El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno, direccionada a garantizar la devolución oportuna de los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

La reforma, respaldada por la mayoría de legisladores, tiene cuatro artículos y busca resolver el retraso y falta de devolución del Gobierno Central del Impuesto al Valor Agregado (IVA), pagado en la adquisición local e importación de bienes y demandas de servicios que efectúan los GAD, universidades y escuelas politécnicas del país.

Franco Romero, ponente y presidente de la Comisión de Régimen Económico, explicó que el proyecto propone que el IVA sea retenido y no se entregue al Gobierno Central, para evitar que el dinero sea devuelto de forma tardía. La falta de esos recursos está poniendo en riesgo la liquidez de estas instituciones y, por tanto, su funcionamiento y el servicio que prestan a la ciudadanía, advirtió.

Con la propuesta no se crea, suprime o modifica ningún impuesto; lo que cambia es la administración de este tributo, situación que es factible a través de una iniciativa legislativa. Se plantea el establecimiento de un plazo prudente de 180 días para que el Ministerio de Finanzas se ponga al día con los recursos que se adeuda, alertó.

Hasta la fecha, a los GAD municipales se adeuda alrededor de 3.512 millones de dólares; a universidades y escuelas politécnicas se debía, hasta el año pasado, 66 millones de dólares y aún falta determinar la deuda a los gobiernos provinciales, señaló el parlamentario.

El proponente de la iniciativa legal, Henry Kronfle, sostuvo que los valores retenidos por los GAD, las universidades y escuelas politécnicas serán notificados en la declaración al Servicio de Rentas Internas para mantener el registro pertinente. Reclamó que no hay pretexto para que no se entreguen las rentas a tiempo, por ello, propone las reformas para que la devolución de los recursos, al menos en lo que corresponden al IVA, sea automatizada, protegiendo así a las instituciones beneficiarias.

La mayoría de asambleístas considera urgente la reforma, de tal manera que los valores retenidos se mantengan en sus cuentas, evitando innecesarios y engorrosos trámites, generando mecanismos ágiles y en atención al principio de simplicidad administrativa y eficiencia.

Lo que se pretende hacer es que de forma rápida los valores vayan directo a donde deber ir. Si el dinero no va de forma directa, retarda la ejecución de proyectos importantes para la ciudadanía, se argumentó.

La asambleísta Gabriela Larreátegui, de SUMA, expresó su rechazo a la reforma, argumentando que se estaría modificando el IVA, pues serían las mismas instituciones las que determinarían el valor que les corresponde retener, lo que, a su juicio, tiene muchos errores en su concepción.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.