Niegan casación para el prefecto de Sucumbíos por paralización de servicios públicos

Este jueves 8 de octubre de 2020 se instaló la audiencia de casación solicitada por el prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez y Luis B., sentenciados a 1 año y 4 meses, en calidad de cómplices, por el presunto delito de paralización del servicio público, ocurrido durante las protestas de octubre de 2019.

Tras varias horas, la Corte señaló que no hubo fundamentado, por lo que acogió el pedido de Fiscalía y negó el recurso de casación.

Sin embargo, casa de oficio la sentencia y ratifica el estado de inocencia de Chávez; además, declaró abandono del recurso por parte de José G.

Su sentencia se dio en una audiencia de juicio directo y se los acusó de irrumpir en las instalaciones de la empresa pública Petroecuador, en Sucumbíos, y obligaron a tres técnicos a paralizar el bombeo de petróleo a través del SOTE (Sistema de Oleoducto Transecuatoriano).

Según la teoría de la Fiscalía, los sentenciados paralizaron un servicio público y se tomaron a la fuerza una instalación pública.

En una nueva diligencia, la Corte Nacional aceptó el pedido de suspensión condicional de la pena para Chávez y otros. Jacho dispuso que el prefecto y los otros tres acusados a quienes sí se les concedió la suspensión de la pena deberán abstenerse de acercarse a instalaciones petroleras o salir del país sin autorización. También tendrán que cumplir con 100 horas de trabajo comunitario, pagar la reparación integral impuesta en la sentencia, no reincidir ni tener otra instrucción fiscal abierta.

Además, pagar una multa de cuatro remuneraciones básicas unificadas para cada acusado y el pago de $6.000 a Petroecuador, como reparación integral.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.

Expertos en extinción de dominio aportaron para informe de segundo debate

Con el fin de solventar algunas dudas sobre el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, los asambleístas de la Comisión de Participación Ciudadana recibieron aportes de Andrés Ormaza, experto en la temática.

Para el jurista, según la legislación comparada, la extinción de dominio no se trata de una sanción propiamente dicha y no exige una prejudicialidad. Hablar de bienes de origen ilícito no significa que hayan sido bienes de una judicialización previa.

A su entender, la extinción de dominio sería una respuesta de los estados a una nueva criminalidad, una nueva perspectiva de acción eficaz contra la corrupción y el crimen organizado.

En relación con la retrospectividad, señaló que este es uno de los pilares de la extinción de dominio, porque se sustenta en la condición del origen de los bienes, según la cual el bien contaminado, en su origen, impide que se consolide un derecho.

Sobre el deber de denunciar y retribución (pago o recompensa), apuntó que esta figura sí existe en otras legislaciones. Alertó que la acción de colaboración ciudadana debe ser eficaz y que valdría la pena considerarla en el proyecto analizado.

Otro experto, Wilson Martínez, manifestó que en el tiempo actual el mundo se enfrenta a estructuras criminales, que operan de forma organizada para cooptar los estados, y puso como ejemplo el caso de Odebrecht. A su criterio, un código penal ya no tiene capacidad para terminar con ese tipo de estructuras.

Propuso que, si bien hay que fortalecer la persecución de personas, hay que acompañarla de una persecución de bienes ilícitos, con el fin de quitar a las organizaciones el flujo financiero, para, si se pretende acabar con estas estructuras empresariales, quebrar las estructuras financieras.

Estuvo de acuerdo en que con la extinción de dominio no se quitan derechos, porque una persona que pierde un bien no es porque un juez lo determine, sino porque ese bien nunca fue obtenido de manera legal; el delito no genera derecho, coincidió.

Para Martínez, el gran desafío ahora es saber cómo aprovechar los bienes para que la extinción cumpla sus cometidos. No es suficiente con que estos pasen al estado, pues este debe hacer un buen uso y transformarlo en recursos líquidos, para su aprovechamiento y el de la sociedad.

Advirtió que es necesario tener un aparato bien estructurado, con jurisdicción especializada en extinción de dominio. Así mismo, que es necesario perseguir pocos bienes, pero que “pegue” a las grandes estructuras criminales y se haga la monetización de estos en forma ágil, para financiar proyectos sociales e inversión.

Respecto a la recompensa económica, cree que, si bien es importante, se tornaría secundaria si no hay un programa de protección a informantes y testigos, cuyo pago, negociaciones y preacuerdos deben estar blindados contra la corrupción, para lo que deben establecerse procedimientos y supervisión.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.

Odebrecht afirma que demanda de Petroecuador aún no la conoce oficialmente

La empresa Odebrecht dio a conocer que no ha sido notificada formalmente con la demanda que interpuso este miércoles Petroecuador por daños y perjuicios, cuyo monto ascendería a los USD 281 millones.

La estatal acusa a la compañía brasileña de incumplir el contrato para la construcción del Poliducto Pascuales Cuenca.

En un comunicado, Odebrecht indicó que no se referirán a este tema, pero se aclaró que la construcción de esa obra se dio según los diseños que elaboró Caminosca S.A. cinco años antes que sea contratada.

Según la constructora, las obras fueron ejecutadas en estricto apego a los diseños de ingeniería suministrados por EP Petroecuador y en cumplimiento de las instrucciones de la empresa EGIS International, (empresa francesa con participación pública encargada de la fiscalización de la construcción de las obras).

Mientras, Ricardo Merino, gerente de Petroecuador, recordó que el poliducto debía ser entregado por Odebrecht con una capacidad de transporte de 1 900 barriles, pero solo lo hizo por 600.

Añadió que luego de la inversión efectuada se ha recuperado casi el 100% de la capacidad prevista inicialmente.

Trascendió que las observaciones que se le puede hacer al poliducto no son atribuibles a Odebrecht, sino al diseño de la obra.

Petroecuador terminó el contrato de forma unilateral hace tres años y, como consecuencia de ello, CNO S.A. presentó una demanda judicial en contra de dicha decisión.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.

Tribunal Contencioso Electoral deberá resolver en 15 días impugnaciones a candidatos

A partir del 7 de octubre, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tiene 15 días para pronunciarse sobre las impugnaciones a las postulaciones realizadas por las organizaciones políticas que quieren participar en los comicios de 2021.

Una de las objeciones por resolver es la de la participación electoral del binomio de la coalición Unión por la Esperanza (UNES) conformado por Andrés Arauz y Carlos Rabascall.

El recurso lo presentó Michael Aulestia, en representación del movimiento AHORA, al considerar que Rabascall no puede participar en los comicios porque no cumplió con el trámite de aceptación de su candidatura y el Consejo Nacional Electoral (CNE) le permitió su inscripción.

Según Aulestia, mientras el TCE analice el caso, el binomio de UNES, pese a que ya está inscrito, no podría ser calificado.

Otro tema pendiente para el Tribunal es el del movimiento Justicia Social. Organización que había sido eliminada del registro electoral, pero que a través de una apelación consiguió mantener su vigencia. Incluso varias candidaturas provinciales ya han cumplido con la inscripción.

Para resolver estos casos, el organismo electoral esperará la respuesta del CNE.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.