Tres funcionarios del GAD parroquial Manuel de Jesús Calle fueron sentenciados por peculado

El Tribunal Segundo de Garantías Penales de Cañar sentenció a 10 años de privación de libertad a Luis Eduardo M., Laura Lissette M. y Ángelo Mauricio Z. como autores del delito de peculado cometido en el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de la parroquia Manuel de Jesús Calle, cantón La Troncal, en Cañar.

Como parte de la sentencia, el Tribunal ordenó el pago de una multa de cuarenta salarios básicos y la publicación de disculpas públicas en un medio de comunicación de circulación provincial.

Además, como reparación integral al Estado, los sentenciados deberán cancelar los montos que fueron utilizados para cometer el delito.

A Luis Eduardo M. le corresponden USD 5.729; a Laura Lissette M., USD 4.405; y a Ángelo Mauricio Z. USD 9.920.

La fiscal del caso, Jenny Llivisaca, informó que los ya sentenciados fueron investigados, luego de que la Contraloría General del Estado enviara a la Fiscalía un informe con indicios de responsabilidad penal, realizado al período enero 2015 – septiembre 2017, en el que se detectó que desde la cuenta del GAD Parroquial se hicieron varias transferencias de dinero a cinco cuentas que pertenecen a Luis Eduardo M., Laura Lissette M. y Ángelo Mauricio Z.

La Fiscalía determinó que las transferencias por un valor de USD 56.709 se efectuaron con la autorización del entonces presidente del GAD parroquial, Luis Eduardo M., y de la secretaria-tesorera, Laura Lissette M.; mientras que Ángelo Mauricio Z. laboraba como conductor.

De este monto, los sentenciados no lograron justificar USD 20.055, lo que representó un perjuicio económico al Estado.

Según la investigación, los sentenciados trataron de justificar varias transferencias con facturas que fueron robadas y otras que se encontraban inhabilitadas.

Con estas evidencias, la Fiscalía demostró que el Gobierno Parroquial no recibió ninguno de los servicios que prestaban los locales comerciales a los que pertenecían las facturas presentadas por los ahora sentenciados.

A esto se sumó un informe del Banco Central del Ecuador, en el que se detallan las transferencias desde la cuenta del GAD Parroquial, así como se presentaron el detalle de las cuentas de los ahora sentenciados y una pericia contable.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.

Allanan la Secretaría de Salud del Municipio de Quito por adquisición de pruebas COVID-19

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó del allanamiento a las oficinas de las Secretaría de Salud del Municipio de Quito, este viernes 29 de enero de 2021. La investigación es por presuntas irregularidades en la adquisición de pruebas COVID-19.

La Fiscalía accedió, manera reservada, a información que incriminaría a funcionarios de esta entidad en el caso investigado.

De acuerdo a la información preliminar, trabajadores de la Secretaría de Salud habrían ocultado documentación con información técnica sobre presuntas irregularidades en la adquisición de pruebas para detectar el COVID-19.

La Fiscalía no dio más detalles y publicó únicamente un documento, en el que se explica que las pruebas adquiridas no tendrían el 99-100% de sensibilidad, declarado por el proveedor al momento del contrato.

En julio de 2020, la Universidad de las Américas (UDLA) publicó un informe, que señalaba que la sensibilidad de esos tests es baja y arroja un número importante de falsos negativos. Días después, el Municipio publicó el informe oficial de KTC- Korea Testing Certificación, que ratifica la validez de las pruebas adquiridas por la Secretaría de Salud para la detección y diagnóstico de las personas portadoras de Covid-19.

No es la primera vez que allanan estas oficinas. En mayo pasado realizaron un allanamiento por un presunto sobreprecio en la adquisición de estas pruebas. Hubo cuatro allanamientos: en el Municipio de Quito, la Dirección de Salud, la casa del Secretario de Salud y la empresa proveedora.

En ese entonces, Lenín Mantilla era el secretario de Salud de Quito, pero fue separado de su cargo y ahora tiene una orden de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de peculado.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.

Impresión de papeletas para parlamentarios andinos está estancada por recurso presentado por Justicia Social

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, indicó que se espera una notificación oficial del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para tomar una decisión, en las próximas horas, respecto a la elección de dignidades para el Parlamento Andino.

La situación se agrava ante un nuevo recurso interpuesto por el movimiento político Justicia Social, por lo que debido al tiempo que se acorta para los comicios del 7 de febrero esta situación podría ser declarada como “fuerza mayor”, según la recomendación de la Procuraduría General del Estado. Así, la elección de parlamentarios andinos se realizaría en otra fecha.

Aunque Atamaint, no afirmó aún que eso sucedería, dijo que el dictamen del Procurador les permite esa posibilidad jurídica.

Expresó que si bien los tiempos están ajustados el CNE intenta llegar a las elecciones con todas las dignidades.

Enrique Pita, vicepresidente del organismo electoral, comentó que la noche de este jueves 28 de enero, Justicia Social volvió a presentar otra acción ante el TCE, lo que complica la impresión de las papeletas para el Parlamento Andino.

Dejó entrever que el mejor camino será declarar la “fuerza mayor” que está contemplada en el Código Civil, por lo que las solicitudes de anular el proceso electoral no tendrían cabida.  Y sostuvo que máximo en 24 horas se tendrá una respuesta.

Mientras, el consejero del CNE, José Cabrera, aseveró que es imposible que se impriman las papeletas para la primera vuelta electoral y que el Pleno definirá cuándo se efectuará esa elección.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.

Corte Constitucional niega solicitud de consulta popular presentada por Jaime Nebot

Con voto mayoritario el Pleno de la Corte Constitucional negó el pedido del exalcalde de Guayaquil Jaime Nebot y otras organizaciones de la sociedad civil, para que se realice una consulta popular que pretendía reformar 43 artículos e incluir 20 artículos en 20 cuerpos normativos distintos.

La Corte resolvió esta solicitud el pasado miércoles 27 de enero, bajo el argumento de que la encuesta no se adecúa a la Constitución, ni cumple con los parámetros de control previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

Determinó que la propuesta de plebiscito abarcaba hasta 12 reformas legales en una sola pregunta, lo cual “impide que el elector pueda manifestar su elección sobre cada una de las reformas legales de forma independiente”.

En su comunicado, explicó que «los comparecientes tienen el derecho de presentar futuras peticiones de consulta popular observando los parámetros desarrollados a lo largo del presente dictamen».

🔴 #ÚltimaHora | @CorteConstEcu emitió dictamen de constitucionalidad de la propuesta de consulta popular. pic.twitter.com/M4TwdmI3B3

— Pichincha Al Minuto ⚠️ (@MinutoPichincha) January 29, 2021

Esta petición de consulta hecha por el líder del Partido Social Cristiano contenía 14 preguntas pretendía reformar artículos de los siguientes cuerpos normativos:

Código Orgánico Integral Penal; Código Orgánico Monetario y Financiero; Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuacultura y Pesca; Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura; Ley Orgánica de la Soberanía Alimentaria; Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuaria; Ley de Fomento Artesanal; Ley de Defensa del Artesano; Ley Orgánica de Fomento Agropecuario; Ley de Seguridad Social; Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas; Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional; Código Orgánico del Ambiente; Ley de Minería; Ley de Hidrocarburos; Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Ley de Régimen Tributario Interno; Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.