Titular de la Senescyt admitió ajuste presupuestario en universidades emblemáticas

Ante los integrantes de la Comisión de Educación, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), Agustín Albán, aceptó que hubo ajuste presupuestario en las Universidades Ikiam, Yachay Tech, UNAE y Uniartes, pero justificó que se debe a la caída de ingresos fiscales, que afecta de manera directa en la liquidez de la caja fiscal.

Según Albán, en Yachay se redujo 1.7 millones de dólares, Uniartes 1.6 millones de dólares, Unae 1.1 millones de dólares e Ikiam, un millón de dólares, cuyos presupuestos en gasto corriente se encuentran financiados con recursos fiscales.

Una vez que las universidades emblemáticas cumplan el proceso de institucionalización, se establecerán mecanismos adecuados para que participen de la administración de recursos, tomando en cuenta lo que determina el artículo 24 de la Ley Orgánica de Educación Superior, anunció.

Los asambleístas plantearon algunas interrogantes a Albán, entre ellas, cuál va a ser el destino de las universidades Ikiam, Yachay, Unae y Uniartes, si no alcanzan a finalizar su proceso de institucionalización; si van a ser intervenidas por el Consejo de Educación Superior; la necesidad de buscar alternativas frente al recorte presupuestario.

El titular de la Senescyt respondió que se puede intervenir a las universidades en caso de que se queden acéfalas y las comisiones gestoras se hayan extinguido; es decir, no se cumplió el proceso para su institucionalización. El objetivo central es garantizar su funcionamiento, aseguró.

Sobre las denuncias respecto al manejo de becas, Albán indicó que en agosto de 2020 la Senescyt asumió la gestión y administración de las becas del extinto Instituto al Fomento de Talento Humano. Reconoció que, debido a la pandemia mundial y la crisis económica originada por esta, recién durante este mes recibió los recursos para realizar los desembolsos a las personas becarias.

Señaló que se han realizado pagos a becarios por 41.6 millones de dólares, durante 2020, a 9.291 becarios nacionales e internacionales, quedando un saldo pendiente de 41.7 millones de dólares por ejecutar. Precisó que los reclamos de los becarios se atienden por canales oficiales de la institución.

En cuanto a la reinserción laboral, indicó que existe una plataforma ensamble que sirve de enlace entre los becarios retornados y el sector público y privado. Permite a las empresas disponer de las hojas de vida para cubrir sus vacantes y a los becarios revisar las ofertas laborales.

Con el fin de ahondar en el tema, la comisión legislativa escuchó a Diana Medina, Juan Peralta, Diego Moya, representantes de la Asociación de Becarios (Abrec), quienes reclamaron que alrededor de 760 personas aún no han recibido sus pagos, las plataformas de trabajo son inoperativas, 21 estudiantes se graduaron y no han podido liquidar sus becas y que los datos expuestos por Albán son imprecisos.

Este funcionario contestó que se debe hacer un análisis profundo del costo-beneficio de las becas. El Estado invirtió 1.200 millones de dólares para capacitar a los futuros profesionales. El objetivo es insertarlos al mercado laboral, pero no se ha logrado a plenitud, por lo que habrá que hacer un estudio para corregir este particular.

Otro asunto de análisis fue el examen para el acceso a la educación superior, sobre el que Albán mencionó que para este proceso se inscribieron 188.944 personas, a nivel nacional. Dijo que no es verdad que se redujo 7 mil cupos de acceso a la educación superior, más bien existe un incremento del 14 % en relación con el período anterior; lo que significa 14.176 cupos más.

Explicó que el año pasado se cambió la ponderación del examen versus el récord académico. Con la implementación de este mecanismo, el 40 % corresponde al récord académico y el 60 % al examen de acceso. El 65 % de jóvenes tuvieron acceso a la educación superior.

Según Albán, el examen digital permite mayor seguridad, tomando en cuenta que hay una serie de candados que impiden al alumno cometer algunas irregularidades en las pruebas.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.

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