Ejecutivo considera que plataformas digitales son medios de comunicación, en su veto a la Ley

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Este martes 5 de enero, el Ejecutivo envió a la Legislatura su objeción parcial al proyecto de reforma de la Ley de Comunicación, aprobado el 10 de diciembre pasado.

No está de acuerdo con que la reforma aprobada defina a los medios de comunicación como organizaciones y se delimite a la radio, prensa y televisión, porque impide conceptualizar otros mecanismos de difusión de información que no realizan esa actividad, a través de asociaciones u organizaciones, sino que lo hacen, por ejemplo, de manera individual”, a criterio del Gobierno.

“En el contexto de sociedades de información, en las que el uso, creación y distribución de la información es una actividad de significativa relevancia, los mecanismos para su difusión ya no deben verse en términos ortodoxos”, señala el veto.

Y añade: “Las tecnologías de la información y comunicación hacen posible la existencia de medios para comunicar información que rebasan los medios tradicionales; por ejemplo, las plataformas digitales de información”.

Respecto al espectro radioeléctrico, la objeción apunta: “Es importante señalar que bajo ninguna perspectiva podría considerarse como medio de comunicación”.

El texto propuesto por Moreno dice: “Art. 5.- Medios de comunicación.- Para efectos de esta ley, los medios de comunicación social están constituidos por las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, organizaciones sociales y/o comunitarias, cuyo objeto es la prestación de servicios de divulgación y/o intercambio de contenidos a través de los mecanismos o instrumentos aptos para transmitir, divulgar o propagar, en forma establece (sic) y periódica textos, sonidos o imágenes destinadas a la población”.

El texto que aprobó la Asamblea señala: “Art. 5.- Medios de comunicación social. – Para efectos de esta ley, se consideran medios de comunicación social a las organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a los concesionarios de frecuencias de radio y televisión, que ejercen la difusión masiva de contenidos comunicacionales, a través de medios impresos, radio, televisión y audio o video por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet.

El proyecto aprobado por el Legislativo tenía como propósito sustituir a la comunicación como un servicio público, que consta en el artículo 5, por un derecho humano.

El Parlamento Nacional tiene 30 días de plazo para ratificarse en el texto aprobado por el Pleno o allanarse al veto del Ejecutivo.

Fuente: pichincha Universal, Diario Bicentenario.

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