El jueves 29 de octubre de 2020, la Corte Constitucional del Ecuador, en sesión ordinaria, emitió la sentencia dentro de los casos que incorporaron la compra de renuncias con carácter obligatorio en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público.
La Corte declaró la inconstitucionalidad de la frase «obligatoria» que consta el decreto ejecutivo 813 emitido en el 2011, durante el gobierno de Rafael Correa, y que dio paso a la denominada «compra de renuncias obligatorias».
La institución analizó la normativa y encontró que contraviene los derechos a la seguridad jurídica y al trabajo.
En tal virtud, declaró la inconstitucionalidad de las frases que «la aplicación de dicha figura es obligatoria para las y los servidores públicos».
La sentencia se aprobó el miércoles 28 de octubre, con el voto afirmativo de los nueve jueces constitucionales: Karla Andrade Quevedo, Ramiro Avila Santamaría, Carmen Corral Ponce, Agustín Grijalva Jiménez, Enrique Herrería Bonnet, Alí Lozada Prado, Teresa Nuques Martínez, Daniela Salazar Marín y Hernán Salgado Pesantes.https://platform.twitter.com/embed/index.html?creatorScreenName=pichinchauniver&dnt=true&embedId=twitter-widget-1&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1321885485833342977&lang=es&origin=http%3A%2F%2Fwww.pichinchacomunicaciones.com.ec%2Fcorte-constitucional-se-pronuncia-sobre-las-contravenciones-a-los-derechos-la-seguridad-juridica-y-laboral-de-los-servidores-publicos%2F&siteScreenName=pichinchauniver&theme=light&widgetsVersion=ed20a2b%3A1601588405575&width=550px
Esta sentencia se aplicará como «regla general» a «futuro», esto porque en «el transcurso del tiempo desde que rige esta medida se han consolidado situaciones jurídicas en las instituciones que emplearon (esta figura) y también en los propios servidores, por lo que, una aplicación retroactiva como lo pretenden los accionantes podría no ser viable al haberse implementado una serie de cambios de toda índole en la administración pública; en consecuencia, a partir de la emisión de esta decisión, se expulsará del ordenamiento jurídico la figura de la compra de renuncia con indemnización de forma obligatoria».
La declaratoria de inconstitucionalidad rige a partir de la publicación del fallo en el Registro Oficial, a partir de ahora no existe fundamento alguno para continuar aplicando la condición de reintegro de los valores pagados a los servidores y servidoras que fueron cesados en sus funciones por la aplicación obligatoria de la compra de renuncias con indemnización.
Y también «no corresponde que se mantenga el impedimento para reingresar al sector público en la base de datos del Ministerio de Trabajo a aquellas personas a quienes obligatoriamente se les aplicó esta figura».
En este sentido, la Corte Constitucional incluyó un artículo innumerado en la Ley de Servicio Público que regula la compra de renuncias, que en adelante se denominará «cesación de funciones por compra de renuncias con indemnización».
Fuente: pichincha Universal, Diario Bicentenario.
