Día: 23 octubre, 2020

Con un certificado en el que se señala que el expresidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Paúl Granda, tenía rango de ministro, el Gobierno le ayudó para que su caso por presunta delincuencia organizada esté a punto de pasar a ser tramitado por la Corte Nacional de Justicia.

El oficio suscrito por la secretaria jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, fue dirigido al juez Ronald Guerrero, que conoce la causa por delincuencia organizada en la que se investigan a 15 personas por la venta irregular de insumos médicos a hospitales de Guayaquil.

La carta de Pesántez se genera luego que, durante la audiencia de vinculación de Granda realizada el pasado 13 de octubre, la defensa del exfuncionario cuestionara la competencia del juez Guerrero dentro de este proceso, ya que aseguró que su defendido goza de fuero de Corte.

Ante el cuestionamiento, el juez decidió solicitar que se oficie a la Presidencia para que esta entregue una certificación en la cual se indique si Paúl Granda mantuvo fuero de Corte Nacional en el cargo de presidente del Directorio del Seguro Social. Esta no es la primera vez que el Gobierno respalda a Granda. En abril, el presidente Lenín Moreno no le aceptó su renuncia.

A su escrito, Pesántez adjuntó un oficio del viceministro de Servicio Público, Ricardo Moya, en el que “ratifica que el delegado del presidente al Consejo Directivo del IESS se encuentra dentro del grado 8 de la escala de nivel jerárquico superior, y por tanto tiene rango de ministro”.

Además, se sumó el del secretario general de Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, en el que se señala que, desde el 24 de mayo del 2017 hasta el 4 de mayo de este año, Granda fue parte del gabinete presidencial como ministro de Obras Públicas, secretario de la Gestión Política, presidente del Consejo Directivo del IESS, y presidente del gabinete sectorial de lo social.

Por lo tanto, Roldán aseveró que Granda mantuvo permanentemente su calidad de ministro de Estado o funcionario con ese rango.

Luego de la audiencia de vinculación que fue suspendida, la fiscal Claudia Romero señaló que Granda no es investigado por sus cargos como ministro y que en el decreto de su designación como presidente del Directorio no se señala que es un cargo ministerial, por lo que para ella no tendría fuero.

Según la Fiscalía, ni la Constitución ni el Código de la Función Judicial señalan que un presidente del Directorio del IESS es un ministro.

Granda fue relacionado con una información en la que se mencionaba que se reunió con Daniel Salcedo, procesado en este caso.

Tras la audiencia de vinculación, el exfuncionario aseguró que nunca se ha reunido con Salcedo.

La respuesta del extitular del IESS se dio porque la Fiscalía, en sus primeras investigaciones mencionó que en el edificio Torres Colón 1, donde Daniel Salcedo tiene una suite se registró en las bitácoras de seguridad el ingreso de Granda.

Dijo que la fiscal Romero no tiene elementos para vincularlo por lo que anticipó acciones legales en su contra y expuso que en una de las fechas en la que supuestamente habría visitado el departamento de Salcedo, él habría estado reunido con el Presidente y mencionó que en la fecha en la que supuestamente aparece su nombre en la bitácora del edificio habría viajado a Cuenca por una emergencia.

Sostuvo que fue presidente del Consejo Directivo del IESS desde el 2019 y que el delito se habría cometido antes del 2018.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.

Por haber dispuesto que se levanten las medidas cautelares que impuso el Banco del Instituto de Seguridad Social (Biess) a las empresas Ecuagran y Delcorp, la Superintendencia de Bancos separó del cargo al director de Liquidaciones, Luis Passailaigue Molina.

Las medidas cautelares eran parte de los procesos coactivos que inició el Biess en contra de las dos empresas, cuyo principal accionista y presidente es Gad Iván Goldstein, que no pagaron lo correspondiente a las inversiones y están involucradas en una supuesta estafa bursátil.

La información, sobre la desvinculación de Passailaigue fue confirmada por Ruth Arregui, titular de la Superintendencia, en la Comisión legislativa de Soberanía, este jueves 22 de octubre del 2020.

El Biess y seis fondos complementarios, administrados por el banco, invirtieron ocho millones 700 mil dólares en Delcorp y Ecuagran.

