Día: 22 febrero, 2021

Flexibilizar los protocolos para la realización de ceremonias de graduación de los estudiantes, plantea la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri.

A pesar de que en esa ciudad han incrementado los casos positivos covid y los fallecidos a causa de la pandemia, Viteri anuncia, a través de su red social Twitter, que ha pedido al COE Cantonal que revise y flexibilice los protocolos, para la realización de ceremonias de graduación, en estricto cumplimiento del aforo permitido.

“Los niños y sus padres tienen derecho a vivir una graduación memorable y que sea un lindo recuerdo”, es el argumento que señala la alcaldesa.

A su criterio, las graduaciones podrán celebrarse en lugares externos a los planteles educativos, en cumplimiento con lo sugerido por el COE Nacional.

Anunció que la Dirección Municipal de Riesgos evaluará y recibirá las solicitudes de los establecimientos educativos para el desarrollo de eventos, vía ventanilla universal.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario

El vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Verdesoto, denunció que la presidenta del organismo electoral, Dina Atamaint, incumplió con la decisión de los consejeros, para entregar toda la información solicitada por la Fiscalía General del Estado como parte del peritaje al sistema informático electora.

A través de un memorando emitido este lunes 22 de febrero, Verdesoto explicó que la titular del CNE, en una decisión arbitraria, suspendió la entrega de esta información, prevista para las 08h30 de hoy, ante la Fiscalía.

«Usted, suspendió la realización de las copias y canceló la entrega planificada, sin ningún tipo de consulta conmigo, ni peor, aún autorización para romper lo concertado», alertó.

Según el consejero, la decisión de entregar la información solicitada por la Fiscalía, se tomó de manera unánime el domingo 21 de febrero.

Tras esta denuncia, el consejero exigió «la inmediata entrega de los archivos de datos solicitados por la Fiscalía» y solicitó a esta institución procesar la información de la base de datos del sistema informático electoral.

«Solicito a la Fiscalía que procese esa información, de inmediato, y que en ningún caso se contamine la acción autorizada por un juez competente con el inicio de la campaña electoral», dicta la misiva.

Verdesoto concluyó en que «no tiene nada que temer del juzgamiento de los Tribunales, ni de ninguna instancia social o política encargada de la rendición de cuentas».

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario

Preocupación mostró la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) que otras entidades del Estado o autoridades pretendan asumir funciones que pueden afectar las atribuciones de organismos como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que integran la Función Electoral.

Esta inquietud es parte del informe preliminar presentado respecto a la primera vuelta electoral, no a la situación actual. Sin embargo, ya avizora la intervención de “otras instituciones”, como sucede en estos días, que Contraloría General y Fiscalía pretenden realizar auditorías y peritajes en pleno proceso de escrutinio, desacatando la ley y la Constitución que disponen que ninguna autoridad ajena a la Función Electoral pueden intervenir en el proceso comicial.

Los observadores advierten que la actuación de estos organismos ajenos puede poner en riesgo “la propia elección y generar posibles interferencias en el proceso electoral, lo que está además proscrito por la propia normativa del país”, previene el documento.

La observación de los veedores se presentó en el contexto de la inscripción de candidaturas auspiciadas por las organizaciones políticas, que en “un proceso electoral, son los órganos electorales los que deben asumir las competencias vinculadas con la elección”. Se hace un recuento de las acciones legales que impulsó el movimiento político Justicia Social para inscribir a su binomio presidencial, encabezado por Álvaro Noboa.

Alertó que, “a pocos días de la jornada electoral, la Fiscalía General del Estado solicitó, de oficio, información sobre alegatos de financiamiento ilícito de uno de los candidatos a la Presidencia de la República, que habían sido reportados en una revista extranjera”, en referencia a la publicación de la revista Semana de Colombia en la que se mencionó que presuntamente el Ejército de Liberación Nacional (ELN) habría destinado recursos para la campaña electoral del presidenciable, Andrés Arauz, de la coalición electoral Unión por la Esperanza (UNES).

La misión de la OEA llama a las autoridades electorales a resolver las reclamaciones en estricto apego de la ley y a dar cumplimiento al calendario electoral, una vez que los resultados sean notificados a los sujetos políticos y estos presenten sus objeciones.

