Día: 23 febrero, 2021

En la cárcel de Turi, en Azuay, en el Centro de Privación de la Libertad de Guayas Zonal 8, y en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, se registraron este martes 23 de febrero amotinamientos organizados por los internos.

Agentes y policías poco a poco mantienen el control de los centros penitenciarios. En Guayas se reportaron ocho muertos y dos heridos graves, en un inicio, pero luego se confirmó que en esa cárcel fueron 21 muertos en total; mientras en Cuenca se registraron 38 muertos en el pabellón de máxima seguridad.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=pichinchauniver&dnt=true&embedId=twitter-widget-1&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1364305020657795084&lang=es&origin=http%3A%2F%2Fwww.pichinchacomunicaciones.com.ec%2Fmas-de-50-ppl-fallecieron-por-motines-en-carceles-de-guayaquil-cuenca-y-latacunga%2F&siteScreenName=pichinchauniver&theme=light&widgetsVersion=889aa01%3A1612811843556&width=550px

En el caso de Cotopaxi, se hizo el levantamiento de 8 cuerpos. Los cadáveres fueron trasladados a los centros forenses para el respectivo reconocimiento, identificación y autopsia. Esta última información la dio a conocer la Fiscalía en su cuenta de Twitter.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=pichinchauniver&dnt=true&embedId=twitter-widget-2&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1364307881676460036&lang=es&origin=http%3A%2F%2Fwww.pichinchacomunicaciones.com.ec%2Fmas-de-50-ppl-fallecieron-por-motines-en-carceles-de-guayaquil-cuenca-y-latacunga%2F&siteScreenName=pichinchauniver&theme=light&widgetsVersion=889aa01%3A1612811843556&width=550px

En tanto, la Policía Nacional con la información que se recaba anticipó que el equipo de Criminalística reporta más de 50 personas privadas de la libertad fallecidas. Pero el Gobierno en rueda de prensa ya habló de 67 muertos.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=pichinchauniver&dnt=true&embedId=twitter-widget-3&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1364283693150449665&lang=es&origin=http%3A%2F%2Fwww.pichinchacomunicaciones.com.ec%2Fmas-de-50-ppl-fallecieron-por-motines-en-carceles-de-guayaquil-cuenca-y-latacunga%2F&siteScreenName=pichinchauniver&theme=light&widgetsVersion=889aa01%3A1612811843556&width=550px

En el transcurso de la mañana, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI) informó que se logró retomar el control y se recaba información. Aspecto que fue corroborado, en Twitter, por el comandante general de la Policía Nacional, Patricio Pazmiño Carrillo, quien indicó que en todos los centros penitenciarios se mantiene un control y que en Guayas se hace un barrido para conocer el número exacto de fallecidos.

Mientras, el SNAI manifestó que la noche del lunes 22 de febrero se realizó una requisa en el Centro de Privación de la Libertad de Guayas, por lo que se presume que estos hechos son señal de resistencia y rechazo por parte de los internos, ante estas acciones de control.

Al momento, los agentes de Seguridad Penitenciaria y la Policía activaron un protocolo de seguridad y ejecutan operativos en los centros penitenciarios.

En Cuenca, también a través de fotografías y vídeos difundidos en las redes sociales, se observó como los policías vigilaban los exteriores del centro penitenciario, así como iban sacando los cadáveres.

Investigaciones y acciones de las autoridades

La Fiscalía en coordinación con Criminalística de la Policía recolectan indicios y evidencias al interior del Centro de Privación de la Libertad de Guayas (Penitenciaría), tras enfrentamientos de bandas criminales que dejan, al momento, ocho internos muertos y dos heridos graves. Esto lo hacen en los otros centros penitenciarios también.

En su cuenta de Twitter, el presidente Lenín Moreno comentó que, ante las acciones de violencia simultáneas en varios centros penitenciarios del país, la Policía en coordinación con el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño Castillo, trabajan para el retorno por completo del control en las cárceles de Guayaquil, Cuenca y Latacunga.

Mientras, Pazmiño Castillo, mencionó que desde el Puesto de Mando Unificado conjuntamente con la Policía organizan las acciones a implementarse.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario

Por una supuesta condición médica de riesgo, Jacobo Bucaram Pulley, procesado en dos casos por delincuencia organizada ante presuntas irregularidades relacionadas con la compra de insumos médicos usados durante la pandemia, solicitó a través de su defensa un hábeas corpus.

Con la presentación de este recurso, el hijo del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, pretendería que se lo cambie de Centro de Rehabilitación Social (CRS).

En el documento interpuesto por la defensa de Bucaram Pulley se señala que debe recibir atención médica y psicológica urgente en una casa de salud, con especialistas que garanticen su vida y en un sitio que esté a nivel del mar.

Jacobo está internado en la cárcel 4 de Quito desde el pasado 4 de octubre y la solicitud de hábeas corpus sería para proteger su integridad física.

El interno tendría una severa hipertensión arterial, catalogada como presión alta CIE 10-114, la cual se habría estado tratando en el hospital Teodoro Maldonado, de Guayaquil, desde marzo de 2018. Esta dolencia afectaría su memoria, tendría la pérdida progresiva del conocimiento, un accidente cerebrovascular por la fuerza y daño grave en la arteria principal del cuerpo al ser un daño degenerativo.

