Día: 4 octubre, 2020

Al ser el cáncer la segunda causa de muerte en el país, las asociaciones de lucha contra esta enfermedad rechazan el veto total al Código Orgánico de la Salud (COS).

Según estas organizaciones sus derechos han quedado en el limbo, debido a que el documento permitía que los pacientes con cáncer accedan a un carné de discapacidad temporal, así como impedía que las personas con esta enfermedad sean despedidas de sus trabajos mientras dure el tratamiento oncológico.

Diego Jimbo, coordinador de Acuerdo contra el Cáncer, impulsó un artículo en el COS que establecía el diagnóstico genético de la enfermedad, procedimiento que iba a servir para prevenir y reducir el número de víctimas mortales.

Dijo que si se detecta la enfermedad en etapa uno significa que la gran mayoría de casos se los va a poder tratar, pero este tema se quedó en el artículo 219, que iba dirigido a las personas de alto riesgo.

Otro de los artículos abordaba la atención integral del cáncer, por el que las personas con esta dolencia iban a ser tratados bajo una condición de discapacidad que les hubiese permitido acceder a un carné.

En el ámbito laboral, los pacientes hubieran gozado de permisos por tratamientos médicos, sin ser despedidos de sus trabajos.

Si se hubiese aprobado el COS, otro de los beneficios a los que habrían podido acceder los pacientes oncológicos es el apoyo emocional y acompañamiento lúdico.

Pero pese al veto emitido por el presidente Lenín Moreno, las agrupaciones de lucha contra el cáncer han conformado un observatorio a escala nacional para que se cumplan sus derechos.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.

¡Necesito una canasta roja! Es la frase que debe decir una mujer que requiere ser socorrida, porque está siendo víctima de violencia.

Con este código, Warmi Pichincha, el centro de asistencia del Gobierno Provincial, se activará de inmediato para buscar las formas de ayudar a la persona que llamó a la línea 24-7.

Si la denunciante logra reportar la dirección de su domicilio, de manera urgente, el personal del centro, juntamente con agentes de la Policía Nacional, se dirigirá al lugar para ofrecer la ayuda requerida.

Si la mujer que sufre violencia llama por teléfono y solicita la canasta roja, pero no puede señalar el lugar donde se encuentra, el personal de Warmi Pichincha activa al 9-1-1 para que localice la llamada y avise a la Policía. También puede llamar al 1800 delito, opción 4.

La prefecta, Paola Pabón, lamentó que el aislamiento social, por la pandemia, agravó las condiciones de violencia, porque el agresor está de manera permanente con la víctima, sin posibilidad de salir.

Expreso su pesar porque Pichincha sea la segunda provincia con más casos de violencia de género, en donde 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia física, psicológica y sexual. Lo que significa que este tema no salta a propósito de la cuarentena, sino que es un reflejo de lo que la sociedad venía enfrentando.

Comentó que, en lo que va de la emergencia, Warmi Pichincha ha recibido 54 llamadas de auxilio de víctimas de violencia, a quienes brindó asistencia psicológica y jurídica.

Recorrido por las parroquias

En el marco de las actividades que cumple para enfrentar la crisis en Pichincha, la prefecta visitó algunas parroquias de Pedro Moncayo y Cayambe, en las que, según contó, sus habitantes cumplen con las medidas, como el aislamiento para evitar la propagación del virus de la covid-19.

A diferencia de Quito, apuntó la autoridad, quien señaló que en la capital estuvo por Colinas del Norte, donde la Prefectura tiene un centro de acopio de productos, y le impresionó la cantidad de gente fuera de sus casas, los comercios abiertos, situación que la llevará a la reunión del COE Provincial, para solicitar que la Agencia Metropolitana visite este sector, al igual que la Jaime Roldós, en donde hay mucho movimiento, a pesar de las medidas de restricción.

De su recorrido, hay que destacar la visita a Nanegal en donde se monta una planta de procesamiento de alcohol, para fabricar el gel desinfectante que se repartirá en toda la provincia. El alcohol se comprará a los productores de la zona, que se caracteriza por la producción de caña.

La prefecta anunció que la fábrica de infraestructura, del Gobierno de Pichincha, elaborará ataúdes que serán entregados, de manera gratuita, a las personas de escasos recursos económicos que enfrentan la tragedia de tener fallecidos por coronavirus.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.

El juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Azogues, Ariel Patricio León Mendieta, dispuso la detención del activista político Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia, por el espacio no mayor de 24 horas, con el único fin de que comparezca a la audiencia conciliación y juzgamiento en un proceso de contravención de cuarta clase.

A raíz de una publicación en su cuenta de Twitter, Villavicencio fue demandado por Juan Fernando Quevedo Abad, quien se sintió injuriado. Villavicencio escribió el siguiente tuit: “En Azoguez, el médico Juan Fernando Quevedo Abad, su hermano y varios miembros de su familia, tienen carnés de discapacitados, han importado vehículos y se han beneficiado de privilegios. Además, se los vincula con la entrega de certificados a otras personas”.

El juez dispuso que los elementos de la Policía Nacional se servirán inmediatamente de efectivizada la detención poner en conocimiento del suscrito para los fines procesales pertinentes.

La decisión del funcionario judicial se sustenta en que han transcurrido 34 días desde la citación a Villavicencio para que comparezca a la audiencia y no lo ha hecho.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.

El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha reinstaló la audiencia de juicio contra cuatro profesionales de la salud por mala práctica médica en un niño de 1 año. Este caso se registró en 2014 es conocido como “Nachito”.

La Fiscalía continúa con la presentación de la prueba, luego que el menor de edad sufrió lesiones de más de 90 días.

La diligencia debía cumplirse a finales de julio, pero fue postergada para octubre porque las partes procesales no acudieron en igualdad de condiciones para ejercer su defensa. Ese fue el caso de la cirujana pediátrica Yolanda Victoria G. R. Sus abogados Álex Rubio y Juan Pablo Albán, que asistieron vía telemática, no pudieron justificar la ausencia de la imputada e indicaron al Tribunal que ingresaron un pedido de diferimiento de la audiencia con un certificado médico.

En aquella ocasión los magistrados advirtieron que no se permitirán más diferimientos porque no era la primera vez que se postergaba.

Los hechos se registraron en 2014, cuando la cirujana pediátrica junto con la médica Alexandra V., la enfermera Elvia H. y la auxiliar de enfermería Lidia S. habrían provocado la perforación intestinal y quemaduras de tercer grado a “Nachito”, un niño de 1 año y 8 meses, en esa época.

Ante esta situación, los padres de niño esperan que se sancione a los responsables.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.