Tres funcionarios del GAD parroquial Manuel de Jesús Calle fueron sentenciados por peculado

El Tribunal Segundo de Garantías Penales de Cañar sentenció a 10 años de privación de libertad a Luis Eduardo M., Laura Lissette M. y Ángelo Mauricio Z. como autores del delito de peculado cometido en el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de la parroquia Manuel de Jesús Calle, cantón La Troncal, en Cañar.

Como parte de la sentencia, el Tribunal ordenó el pago de una multa de cuarenta salarios básicos y la publicación de disculpas públicas en un medio de comunicación de circulación provincial.

Además, como reparación integral al Estado, los sentenciados deberán cancelar los montos que fueron utilizados para cometer el delito.

A Luis Eduardo M. le corresponden USD 5.729; a Laura Lissette M., USD 4.405; y a Ángelo Mauricio Z. USD 9.920.

La fiscal del caso, Jenny Llivisaca, informó que los ya sentenciados fueron investigados, luego de que la Contraloría General del Estado enviara a la Fiscalía un informe con indicios de responsabilidad penal, realizado al período enero 2015 – septiembre 2017, en el que se detectó que desde la cuenta del GAD Parroquial se hicieron varias transferencias de dinero a cinco cuentas que pertenecen a Luis Eduardo M., Laura Lissette M. y Ángelo Mauricio Z.

La Fiscalía determinó que las transferencias por un valor de USD 56.709 se efectuaron con la autorización del entonces presidente del GAD parroquial, Luis Eduardo M., y de la secretaria-tesorera, Laura Lissette M.; mientras que Ángelo Mauricio Z. laboraba como conductor.

De este monto, los sentenciados no lograron justificar USD 20.055, lo que representó un perjuicio económico al Estado.

Según la investigación, los sentenciados trataron de justificar varias transferencias con facturas que fueron robadas y otras que se encontraban inhabilitadas.

Con estas evidencias, la Fiscalía demostró que el Gobierno Parroquial no recibió ninguno de los servicios que prestaban los locales comerciales a los que pertenecían las facturas presentadas por los ahora sentenciados.

A esto se sumó un informe del Banco Central del Ecuador, en el que se detallan las transferencias desde la cuenta del GAD Parroquial, así como se presentaron el detalle de las cuentas de los ahora sentenciados y una pericia contable.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.

Allanan la Secretaría de Salud del Municipio de Quito por adquisición de pruebas COVID-19

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó del allanamiento a las oficinas de las Secretaría de Salud del Municipio de Quito, este viernes 29 de enero de 2021. La investigación es por presuntas irregularidades en la adquisición de pruebas COVID-19.

La Fiscalía accedió, manera reservada, a información que incriminaría a funcionarios de esta entidad en el caso investigado.

De acuerdo a la información preliminar, trabajadores de la Secretaría de Salud habrían ocultado documentación con información técnica sobre presuntas irregularidades en la adquisición de pruebas para detectar el COVID-19.

La Fiscalía no dio más detalles y publicó únicamente un documento, en el que se explica que las pruebas adquiridas no tendrían el 99-100% de sensibilidad, declarado por el proveedor al momento del contrato.

En julio de 2020, la Universidad de las Américas (UDLA) publicó un informe, que señalaba que la sensibilidad de esos tests es baja y arroja un número importante de falsos negativos. Días después, el Municipio publicó el informe oficial de KTC- Korea Testing Certificación, que ratifica la validez de las pruebas adquiridas por la Secretaría de Salud para la detección y diagnóstico de las personas portadoras de Covid-19.

No es la primera vez que allanan estas oficinas. En mayo pasado realizaron un allanamiento por un presunto sobreprecio en la adquisición de estas pruebas. Hubo cuatro allanamientos: en el Municipio de Quito, la Dirección de Salud, la casa del Secretario de Salud y la empresa proveedora.

En ese entonces, Lenín Mantilla era el secretario de Salud de Quito, pero fue separado de su cargo y ahora tiene una orden de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de peculado.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.

