Justicia Social pide al TCE que sancione hasta con la destitución a cuatro consejeros del CNE

El movimiento Justicia Social, que auspicia la postulación del empresario Álvaro Noboa a la Presidencia de la República, solicitó al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que sancione hasta con la destitución a cuatro de los cinco consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En calidad de director ejecutivo nacional encargado del movimiento Justicia Social, Jimmy Salazar, denunció bajo la figura de haber cometido una infracción electoral muy grave a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y a los consejeros Enrique Pita, José Cabrera, y Luis Verdesoto.

En su escrito, Salazar hizo alusión a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, así como al Código de la Democracia y solicitó que se imponga una multa equivalente a setenta salarios básicos unificados; la destitución; y la suspensión de los derechos políticos por cuatro años.

A estos pedidos efectuados por la Lista 11 se sumó el hecho que se remita a la Fiscalía el expediente completo de la causa para que se investigue la conducta de los referidos consejeros.

Justicia Social no incluyó en su demanda a la consejera Eshela Acero. Esto debido a que en noviembre Acero se abstuvo de votar en una primera resolución que habilitaba plazos para que se proceda con el trámite para escoger candidatos para las elecciones generales de 2021.

El pasado lunes, el CNE en lugar de dar una respuesta sobre la candidatura de Noboa y al considerar que se cumplió con la resolución del TCE que pedía que se permita a Justicia Social continuar con el proceso electoral en igualdad de condiciones decidió tramitar una demanda de conflicto de competencias ante la Corte Constitucional.

Esta postura del CNE provocó la reacción del presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, que dispuso que al interior del organismo que dirige se conozca la resolución del Consejo.

Aunque anticipó que esa decisión no resuelve nada sobre el cumplimiento de la sentencia de esa causa, por lo que no descartan acciones no solo en el ámbito electoral, sino penal ante la inobservancia de las disposiciones contenidas en la sentencia.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.

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