El funcionario separado dispuso que se revoquen las medidas cautelares, acogiéndose a la disposición transitoria vigésima tercera de la Ley de Apoyo Humanitario, que establece que, durante el estado de excepción y 180 días después del fin de este, quedan suspendidos todos los procesos de coactiva.

Para la superintendenta de Bancos, la disposición de la Ley de Apoyo Humanitario es clara. «Dice que se suspenden los juicios coactivos, pero no habla de que no se pueden iniciar nuevos juicios, porque eso iría en contra o desmedro de los entes del Estado» sostuvo.

Arregui calificó la decisión de Passailaigue de «arbitraria, inconsulta y precipitada», por lo que se tomó la decisión de desvincularlo, debido a que cometió una falta, al enviar una comunicación al Biess disponiendo la revocatoria de las medidas cautelares, pues no estaba en sus competencias hacerlo. «La toma de cualquier decisión sobre ese tema me correspondía a mí, y cualquier decisión debía tomarse luego de un análisis y un informe», sostuvo.

En comparecencia en el Legislativo, el pasado 17 de octubre, el gerente del Biess, Diego Burneo, reprobó la decisión de Passailaigue, porque temía que el dinero se mueva de las cuentas y no se pueda recuperar.

La superintendenta aseguró que, lo que hizo Passailaigue, no derivó en perjuicio para el Estado, porque nunca se puso en práctica la disposición, con lo que no se levantaron las medidas cautelares.

Según el procurador jurídico de las empresas Delcorp y Ecuagran, Luis Cabezas-Klaere, desde el pasado 13 de octubre del 2020 están retenidos los recursos de las cuentas del grupo empresarial. «Nunca nos revocaron la medida. Son USD 60.000 que están en las cuentas y no se pueden mover. Son recursos para pagar a los trabajadores de Ecuagran, que sigue funcionando con 70 empleados», señaló.

Dijo que las empresas solicitaron al Biess que revoque la decisión, pero no han recibido respuesta. Otra medida dispuesta por el Biess es la prohibición de enajenar bienes, apuntó.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.

Catorce de los quince procesados por el presunto delito de peculado en el caso Singue terminaron con la presentación de sus pruebas de descargo, entre testimonios, documentos y pericias, en el octavo día de audiencia de juicio que se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Están involucrados altos funcionarios del Gobierno anterior como el exvicepresidente Jorge Glas, los exministros Carlos Pareja Yannuzzelli, Wilson Pástor, la hija de este último Silvana, entre otros.

El presunto delito, según Fiscalía, se habría cometido al momento de realizar el cálculo de $33.5 por barril de petróleo, para la explotación del bloque durante veinte años, sin tomar en cuenta el 100% de las reservas probadas. Ese hecho habría generado un perjuicio para el Estado de aproximadamente $28 millones.

En 2012, la Secretaría de Hidrocarburos y el consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda., y la firma Gente Oil Development LLC (DCG) suscribieron un contrato de prestación de servicios en el bloque ubicado en la provincia de Sucumbíos.

Silvana Pástor, apoderada general de la compañía Gente Oil Ecuador, empresa concesionaria del campo Singue, en su testimonio, mencionó que no ha crecido su patrimonio, que no hay beneficio personal ni hay perjuicio al Estado. Además que el peritaje de $28 millones es antitécnico y que la tarifa fue conveniente para el Estado. Agregó que sus títulos académicos la acreditan para ocupar el cargo de gerente financiera.

Gustavo Donoso, exsecretario de Hidrocarburos, quien se encargó de suscribir los contratos adjudicados correctamente, en su testimonio sostuvo que la Contraloría inició un examen especial a la renegociación petrolera y no se estableció ninguna observación en un informe general. Agregó que el campo Singue estuvo abandonado 15 años y si un inversionista privado decide invertir era favorable para el Estado.

Jorge Andrade fue parte de la comisión de calificación y evaluación. Mencionó que revisó requisitos y que ello nada tiene que ver con la negociación de tarifas.

César Guerra, propietario y representante de la Compañía Dygoil, consorcio al que inicialmente se adjudicó el campo, no presentó prueba testimonial sino documental, esa fue, un oficio del ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables que detalla los ingresos que percibió el Estado e ingresos de la contratista y su flujo negativo de caja.

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), integrado por los jueces Iván León, Javier de la Cadena y José Layedra, informará la fecha y hora para la reinstalación de la audiencia.

Fuente: El Universo, Diario Bicentenario.

Poca expectativa hay de parte de los sujetos políticos frente al llamado del Consejo Nacional Electoral (CNE) a inscribir auditores para los diferentes procesos que se ejecutarán en la organización de las elecciones generales del 2021.

Para estos comicios están habilitadas a participar 23 organizaciones nacionales y 60 provinciales, y de acuerdo con información previa, apenas seis agrupaciones políticas han inscrito un auditor y su suplente, como lo establece el reglamento de Auditorías a los Procesos Electorales.

El CNE aprobó el 6 de octubre la convocatoria para que las organizaciones políticas inscriban a sus auditores dentro del denominado Plan General de Auditorías. Y uno de los requisitos que deben cumplir y que complica la elección de estos es que deben acreditar “conocimientos y experiencia profesional de por lo menos un año en materias relacionadas con los procesos o sistemas que serán auditados”.

Alfredo Carrasco, directivo del movimiento Concertación que postula candidatos en alianza con el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), dijo que sí inscribirán uno de sus miembros para esta auditoría, pero reconoció que el requisito de la experiencia los ha complicado.

“Siempre estos requisitos generan un nivel de ruido, por eso estamos en ese proceso de escoger un auditor. Estamos viendo quién de los nuestros podría tener esos requisitos, pero me parece que el CNE debería dar un poco más de apertura para participar”, comentó Carrasco.

Alfredo Serrano, director nacional del PSC, indicó que inscribirán un auditor “como siempre lo hemos hecho”, al igual que desde el partido SUMA y el movimiento Ecuatoriano Unido.

El Partido Sociedad Patriótica (PSP) no inscribirá un representante. “Hemos estado en los procesos anteriores participando en estas auditorías, y son todo menos auditorías. Son auditorías guiadas en donde les dicen ‘audíteme esto, no me tope esto, audíteme allá’, y eso no es auditoría. Dicen que harán auditorías, y vamos a estar atentos a cómo las hacen y sus resultados”, cuestionó Gilmar Gutiérrez, director nacional del PSP.

No obstante, sí están trabajando en hacer control electoral. “Necesitamos tener 40.000 personas para hacer el control en cada Junta Receptora del Voto. Luego esos resultados que tengamos de ese control lo contrastaremos. Lo complejo es poder contar con el personal, pero estamos trabajando en eso”, indicó el directivo político.

El cronograma aprobado por el Consejo establecía que la convocatoria a la postulación de auditores estaría abierta desde el 6 de octubre, hasta cinco días después. Incluso, se señaló que el próximo miércoles se realizaría un taller de capacitación de 10:00 a 14:00 para los auditores, pero estos plazos podrían ampliarse para recibir a más postulantes.

Son cuatro áreas y 24 ítems en las que los auditores podrán realizar su actividad, como son la Dirección Nacional de Registro Electoral, de Organizaciones Políticas, de Logística, y de Procesos Electorales.

Esta última área es la que genera interés, pues se trata de la última fase de las votaciones como la integración de los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV), Sistema de Integración, Implementación, y Funcionamiento del Sistema Electoral, de Transmisión y Publicación de Actas y Resultados (Setpar), el escrutinio y embalaje en las JRV, y el voto en casa.

El reglamento de auditorías determina que como parte de las funciones de los auditores deberán presentar un informe de “hallazgos” a cada sistema operativo electoral que se vaya observando, y terminarán sus funciones por causales como la renuncia, porque se terminó el Plan General de Auditorías, porque el pleno del CNE demuestre incumplimiento de la normativa legal.

También se incluyó un artículo de terminación por “arrogación de funciones”, que se dará si un auditor “obstruye, entorpece, manipula o impide el desarrollo de las actividades electorales, por publicar información de carácter personal de terceros, por la sustracción, posesión y publicación de material electoral”. 

Fuente: El Universo, Diario Bicentenario.