Día: 15 octubre, 2020

Adeudar pensiones alimenticias constituye un impedimento constitucional para ser candidato de elección popular.

Bajo esta premisa, el Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó la solicitud de inscripción de las candidaturas para asambleístas nacionales de siete precandidatos de los movimientos políticos nacionales Pachakutik; Unión Ecuatoriana; Construye; y Libertad es Pueblo, así como una candidatura de ámbito provincial.

Un informe técnico jurídico determinó que los precandidatos de estas organizaciones políticas están incursos en las prohibiciones e inhabilidades establecidas en el numeral 3 del Art. 113 de la Constitución y en el mismo numeral del Art. 96 del Código de la Democracia.

Además, la sentencia 185-2018 del Tribunal Contencioso Electoral sirvió para que el Pleno del CNE tome esa decisión, pues la resolución precisa que “de aceptarse la alegación del candidato (…), se estaría permitiendo que este se beneficie de su dolo, que a sabiendas que tiene prohibición constitucional y legal, al momento de postularse como candidato a un cargo de elección popular, no solo que omite, sino pretende engañar e inducir al error al órgano electoral jurisdiccional”.

Este tema no fue del agrado de aspirantes a asambleístas como Fernando Balda que representa a Libertad es Pueblo, movimiento fundado por Gary Moreno Garcés, hermano del presidente Lenín Moreno.

Balda señaló que ha pagado por adelantado las pensiones alimenticias y que junto con sus abogados adoptará acciones legales ante la intención del CNE de inhabilitarlo para ser candidato y atentar contra sus derechos de participación.

Al consultar con el número de cédula en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), dispuesto en la página web de la Función Judicial, se evidencia que Balda ha cancelado hasta diciembre el rubro correspondiente a su acuerdo de pago.

Balda dijo que el pasado 27 de agosto pagó por adelantado hasta las cuotas de diciembre.

Otro caso es el de Salvador Quishpe, candidato a asambleísta por Pachakutik, quien estaría inhabilitado para ser candidato por el tema de pensiones alimenticias.

En el SUPA, Quishpe registra planillas impagas desde el 1 de mayo de 2019.

En cumplimiento al Código de la Democracia, el CNE otorgó dos días de plazo a las organizaciones políticas para que designen el reemplazo de esas candidaturas.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.

Este jueves 15 de octubre del 2020 Ecuador reporta 150.360 casos de Covid-19 confirmados desde que la emergencia sanitaria se inició en territorio nacional.

El informe gubernamental 231, difundido por el Ministerio de Salud Pública (MSP), refleja que 1.277 nuevos casos fueron documentados durante las últimas 24 horas.

El balance oficial se consolidó tras el procesamiento de 481.189 pruebas PCR aplicadas en la ciudadanía.

En el documento oficial, el MSP expone que 12.306 ciudadanos han fallecido en el contexto de la pandemia: 8.030 han sido casos confirmados de Covid-19. Es decir, que pudieron ser detectados mediante pruebas PCR. En las últimas 24 horas, el balance registró un aumento de 19 decesos. Se reporta además 4.276 muertes probables, es decir, los decesos que no pudieron ser confirmados, pero que se relacionan con cuadros de insuficiencia respiratoria, la cifra reporta un incremento de 23 fallecimientos a la víspera.

En Guayas se documenta el mayor número de fallecimientos por la afectación del Covid-19: 1.722. Pichincha, en cambio, está cerca de superar a la provincia costera. Este jueves 15 de octubre reporta 1.701 muertes causadas por el SARS-CoV-2. Le siguen Manabí con 984; El Oro con 425; Santa Elena con 368; Santo Domingo de los Tsáchilas con 350; Los Ríos con 339; Chimborazo con 303, Tungurahua con 263; Cotopaxi con 243 y Esmeraldas con 207.

Pichincha abarca el mayor número de infecciones por el nuevo coronavirus en el país: 47.921, la cifra representa el 31,9% de contagios del total reportados en Ecuador. Guayas, en cambio, está en segundo lugar con 20.904 (13,9%). Después está Manabí, con 10.255 casos; es decir, un 6,8%. Le siguen Azuay con 9.796 (6,5%); El Oro con 5.964 (4%); Santo Domingo de los Tsáchilas con 5.063 (3,4%); Esmeraldas con 3.946 (2,6%); y Los Ríos con 3.815 (2,5%).

Quito se mantiene como el cantón más afectado por el impacto del virus en el país. En la capital se documentan 43.977 contagios, es decir, el 29,2% del total de casos registrados a escala nacional y el 91,8% de Pichincha. En Quito los casos positivos de coronavirus continúan en ascenso.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.

Jacobo Bucaram Pulley será trasladado a la Cárcel 4 de Quito, por orden del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia que analizó la apelación del habeas corpus solicitado por el procesado, con el voto de mayoría de los jueces Daniella Camacho y Wilman Terán.

La medida fue adoptada para precautelar los derechos conexos del accionante Jacobo Abdalá Bucaram Pulley, hijo del exmandatario Abdalá Bucaram Ortíz, y se dispone que se lo traslade con las seguridades de ley, según la providencia judicial.

La jueza Dilza Muñoz, emitió el voto salvado luego de la audiencia de habeas corpus realizada por varias horas, el sábado 10 de octubre, en la CNJ, en Quito.

La resolución del Tribunal dispone que el Sistema de Rehabilitación Social registre todas las boletas de prisión preventiva dictadas contra Jacobo Bucaram, bajo las prevenciones de los artículo 274 y 282 del Código Orgánico Integral Penal. Los respectivos juzgadores, ante quienes se esté llevando procesos penales contra Bucaram Pulley, deberán ordenar las gestiones en derecho pertinentes y deberán informar cuando estas hayan sido cumplidas cabalmente.

Por secretaría se deberá obtener la información judicial individual correspondiente al referido ciudadano y se tiene que comunicar a todos los juzgadores que conozcan procesos penales en su contra y de su obligación de asegurarse el registro de las respectivas boletas, ante la autoridad responsable de los centros de privación de libertad y específicamente de la Cárcel 4.

La providencia determina que se investiguen las razones de la omisión de registro de la medida cautelar de prisión preventiva, ordenada por Ronald Xavier Guerrero, juez de la Unidad Judicial Penal Norte número 2 de Guayaquil, en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) Sierra Centro Norte Cotopaxi, en Latacunga.

El objetivo es determinar los responsables de esta omisión, desde los funcionarios de la unidad judicial correspondiente, que debían cumplir con la disposición del juez y enviar el despacho correspondiente, hasta los funcionarios del Centro de Rehabilitación Social referido. Este particular será responsabilidad del mismo juez Ronald Xavier Guerrero y del Consejo de la Judicatura, bajo las prevenciones del artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal», advierte la disposición.

En el término de cinco días, los jueces constitucionales de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que indebidamente se declararon incompetentes para conocer la acción de hábeas corpus en este caso, deben remitir el respectivo informe de descargo de conformidad con el artículo 12 del Reglamento para la Regulación de la Declaratoria Jurisdiccional Previa en Casos de Dolo, Manifiesta Negligencia o Error Inexcusable dentro de la Jurisdicción Constitucional.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.

Por el presunto delito de lavado de activos, María Sol Larrea, Marcelo E., Carlos E. y siete personas jurídicas fueron llamadas a juicio.

Tras analizar los elementos presentados durante la audiencia preparatoria de juicio, la Jueza acogió la solicitud de la Fiscalía y dictó auto de llamamiento a juicio.

En su resolución, la Magistrada decidió mantener las medidas cautelares en contra de los procesados y en el caso particular de Larrea a más de la prisión preventiva tiene la prohibición de enajenar bienes y traspasar acciones.

Según la Fiscalía, Larrea junto con su esposo y cuñado (procesados) habrían obtenido contratos por aproximadamente USD 91,1 millones en el período 2008-2018, mientras que ella ocupó altos cargos públicos durante el período 2008-2015.

Larrea fue funcionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y por lo tanto la entidad se convirtió en el principal cliente de las compañías que habían constituido, así como las coordinaciones zonales de Salud y el Ministerio de Salud Pública.

Con esta fachada habrían colocado fondos en el sistema financiero nacional, dinero transferido entre las cuentas de las empresas procesadas, con las cuales se habría simulado la existencia de proveedores y clientes.

Entre 2008 y 2013, Larrea fue directora general del Hospital Carlos Andrade Marín y coordinadora nacional de Gestión de Unidades Médicas del IESS.

De 2013 a 2015 fue asesora de Despacho y coordinadora general de Planificación del Ministerio de Industrias y Productividad.

El artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el delito de lavado de activos de uno a 13 años de prisión, dependiendo de los montos que hayan sido lavados, de si ha existido asociación para delinquir o de si el delito ha sido cometido utilizando empresas, instituciones públicas o dignidades, cargos o empleos públicos.

En este caso, la Procuraduría General del Estado presentó la acusación particular.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.

La Junta Electoral del Guayas negó la inscripción de la candidatura de Daniel Salcedo, quien aspiraba llegar a la Asamblea Nacional, auspiciado por el partido Fuerza Ecuador (FE), liderada por Dalo Bucaram. Ambos son investigados por presunta delincuencia organizada en la compra de insumos médicos.

Los vocales de la Junta decidieron no aceptar la lista inscrita de candidatos por el distrito 1 de Guayas, encabezada por Daniel Salcedo.

La decisión la tomaron porque los nombre presentados no corresponden a la lista designada en las elecciones primarias del partido.

Salcedo cumple una prisión preventiva en la cárcel del Inca por varias investigaciones en su contra. Entre ellas, el supuesto delito de delincuencia organizada en la compra de insumos médicos a hospitales de la seguridad social, durante la pandemia del COVID-19.

En este proceso también está vinculado Dalo Bucaram, líder de FE, así como sus hermanos Jacobo y Michael Bucaram.

El cuerpo colegiado otorgó el plazo de dos días para que la organización política, de considerarlo, subsane el incumplimiento de requisitos.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.

El acuerdo del Ministerio de Cultura 20-0002-A avala el reconocimiento a nivel nacional del tallado de San Antonio de Ibarra como parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) del Ecuador.

El trabajo de la comunidad, que ha mantenido el saber en el tiempo, conservando las técnicas tradicionales que fueron heredadas de la “Escuela Quiteña” y convirtiendo la madera en obras de arte que son reconocidas a nivel nacional e internacional, permitió este reconocimiento, según destaca el comunicado de la secretaría de Estado.

Este jueves 15 de octubre de 2020, desde las 11h00, en el Parque Francisco Calderón de la Parroquia San Antonio de Ibarra, el Ministerio llevará a cabo el acto de entrega a la comunidad del mencionado acuerdo, con la presencia de la ministra Angélica Arias, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), Joaquín Moscoso, la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Catalina Tello, la alcaldesa de Ibarra, Andrea Scacco, representantes de la Universidad Técnica del Norte (UTN), entre otros delegados de instituciones nacionales y locales.

Fue la UTN que lideró la elaboración del expediente técnico que permitió el reconocimiento a esta manifestación cultural del PCI, bajo el acompañamiento técnico del INPC. El proceso de investigación, que tuvo una duración de 18 meses, permitió recoger los testimonios de vida de 120 artistas, además de recopilar datos en torno a todo lo que implica el tallado para San Antonio, parroquia de Ibarra fundada en 1566.

La técnica del tallado de la madera en San Antonio de Ibarra es una manifestación cultural de gran representatividad y vigencia, constituye el legado cultural de todo un pueblo de artistas que han compartido sus conocimientos de generación en generación desde épocas prehispánicas hasta la actualidad, destaca la secretaría del ramo.

La información señala que el arte de crear formas tridimensionales, a través del tallado, es reconocido por las comunidades tanto a nivel local como internacional, resultado de la experticia de artesanos, herederos de saberes propios de la Escuela Quiteña, como son la elaboración de esculturas religiosas producto de la dinámica y sincretismo cultural, expresados en cada creación.

El tallado en madera se ha constituido en la actividad productiva más importante de la parroquia; son múltiples los maestros del tallado cuyas obras han llegado a varios países del mundo, que han elaborado esculturas para exhibirlas en museos, catedrales, iglesias, palacios, lugares públicos y privados.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.