Impresión de papeletas para parlamentarios andinos está estancada por recurso presentado por Justicia Social

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, indicó que se espera una notificación oficial del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para tomar una decisión, en las próximas horas, respecto a la elección de dignidades para el Parlamento Andino.

La situación se agrava ante un nuevo recurso interpuesto por el movimiento político Justicia Social, por lo que debido al tiempo que se acorta para los comicios del 7 de febrero esta situación podría ser declarada como “fuerza mayor”, según la recomendación de la Procuraduría General del Estado. Así, la elección de parlamentarios andinos se realizaría en otra fecha.

Aunque Atamaint, no afirmó aún que eso sucedería, dijo que el dictamen del Procurador les permite esa posibilidad jurídica.

Expresó que si bien los tiempos están ajustados el CNE intenta llegar a las elecciones con todas las dignidades.

Enrique Pita, vicepresidente del organismo electoral, comentó que la noche de este jueves 28 de enero, Justicia Social volvió a presentar otra acción ante el TCE, lo que complica la impresión de las papeletas para el Parlamento Andino.

Dejó entrever que el mejor camino será declarar la “fuerza mayor” que está contemplada en el Código Civil, por lo que las solicitudes de anular el proceso electoral no tendrían cabida.  Y sostuvo que máximo en 24 horas se tendrá una respuesta.

Mientras, el consejero del CNE, José Cabrera, aseveró que es imposible que se impriman las papeletas para la primera vuelta electoral y que el Pleno definirá cuándo se efectuará esa elección.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.

Corte Constitucional niega solicitud de consulta popular presentada por Jaime Nebot

Con voto mayoritario el Pleno de la Corte Constitucional negó el pedido del exalcalde de Guayaquil Jaime Nebot y otras organizaciones de la sociedad civil, para que se realice una consulta popular que pretendía reformar 43 artículos e incluir 20 artículos en 20 cuerpos normativos distintos.

La Corte resolvió esta solicitud el pasado miércoles 27 de enero, bajo el argumento de que la encuesta no se adecúa a la Constitución, ni cumple con los parámetros de control previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

Determinó que la propuesta de plebiscito abarcaba hasta 12 reformas legales en una sola pregunta, lo cual “impide que el elector pueda manifestar su elección sobre cada una de las reformas legales de forma independiente”.

En su comunicado, explicó que «los comparecientes tienen el derecho de presentar futuras peticiones de consulta popular observando los parámetros desarrollados a lo largo del presente dictamen».

🔴 #ÚltimaHora | @CorteConstEcu emitió dictamen de constitucionalidad de la propuesta de consulta popular. pic.twitter.com/M4TwdmI3B3

— Pichincha Al Minuto ⚠️ (@MinutoPichincha) January 29, 2021

Esta petición de consulta hecha por el líder del Partido Social Cristiano contenía 14 preguntas pretendía reformar artículos de los siguientes cuerpos normativos:

Código Orgánico Integral Penal; Código Orgánico Monetario y Financiero; Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuacultura y Pesca; Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura; Ley Orgánica de la Soberanía Alimentaria; Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuaria; Ley de Fomento Artesanal; Ley de Defensa del Artesano; Ley Orgánica de Fomento Agropecuario; Ley de Seguridad Social; Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas; Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional; Código Orgánico del Ambiente; Ley de Minería; Ley de Hidrocarburos; Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Ley de Régimen Tributario Interno; Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.

Como abuso del poder calificó exministra de Salud a la decisión de Juan Carlos Zevallos de beneficiar a su familia de las vacunas

Carina Vance, exministra de salud, calificó como un abuso de poder la decisión de Juan Carlos Zevallos de vacunar a su familia contra el Covid-19 y recordó que el uso de bienes públicos para beneficio propio es peculado.

 “Nadie le dice al ministro que no incluya a su madre en el proceso de vacunación, obviamente tiene que hacerlo como ecuatoriana que es, pero no puede priorizarse y saltarse los procesos antes de los funcionarios que necesitan de la vacuna tanto en el sector público y privado que están trabajando en primera línea atendiendo pacientes con Covid-19”.