Sobre el conteo rápido del CNE para estos comicios, cuestionó el hecho de que “se dieran a conocer dos resultados distintos de un mismo ejercicio estadístico, que generó confusión entre la ciudadanía y disconformidad por parte de los actores políticos”.

“Si bien se aclaró que la diferencia entre estos aún se mantenía dentro del margen de error, el hecho de que se dieran a conocer dos resultados distintos de un mismo ejercicio estadístico generó confusión entre la ciudadanía y disconformidad por parte de los actores políticos”, señala el informe.

En materia de la bioseguridad para evitar contagios de COVID-19, pidió al CNE que difunda “con amplitud los protocolos de bioseguridad y la manera en que estos reducen las probabilidades de contagio a quienes participan en la elección”. Recomienda que se informen adecuadamente los horarios de votación y que las medidas sanitarias sean obligatorias para la ciudadanía.

La misión de la OEA se desplegó en el país desde el 14 de enero hasta la proclamación de resultados de binomio presidencial, que realizó el CNE este domingo 21 de febrero. La misión de la OEA, que estuvo encabezada por la exvicepresidenta de Panamá, Isabel de Saint Malo, presentó el informe preliminar de la observación electoral a las elecciones nacionales de la primera vuelta electoral del 7 de febrero pasado y en ella hizo varias recomendaciones al Consejo Electoral, pero también narró sus preocupaciones.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario

La Comisión de Fiscalización calificó el juicio político planteado contra el ministro de Trabajo Andrés Isch, por parte de las asambleístas Marcel Aguiñaga y Marcela Holguín, con 10 votos a favor.

Las legisladoras de la Revolución Ciudadana acusan al secretario de Estado de incumplimiento de funciones, en su pedido de juicio político presentado el pasado 17 de diciembre de 2020, que fue admitido a trámite por la mesa de Fiscalización este lunes 22 de febrero de 2021.

Con esta decisión, arranca el proceso en el que los partes deberán presentar las pruebas de cargo, que demuestren que el funcionario cometió las faltas a él imputadas, y las pruebas de descargo, por parte del sometido al enjuiciamiento político.

El ministro de Trabajo está acusado, por parte de Aguiñaga y Holguín, de no cumplir sus funciones en materia de derechos laborales de los trabajadores y arrogación de funciones al interpretar la Ley Humanitaria.

Según el expediente presentado por las parlamentarias, el funcionario se negó a designar a un inspector de trabajo para que verifique si los trabajadores de las empresas Flopec EP y Explocem, que perdieron sus puestos de trabajo, a través de desvinculaciones desde enero a junio de 2020, recibieron todos los beneficios laborales.

Sostienen que en el despido de los trabajadores de Explocem, el gerente de la empresa usó la pandemia COVID-19 como pretexto y aplicó de forma falaz el artículo 169 numeral 6 del Código del Trabajo, aduciendo que se trata de fuerza mayor o caso fortuito, que permitía los despidos de trabajadores, que incluso llevaban más de 25 años de servicio, sin un centavo de indemnización.

La tercera acusación tiene relación con una supuesta atribución de funciones que no le corresponde, sobre el acuerdo expedido en julio de 2020, donde según las legisladoras la reducción emergente de la jornada establecida en la Ley de Apoyo Humanitario, por caso fortuito o fuerza mayor, estará ligada al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador, sea persona natural o jurídica.

La cuarta acusación se refiere a la supuesta desprotección de las personas en condición de vulnerabilidad, en los acuerdos ministeriales 172 y 173 de septiembre de 2020, relacionados con la reducción emergente de la jornada de trabajo establecida en la Ley de Apoyo Humanitario, donde se protege a las personas vulnerables.

Otra acusación es el incumplimiento de funciones al no proporcionar acceso a la información pública al observatorio ciudadano de discapacidad, salud pública, trabajo y derechos humanos.

Le acusan también de falta de registro de la prohibición de ejercer cargo público de la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, censurada y destituida del cargo el 24 de noviembre de 2020, para lo cual presentan un certificado, con fecha 2 de diciembre de 2020, emitido por el ministerio respectivo.

