargos, multas u otros cobros relacionados con seguros adicionales, que no hayan sido solicitados por las y los clientes. La acción incluye, además, la solicitud del cese inmediato de cualquier tipo de hostigamiento en la cobranza de créditos a las personas beneficiarias.

Así mismo, a fin de evitar vulneraciones de derechos como consecuencia de estos cobros indebidos, se ha solicitado que la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria establezcan procedimientos para una atención ágil, oportuna y de fácil acceso para toda persona que haya sido afectada y, así mismo, sancionen a la entidad financiera pública o privada o de la economía popular y solidaria que haya vulnerado los derechos de sus clientes/as.

Carrión señaló que detrás de la acción presentada existen miles de ciudadanos que presentaron reclamos, que se están visibilizando a nivel del país, cuyo mensaje es que el poder corrija, que ampare los derechos de los ciudadanos.

“En el evento de que no lo haga, nos tendrá unidos en el reclamo, en la protesta. Como institución nacional de derechos humanos, estamos junto a ustedes. Nuestra función es proteger a quien no tiene poder, que es el ciudadano. El poder no necesita protección; los que necesitamos protección son los que no tenemos poder y nos enfrentamos al poder”, manifestó.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.