Además indicó que el lugar donde se vacuno a los familiares del Ministro de Salud no es geriátrico ni unidad de salud, sino un condominio de lujo: “Se aprovechó de su situación como funcionario de alto rango para favorecer a su familia sobre el resto de la población”.

Sostuvo que cuando fue titular de la cartera de Salud, sin estar en esta situación compleja, tuvo familiares que hicieron la rural y jamás se valió del cargo que ocupaba para pedir que les cambien de sector: “Ni siquiera supe donde les pusieron porque tiene que haber ética”.

Cuestionó que al país solo hayan llegado 8.000 vacunas para apenas 4.000 ecuatorianos y bajo condiciones que no benefician al país puesto que si las dosis no son efectivas el Estado no tiene forma de salirse del contrato: “Ese es el riegos que corre el país y sería bueno que tengamos un Gobierno que defienda los intereses del país, hubiese sido bueno estar en Unasur peleando a nivel internacional porque estas cláusulas se incluyan en los contratos”.

Vance se preguntó porque el régimen de Lenín Moreno no realizó negociaciones con otras casas farmaceúticas como en Argentina, China, Rusia: “Hay fallas en todo el proceso y lo peor es que por boca del ministro estos no son errores”.

En ese contexto también lamentó el sesgo ideológico con el que se ha manejado el Gobierno pues precisamente en el año de la pandemia redujo en un 10% el presupuesto en salud, a la par de desvincular al personal de la salud.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.

Gobierno busca crear un marco legal que provocaría un nuevo salvataje bancario, según Pedro Páez

Pedro Páez, experto económico y docente universitario, criticó que aprovechándose de la campaña electoral y la pandemia, el Gobierno de Lenín Moreno a través de su ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, quiera entregar el Banco Central a manos privadas.

Recordó que en los años 90, la Constitución permitía que la administración del BCE sea manejada por la banca privada y ello provocó la crisis de 1999: “No es casual que al mismo tiempo haya una cantidad de intelectuales que llamen por regresar a la Constitución de 1998 que permitió el brutal salvataje bancario”.

Páez aseveró que todo esto, se esté fraguando precisamente en un momento en el que los ecuatorianos están siendo desempleados, enfrentando una crisis sanitaria que les ha dejado con menos oportunidades, mientras la banca sigue registrando altos niveles de ganancias, mismas que no se quedan en el país sino que las sacan para adquirir bancos en la Florida: “Estamos a tiempo de evitar un pánico bancario si evitamos el mismo marco jurídico del 98”.

Con esa base manifestó la necesidad de que el país se pregunte qué están haciendo las autoridades para evitar que se vuelvan a repetir los dolorosos acontecimientos que provocó la migración de al menos tres millones de personas: “Las mismas trincas que lucraron de la crisis financiera, de la dolarización, ahora quieren hacer explotar la dolarización”.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.

Justicia Social fue usado para alterar el proceso electoral, según Carlos Aguinaga

Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), consideró que el movimiento Justicia Social fue usado políticamente para alterar el proceso electoral a través de sus continuas impugnaciones.

Detalló que esta es la primera vez que la elección de determinadas autoridades de traslada para una segunda vuelta, por lo que el Consejo Nacional Electoral deberá sacar una resolución motivada en la excepcionalidad para justificar dicha decisión.

“Antes no había como porque las fechas eran determinadas y precisas, hoy la legislación le da facultados discrecionales al CNE, así que podría trasladarse a segunda vuelta, y por otro lado hay que establecer las causas de origen que provocaron que no se pueda realizar la elección de parlamentarios andinos”.

Aguinaga manifestó que esto no responde a malas sentencias o resoluciones administrativas sino a que el movimiento está siendo usado políticamente para alterar el proceso y en ese aspecto dijo sentir preocupación por los kits electorales que no llegarán a tiempo para que los ecuatorianos en el exterior puedan ejercer su derecho al voto: “Porque los protocolos de desaduanización son rígidos”.

Puntualizó que en caso de que existiera un resultado estrecho entre candidatos a la Asamblea Nacional representantes del exterior, solo ahí podría considerarse repetir esas elecciones en las jurisdicciones que registraron problemas.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.

