Médicos posgradistas demandarán ante Corte Constitucional aplicación de Ley Humanitaria, sin exclusiones

Debido a que continúan los problemas, los posgradistas alistan medidas judiciales frente al silencio de las autoridades que incumplen la Ley de Apoyo Humanitario, según la información colgada en el portal Edición Médica.

Ni el Ministerio de Salud Pública (MSP) ni el IESS han sido claros en la aplicación de la norma.

Diego Idrovo, abogado de la Asociación de Médicos Posgradistas anunció que la próxima semana demandarán ante la Corte Constitucional la aplicación de la Ley sin ninguna exclusión. También deja claro que esta petición tiene preferencia en el tiempo de tratamiento.

Parecía que todo marchaba viento en popa cuando, el pasado 6 de noviembre, un médico posgradista autofinanciado firmó el primer contrato de servicios ocasionales de SP7, en cumplimiento a la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, pero la complacencia se ha esfumado casi al instante y actualmente existe gran incomodidad ante el prolongado silencio de las autoridades por algunas inconsistencias, señala la publicación.

Varios miembros de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas (ASEMP) han rechazado “la poca voluntad de las autoridades para hacer bien las cosas”.

“Este grupo de profesionales ahora se enfrenta a una nueva odisea, las autoridades del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) están manejando el proceso con “total informalidad” e interpretando ambiguamente las normativas, causando que, de manera arbitraria, se excluya de la Ley Humanitaria a muchos médicos posgradistas autofinanciados y devengantes, han asegurado.

Esto sin duda atenta contra los derechos y la formación de estos profesionales, ha denunciado la ASEMP, además de que la realidad es que pocos han firmado contratos, aseguran Santiago ZúñigaPablo Arévalo, Mónica Idrovo y Karla Calle, miembros del gremio.

En la entrevista se han mostrado preocupados e indignados por la toma de decisiones de forma “antojadiza” respecto a convenios, rotaciones estancadas y la misma naturaleza del posgrado, lo cual demuestra la “negligencia y arbitrariedad” con que actúan las autoridades del MSP y del IESS.

Santiago Zúñiga, presidente de la ASEMP, ha indicado que no existe voluntad política por parte del MSP e IESS para que se cumpla la ley. Sus acciones “se van en contra de la ley y el reglamento… Se buscan acciones que perjudican a la gente, estas autoridades no se dan cuenta el daño que están haciendo a cientos de familias enteras”.

“Algunas personas han firmado un contrato, pero la ley no establece solo que se beneficie a algunas personas. Establece el reconocimiento a todo médico de posgrado de este país”, que son aproximadamente 3.500, ha enfatizado Zúñiga.

Lastimosamente, al momento el MSP apenas han aprobado 354 partidas, de las cuales se han firmado cerca del 70 por ciento. El resto de posgradistas, becados y autofinanciados, todavía esperan el llamado en incertidumbre, pues las autoridades han optado por guardar silencio al respecto. “A la fecha seguimos a la espera de ver que esto se cumpla en alguna parte, en algún momento, cuándo estas autoridades se dignen en responder o cuándo los procesos terminen de ser analizados”, ha expresado el titular de la ASEMP.

Por su parte, Pablo Arévalo ha detallado, por ejemplo, que nadie conoce cómo el MSP ha escogido las primeras carpetas para firmar contratos, mientras muchos posgradistas han quedado relegados. Es el caso de Dermatología, a quienes se les ha señalado que por no estar en la primera línea de atención durante la emergencia sanitaria no serán tomados en cuenta.

“La Ley no habla de primera línea sino de posgradistas” ha reclamado Arévalo, para quien la situación “ya parece una rencilla personal contra nosotros. Realmente las autoridades no nos están tomando en cuenta”, ha comentado.

Karla Calle, vicepresidente de la ASEMP ha asegurado que ninguno de los 1.700 posgradistas becados tiene respuesta segura sobre la aplicación de la ley en sus casos, e incluso el IESS les ha anticipado que no está de acuerdo con todo lo estipulado en la norma.

Mónica Idrovo también ha rechazado que varios programas de estudio están presentando problemas, “y es una preocupación adicional” que, a toda la carga de trabajo cotidiano, la posibilidad de contagiarse de CoVID19, la remuneración, “ahora no tengamos una educación de calidad” y continuidad en las rotaciones”, reseña la publicación.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.

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