Por incumplimiento de funciones, Revolución Ciudadana presenta juicio político en contra de ministro de Trabajo

La bancada de la Revolución Ciudadana informó, este lunes 21 de diciembre, que ha presentado, ante la Asamblea Nacional, un juicio político en contra del ministro de Trabajo, Andrés Isch, por la causal de incumplimiento de funciones.

A través de una rueda de prensa virtual, la asambleísta Marcela Holguín explicó que este pedido está respaldado por los 28 legisladores que conforman la bancada, así como de los asambleístas independientes: Rodrigo Collaguazo, Carlos Bergmann, Roberto Gómez, Lourdes Cuesta, Ángel Simaleza; Lenín Plaza (AP); Silvia Vera (CREO); y Henry Cucalón (PSC).

La razón principal por la que iniciaron este proceso, señalaron, se debe a que el ministro «no ha cumplido su trabajo», al no garantizar el derecho de los trabajadores, así como la emisión del acuerdo 133 de la Ley Humanitaria, relacionado a la reducción de la jornada de trabajo.

«El ministro interpreta el artículo 20 de la mal llamada Ley Humanitaria, cuando esto es facultad exclusiva de los asambleístas. Nosotros habíamos dejado claramente que se aplique el caso fortuito de fuerza mayor, en el cierre total y definitivo de una empresa», explicó Holguín.

La legisladora agregó que esta mal interpretación, por parte de Isch, ha generado más despidos en el Ecuador. «Hasta ahora, el país tiene un millón de personas desempleadas», enfatizó.

Por su parte, la asambleísta Marcela Aguiñaga indicó que el ministro debe ser enjuiciado políticamente y destituido por no haber precautelado los derechos de los trabajadores de todo el país, «por burlarse de la Asamblea y por incumplir con funciones».

Explicó que el juicio político se sustenta en causales como la privación de garantías legales y constitucionales a los trabajadores de Explocen; atribuirse funciones que no le corresponden al expedir el acuerdo ministerial 113 relacionado a la reducción de la jornada laboral; la no protección de las personas en condición de vulnerabilidad; incumplimiento de acceso a la información pública; y por no registrar la prohibición de ejercer el cargo público tras la destitución y censura de la exministra de Gobierno, María Paula Romo.

Los legisladores señalaron que permanecerán vigilantes, para que el juicio político sea calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y que en el plazo de 18 días pase a la Comisión de Fiscalización.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.

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