Clases medias y altas podrían cuestionarse el ir a votar por temor a la pandemia, según experto electoral

El expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Carlos Aguinaga, alertó que en estas elecciones puede registrarse un alto nivel de ausentismo sobre todo en las clases medias y altas que estarían dispuestas a pagar la multa de USD40.

De otro lado indicó que las encuestas tradicionalmente han fallado mucho más cuando el nivel de nulo o ausentismo puede ser alto: “El día de las elecciones podría cambiar el panorama por el voto joven”.

En todo caso advirtió que en caso de no existir una segunda vuelta, las personas que decidan no acudir a ejercer su derecho al voto tendrán que pagar una suma mayor.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.

China empieza a hacer pruebas anales para detectar el coronavirus

Las autoridades chinas han implementado un nuevo método para detectar el covid-19: el hisopado anal. Así lo reportan este 27 de enero del 2021 medios internacionales que señalan que la medida busca evitar un rebrote de la enfermedad de cara a la celebración del Año Nuevo Lunar.  El medio estatal CCTV, de acuerdo con información difundida por la revista Forbes, dio a conocer que este tipo de test está reservado para casos de alto riesgo. Sin embargo, “no parece haber una política coordinada” para su aplicación, que ha causado sorpresa en el país asiático.  Así, algunos pacientes que arriban a la ciudad de Beijng,  quienes se encuentran en centros de cuarentenas e incluso un grupo de más de 1 000 niños y docentes que, se cree, estuvieron expuestos al virus, serán sometidos a esta prueba, asegura Forbes.  Para la realización del hisopado anal, la persona que realiza el examen inserta el implemento para tomar la muestra en el recto, la muestra obtenida de allí se envía a análisis para determinar si la persona está o no infectada con el coronavirus.  Li Tongzeng, director del departamento de enfermedades respiratorias e infecciosas del Hospital You An de Beijing, dijo en una entrevista con medios estatales que este tipo de pruebas pueden ser más exactas que el hisopados nasal o faringeo.  Según Li, existen estudios que demuestran que el virus dura más tiempo en el ano que en las vías respiratorias de las personas infectadas con coronavirus. Asimismo, asegura que el hisopado anal puede ser mejor para detectar la el virus en pacientes con una enfermedad leve o en asintomáticos.  Forbes asegura que no todos los expertos están de acuerdo con el uso de exámenes anales para la detección del coronavirus. Un experto en patología de la Universidad de Wuhan, Yang Zhanqiu, dijo al medio Global Times de China que el hisopados nasal y faringeo son las pruebas más eficientes para detectar el covid-19. 

Fuente: Diario El Comercio, Diario Bicentenario.

Pruebas PCR a población en situación de movilidad humana, realizará Cruz Roja

Las personas en situación de movilidad humana corren mayor riesgo de contraer el virus de la pandemia. Por esta razón, Cruz Roja Ecuatoriana realizará 2.016 pruebas PCR a la población migrante en Ecuador, especialmente en la provincia del Carchi.

Esta acción se podrá llevar a cabo gracias a la donación de la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), a través de su programa “Sin Fronteras”, en nuestro país.

La toma de pruebas PCR se ejecutará a través de los centros médicos especializados de Cruz Roja Ecuatoriana, que desde 2020 han realizado un ejercicio piloto para garantizar su aplicabilidad en los procedimientos y sistemas tecnológicos.

Se priorizará la atención a adultos mayores, niños y niñas, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas en situación de calle, entre otros grupos.

Las pruebas serán tomadas hasta mayo del presente año.

Cruz Roja Ecuatoriana implementó el Plan de Contingencia para población migrante y desplazados, desde junio del 2018, con el fin de contar con un enfoque más agudo desde las necesidades y contexto en los que se encuentra la población migrante interna y externa, señala el comunicado oficial.

A través de diferentes acciones como salud, integración, medios de vida, protección, restablecimiento del contacto familiar (RCF), comunicación y diferentes líneas de asistencia humanitaria, la Institución atiende a la población migrante con el objetivo de aliviar sus necesidades.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.