La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insta al Estado ecuatoriano a redoblar sus esfuerzos para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de la prensa.
Esta instancia internacional observa que en Ecuador hay incremento de denuncias sobre ataques contra la prensa, por lo que urge a investigar de forma completa, efectiva e imparcial estos hechos, esclarecer sus móviles y determinar la relación que podrían tener con la actividad periodística y la libertad de expresión.
A continuación reproducimos el informe de la Relatoría sobre los hechos que considera son ataques contra medios de comunicación y periodistas:
“Según la información disponible, el 19 de enero de 2021 la periodista de Radio Sucumbíos y ex directora de Comunicación del Consejo Provincial, Marilú Capa Galarza, fue atacada en la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos, cuando se encontraba en un restaurante de su propiedad. Una persona armada con un revólver ingresó al lugar y disparó ocho veces, seis de las cuales impactaron en el cuerpo de la reportera, según señalan los primeros informes. El sujeto habría logrado escapar del lugar en una motocicleta conducida por otra persona. De acuerdo a la información recibida por esta Oficina, Marilú Capa Galarza fue trasladada recientemente desde el Hospital Dr. Marco Vinicio Iza de Nueva Loja a un hospital en la ciudad de Quito, donde permanece en estado crítico en el área de cuidados intensivos. La periodista es conductora del programa radial «Mañanas Interactivas», que se transmite por Radio Sucumbíos, donde aborda temas migratorios y de derechos humanos, entre otras noticias.
El 27 de enero fue asesinado el presentador del programa televisivo «En Contacto» de la emisora Ecuavisa, Efraín Ruales, mientras conducía hacia su domicilio en su vehículo por la avenida Juan Tanca Marengo, al norte de Guayaquil. El comunicador habría recibido cuatro impactos de bala por parte de sujetos que se movilizaban en un vehículo de alta gama, quienes según la información disponible habrían perseguido al comunicador por varias cuadras antes de atacarlo. Según fue informada la Relatoría, la Fiscalía General de Ecuador ya inició, de oficio, una investigación por el presunto asesinato de Efraín Ruales. Esta Oficina valora positivamente el llamado del presidente de Ecuador a que se actúe con la mayor celeridad posible y que se destinen todos los esfuerzos necesarios para la investigación del caso. Asimismo, la Policía Nacional de Ecuador indicó que habría desplegado a sus unidades investigativas y de inteligencia para determinar los pormenores del hecho y a sus autores. Según informó en una rueda de prensa el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, se habría identificado a tres posibles autores del crimen, aunque por el momento no han sido detenidos.
El 27 de enero el expresidente de Ecuador y actual candidato a asambleísta, Abdalá Bucaram, amedrentó a la periodista Dayanna Monroy, reportera y presentadora de noticias del canal Teleamazonas, a través de un video que circuló públicamente en redes sociales. Dayanna Monroy investiga casos de corrupción y ya ha sido blanco de ataques y descalificaciones por su trabajo periodístico en ocasiones anteriores, hechos que han sido registrados y seguidos con atención por esta Oficina. Si bien las agresiones dirigidas hacia la comunicadora Dayanna Monroy no son atribuibles a un funcionario público en ejercicio, sí se insertan en un contexto electoral en tanto emanan de una figura política con aspiración a ser asambleísta. Adicionalmente, la condición de expresidente acentúa la gravedad del señalamiento y su impacto en las condiciones para el cubrimiento periodístico de las elecciones en las cuales participa.
El 28 de enero de 2021 la Fiscalía General hizo un llamado a la Policía de Ecuador a que investigue posibles riesgos para periodistas y denunciantes públicos que investigan presuntos actos de corrupción, e instó a la opinión pública a «rechazar cualquier conducta que incite a la violencia y a continuar denunciando posibles hechos delictivos», destacando que la democracia se construye a partir del respeto a la libertad de expresión. Este llamado es tan importante como el deber de asegurar el cumplimiento de estándares interamericanos sobre libertad de expresión en las causas judiciales activadas por el expresidente y candidato Abdala Bucaram contra la periodista Dayanna Monroy.
La Relatoría recuerda que, conforme al principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, «[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada».
Esta Oficina reitera que los funcionarios públicos están llamados a mantener un discurso favorable a la deliberación pública y asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen al debate mediante la expresión y difusión de su pensamiento. Este deber cobra particular relevancia en el caso de las mujeres periodistas, quienes enfrentan obstáculos, riesgos y formas de violencia específicas por el hecho de ser mujeres. Tal como señalaron la CIDH y la Relatoría en su informe Mujeres periodistas y libertad de expresión, el cumplimiento de las obligaciones generales de los Estados en materia de libertad de expresión debe complementarse e integrarse a una perspectiva de género a fin de garantizar que las mujeres periodistas tengan garantías para ejercer su labor libre de todo tipo de violencia.
Es de vital importancia que las más altas autoridades del Estado -tanto como quienes aspiran a serlo- reconozcan de manera constante, clara y pública la legitimidad y el valor del periodismo en la democracia.
La Relatoría llama al Estado ecuatoriano a investigar de forma completa, efectiva e imparcial el asesinato de Efraín Ruales y la tentativa de homicidio de Marilú Capa Galarza, esclarecer sus móviles, y determinar judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión. Tal como ya ha sido señalado por la CIDH, los Estados deben asegurar que los delitos contra la libertad de expresión estén sujetos a investigaciones y procedimientos judiciales independientes, rápidos y efectivos. Lo contrario supone el riesgo de nuevos ataques y genera un notorio efecto de autocensura afectando las condiciones para la deliberación democrática.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.