La séptima acusación tiene que ver con un supuesto incumplimiento de la disposición transitoria vigésima quinta de la Constitución, sobre la fijación del Salario Básico Unificado para el año 2021. Al no existir un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y empleadores, le correspondía al ministro fijar un incremento salarial, lo cual no sucedió; por lo tanto, según las acusadoras, el funcionario incumplió sus funciones porque fijó un incremento equivalen al 0,0%.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario

La Fiscalía convocó al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, para que rinda su versión voluntaria como parte de la investigación por presunto peculado en la compra de pruebas para la detección de coronavirus que hizo la Secretaría de Salud del Municipio de Quito.

La diligencia está prevista para las 11:00 de este lunes 22 de febrero, según señala el escrito de la Fiscalía con fecha 18 de febrero.

También citaron al coordinador zonal del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (Inspi), William Ponce, para que esté una hora antes.

El llamado de la Fiscalía, además, se realizó para que otros investigadores universitarios acudan a rendir su versión libre y voluntaria ese mismo día, a diferentes horas.

Los agentes también solicitaron al juez que lleva el caso, Vladimir Jhaya, que indique un día y una hora para abrir y extraer correos encontrados en varios equipos informáticos y celulares, donde hay información relevante del proceso contractual.

La entidad también solicitó exámenes grafológicos de la letra de una de las procesadas.

El pasado martes fueron vinculadas a este caso siete personas entre ellas está el alcalde de Quito, Jorge Yunda, y funcionarios de la Secretaría de Salud del Municipio. Incluso a Yunda se le dispuso el uso del grillete electrónico.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario

Mientras la demanda de vacunas crece en el país y las importadas hasta el momento son insuficientes, los municipios y el sector privado piden al Gobierno el aval para adquirirlas por su cuenta.

En Guayaquil, las autoridades exhortaron al presidente Lenín Moreno que se les permita adquirir las vacunas para proteger al personal de riesgo.

La alcaldesa, Cynthia Viteri, ante el repunte de enfermos por las movilizaciones electorales y de carnaval, dijo que la única salida es vacunar a la ciudadanía y con ello bajar el riesgo de un nuevo colapso hospitalario, como el ocurrido en marzo y abril del año pasado.

La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) también propuso que el sector privado participe en la importación y comercialización de la vacuna, una vez concluidas las negociaciones con las farmacéuticas.

En un comunicado la Cámara habla de crear incentivos tributarios para las empresas en función del monto invertido en vacunar a sus trabajadores.

Mientras, en Quito, el alcalde Jorge Yunda, reiteró su pedido para que el Gobierno apruebe la posibilidad de que el Municipio pueda traer vacunas para inmunizar.

Yunda dijo que cuenta con 20 millones de dólares para poder importar la vacuna, así como con un plan de vacunación.

Conminó al aparato productivo a realizar una similar inversión y ayudar a todos los cantones vecinos.

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), dijo que el sector privado se suma al pedido de los alcaldes y está de acuerdo en poner su contingente para una adecuada gestión en la compra y distribución de la vacuna.

A la solicitud se sumaron el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios; Juan Carlos Orellana, alcalde de Aguarico y presidente regional de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) 2, que comprende las provincias de Pichincha, Napo y Orellana.

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, sostuvo que están dispuestos a colaborar con los gobiernos locales para que se dé la importación, pero aclaró que el problema es que no existen vacunas por la alta demanda.

Zevallos además recordó que hay un acuerdo con todos los Estados para que la importación sea solo con los Gobiernos de los países.

Sin embargo, a través del Ministerio de Salud se envió invitaciones a rectores de universidades para que sean parte de un listado oficial de la fase de vacunación masiva, pero varios de ellos la rechazaron.

César Montaño, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, respondió que no puede aceptar, pues consideró que otras personas deben ser atendidas con prioridad.

Galo Naranjo, rector de la Universidad Técnica de Ambato, tampoco aceptó y cedería la vacuna a alguna persona de los servicios públicos de salud en atención con enfermos con coronavirus.

La Asamblea del Sistema de Educación Superior (Asesec) también se pronunció en favor de los grupos de atención prioritaria.

Pero hay otras entidades públicas como la Fiscalía General del Estado, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de la Judicatura que han propuesto ser incluidas.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario