Clima Social es la segunda empresa autorizada por el CNE para realizar pronósticos electorales

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la inscripción de la empresa Clima Social Estudios y Asesoramiento S.A. para realizar pronósticos electorales en los comicios de 2021.

La decisión se adoptó luego de examinar que la solicitud cumpla con todos los requisitos legales y reglamentarios. El organismo analizó el artículo 206 del Código de la Democracia, que determina que las empresas que realicen pronósticos electorales, para ejercer su actividad, deberán inscribirse previamente en el CNE y sujetarse a las normas que este expida.

A su vez, el artículo 4 del reglamento sobre Personas Naturales o Jurídicas que Realicen Pronósticos Electorales, señala que las empresas que deseen realizar esta actividad deberán presentar una solicitud de inscripción, hasta treinta días plazo antes del día de la elección, ante el órgano electoral.

Con este antecedente, el Pleno del CNE verificó que Clima Social cumplió con los requisitos de inscripción como: formulario, documentos que justifiquen que la persona tiene experiencia en áreas de investigación social, mercadeo político, opinión pública, o, afines; y, el listado de profesionales que trabajará con el personal de encuestadores, acompañado de la documentación que acredite su experiencia y formación académica en las áreas de investigación social, mercadeo u opinión pública, entre otros.

En un comunicado, el CNE informó que esta es la segunda empresa inscrita para realizar pronósticos electorales. La primera en ser aprobada fue Centroinvest Cía. Ltda.

En su página web, Clima Social acredita tener más de 30 años de experiencia en el desarrollo social y de política pública como una firma de consultoría e investigación social.

Sobre su trayectoria señala que han realizado censos, estudios, encuestas, evaluaciones y brindado asesoramiento para iniciativas ciudadanas, organizaciones, gobiernos nacionales y locales, así como para organismos legislativos y judiciales.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.

Ministra María Romo y Comandante Patricio Carrillo deberán comparecer por supuesta persecución a Ola Bini

El abogado de Ola Bini, Carlos Soria, informó que el próximo viernes 30 de octubre, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el comandante de la Policía, Patricio Carrillo, han sido llamados a comparecer ante la casa de Justicia de Carcelén sobre el pedido de Habeas Data que pidió su defendido, tras ser víctima de persecuciones desde abril del 2019.

El jurista recordó no existe una acción judicial que ampare el seguimiento que están haciendo miembros de la Policía Nacional a Bini: “Es una acción constitucional  que no puede ser telemática”.

Destacó que en dicha audiencia las autoridades deberán responder sobre el seguimiento con patrullas al ciudadano sueco y hasta con drones: “Incluso las intenciones de interceptar sus comunicaciones”.

“Es sorprendente como Ola va al supermaxi y tiene una cuadrilla de policías detrás tomándole fotos y haciendo videos”, agregó.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.

Policía sigue proceso administrativo en contra del general David Proaño por presuntas irregularidades en Isspol

La Dirección Nacional de Administración del Talento Humano de la Policía Nacional suspendió al exdirector del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), general David Proaño Silva, como parte del proceso administrativo que se le inició por presuntas irregularidades en inversiones del Seguro.

La disposición fue tomada el 22 de octubre y en ella se pidió que Proaño se presente un día después en razón del sumario administrativo abierto en su contra.

También se le comunica que, de acuerdo al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), mientras dure la suspensión el servidor policial no podrá hacer uso de uniforme, cargo, función y mando policial, así como de armas y bienes institucionales.

Proaño fue director del Isspol por cuatro años, hasta 2019 y es señalado por el Gobierno como un actor fundamental dentro del escándalo que compromete USD 532 millones en inversiones que hizo el Seguro mediante dos operaciones repo y swap, y que ahora se buscan recuperar.

El Ministerio de Gobierno ha señalado que Proaño a más de ser director se encargaba de las inversiones y que tenía poder para decidir sin siquiera consultar con el Directorio.

El Gobierno ha anunciado que no dará por perdido ni un solo dólar del Isspol y para ello solicitará a la Superintendencia de Compañías la liquidación del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale) por todas las supuestas irregularidades cometidas alrededor de las inversiones ejecutadas.

El Instituto, además, demanda que el Decevale responda por todos los montos que fueron negociados sin firma de responsabilidad. Es decir, que no fueron autorizados.

En una rueda de prensa realizada el pasado 21 de octubre y en la que participaron la ministra Romo; el comandante de la Policía Nacional, Patricio Carrillo; y Jorge Villaroel, director del Isspol, se conoció que la entidad está tratando de recuperar unos USD 800 millones que fueron invertidos en cuestionadas operaciones financieras.

Según la ministra, el Decevale es -de acuerdo a la Ley de Mercado de Valores- el “responsable de todo lo que suceda, porque ese es su papel como custodio”.

Pero Decevale manifestaría no tener en su custodia los valores del Isspol debido a que cedió ese poder a un tercero en el extranjero que sería ICS (Institutional Custody Services LLC), domiciliado en Florida-Estados Unidos, y que está en proceso de liquidación.

Romo estimó que con la posible desaparición del Decevale, sus responsabilidades -entre ellas la custodia de los valores del mercado- podrían pasar al Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores del Banco Central (DCV-BC), pero todo dependería de la decisión que adopte la Superintendencia de Compañías.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.

Excanciller José Valencia denunciado por ascensos de embajadores “a dedo”

La gestión de José Valencia como canciller, entre el 13 de junio de 2018 y el 08 de julio de 2020, generó malestar entre los diplomáticos de carrera, por la forma no transparente con la que promovió los ascensos de personal.

Valencia, hombre de confianza del presidente Lenin Moreno, ascendió a 18 ministros consejeros al rango de embajadores durante los dos años de su administración, sin que se cumpla, según denuncias, un debido proceso de evaluación de méritos y deméritos de sus hojas de vida.

Contrariamente se marginó a funcionarios con altos méritos y más de 25 años de servicio en misiones diplomáticas en el exterior.

A fines de 2018 fueron promovidos como embajadores Santiago Chávez Pareja, Christian Espinosa Cañizares, Juan Pablo Valdivieso, José Rosenberg Guerrero, Luis Valencia Moreno, Ruth Dueñas Montero, Doris Melo Jácome y Guillermo Lara Calderón.

Mientras que el diciembre de 2019, Valencia ascendió a Isabel Albornoz, Carlos Velasteguí, Juan Carlos Castrillón, Santiago Martínez, Leopoldo Rovayo, Jenny Lalama, Miriam Esparza y Alba Coello.

Ambos procesos fueron cuestionados entre los funcionarios de carrera. Denys Toscano fue uno de los diplomáticos que elevó su voz de protesta por considerar que “no ha imperado la objetividad, sino el libre arbitrio de la autoridad”.

Toscano, quien cuenta con una carrera de 26 años de servicio, un doctorado en Jurisprudencia y habla 5 idiomas, remitió comunicaciones al canciller Valencia para expresarle su malestar y solicitar explicaciones.

Asegura que algunos de los ascendidos no cumplen con el requisito de idiomas y que no estarían en capacidad de dirigir una embajada. Y añade que “se privilegia a un grupo de coyuntura favorable a los altos mandos”.

Otro caso fue el de Elizabeth Moreano, quien lleva una carrera de 27 años en el servicio exterior. Solicitó al canciller información sobre el proceso de selección de finales de 2018, pero no recibió respuesta, por lo que el 14 de agosto de 2019 presentó ante un tribunal una acción de acceso a la información pública.

En junio de 2019 el tribunal falló a favor de Moreano y dispuso a la Cancillería que entregue la información solicitada por la funcionaria.

El dictamen fue apelado y llegó a casación, pero en esa instancia se ratificó la decisión favorable para la diplomática. Pese a ello, José Valencia no acató el fallo del tribunal.

El 16 de octubre de 2020, la Unidad Judicial Penal, con sede en Quitumbe, notificó a la Fiscalía para que inicie una investigación en contra de Valencia por el cometimiento del presunto delito de incumplimiento a decisiones legítimas de autoridad competente.

Pese a ello, el jefe de la diplomacia ecuatoriana dejó el cargo a inicios de julio sin acatar una decisión de un juez competente. Fue su sucesor, el canciller Luis Gallegos, quien dio cumplimiento a la orden judicial y entregó la información requerida por Elizabeth Moreano.

El pasado 16 de octubre, el tribunal aceptó que la Cancillería acató el fallo, con lo que cerrará el proceso en contra de Valencia.

El excanciller, quien en su momento defendió la designación de una de las hijas del presidente Moreno, como consejera de la Misión del Ecuador ante la ONU, en Nueva York, fue designado el pasado 18 de julio como embajador ante la Organización Mundial de Comercio, OMC, con sede en Ginebra.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.