En el escrito, además, se advierte que una persona con el cuadro clínico de Jacobo Bucaram debe permanecer en una zona que esté mínimo a cuatro metros sobre el nivel del mar.

La defensa del procesado añadió que en la Cárcel 4 su cliente no ha recibido la atención médica necesaria para que trate su dolencia.

A esto sumó la serie de requisas que, según el abogado, vulneraron la integridad física y psicológica de su defendido, así como las publicaciones que se hacen a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

La audiencia en la que se tratará este tema está prevista para las 13:30 de este martes 23 de febrero en la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer y la Familia, en Quito.

A esta diligencia fue convocado el director del Centro de Rehabilitación Social Quito número 2 o más conocida como Cárcel 4, Fernando Paguay.

La autoridad del Centro de Privación de la Libertad o su delegado deberá presentar sus alegatos sobre este caso.

Mientras para las 9:00, del próximo 31 de marzo, la jueza Ana Lucía Cevallos instalará la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el proceso penal por el delito de delincuencia organizada que se sigue contra el expresidente Bucaram, su hijo Jacobo, tres agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito, el israelí Sheinman Oren y tres personas más.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario

El Consejo Nacional Electoral (CNE) negó este martes 23 de febrero de 2021 la autorización solicitada por la Contraloría para auditar el sistema informático de la entidad en medio del proceso electoral. La decisión se tomó en el Pleno de este organismo con los votos de la presidenta del organismo, Diana Atamaint, el vicepresidente, Enrique Pita, y el consejero José Cabrera. La resolución se tomó después de un debate y una intervención del coordinador de tecnología, Christian Cerda, y el director nacional de asesoría jurídica, Enrique Vaca. Los funcionarios advirtieron de limitaciones de carácter técnico y legal para atender el pedido de la Contraloría. Cerda manifestó que el sistema informático de escrutinios aún está en operación porque no se han proclamado oficialmente los resultados de los comicios para asambleístas y parlamentarios andinos. Además, argumentó que la cantidad de actas con novedades se dio por factores externos al sistema informático, uno de ellos: el ausentismo de las juntas receptoras del voto. Cerda sugirió que se postergue la auditoría requerida por la Contraloría hasta que concluya el proceso electoral. Vaca añadió que “no es procedente” atender el requerimiento de ese organismo y aludió al artículo 16 del Código de la Democracia, el cual señala que ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir de manera directa o indirecta en el proceso electoral. “No es procedente atender el pedido de contralor, toda vez que es una autoridad extraña”, expresó. También recordó que en septiembre del año pasado, la propia Contraloría emitió un acuerdo en el que dispuso la suspensión de los plazos y términos para las auditorías en materia electoral. El consejero José Cabrera rechazó que “extrañamente” el contralor subrogante, Pablo Celi, pretenda hacer una auditoría en 20 días cuando por la estructura de la base de datos esto resultaría “imposible”. Cabrera sugirió al Pleno adoptar las “acciones pertinentes” en contra del funcionario ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Todo esto fue rechazado por el consejero Luis Verdesoto, quien sostuvo que la no interferencia en el proceso electoral “no puede suponer una suspensión del sistema de pesos y contrapesos del sistema democrático” ni tampoco del principio de transparencia. Verdesoto sugirió que el examen se lo haga en siete días, que el informe arroje recomendaciones aplicables y útiles al proceso, y el acompañamiento nacional e internacional, lo que no fue acogido.

Fuente: Diario El Comercio, Diario Bicentenario

La protección y el bienestar de las mujeres será una de las principales tareas del nuevo gobierno, dijo el candidato a la Vicepresidencia, Carlos Rabascall, quien compartió hoy un diálogo en el programa Un Café con JJ, en donde ratificó que el Estado brindará apoyo a las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género.

“Somos el único binomio que ha firmado compromiso con las mujeres”, expuso y recalcó que ellas deben tener autonomía financiera y seguridad jurídica, antes de anunciar que en su plan de gobierno está contemplada la creación de la Secretaría de la Mujer.


Resaltó que Ecuador tendrá certidumbre económica y atraerá inversiones y explicó que se establecerán derechos y obligaciones en los contratos con el Estado para que exista un ‘ganar – ganar’ para ambas partes.

Explicó también que la vida y la salud de los ecuatorianos será una prioridad del Binomio de la Esperanza e indicó que se debe actuar con urgencia, rapidez y sin ideología para proteger al Ecuador. “Haremos las gestiones para que las vacunas contra el Covid 19 vengan desde diversos países”, enfatizó.

Al ser consultado sobre lo que acontece en el entorno electoral, explicó que ninguna autoridad del Estado puede interferir el proceso electoral que debe ser controlado por el CNE. Recalcó que el Art 16 del Código de la Democracia es claro en señalar que la interferencia de un tercero puede ser sancionada hasta con la destitución.

“La interferencia de la Fiscalía y la Contraloría demuestra que se convirtieron en operadores políticos del Gobierno Nacional”, concluyó el candidato que hoy cumplirá una amplia agenda de actividades en Guayaquil.

Fuente: Se trata de todos, Diario Bicentenario

En Monte Sinaí, corazón del pueblo guayaquileño, Andrés Arauz agradeció a los ciudadanos su apoyo en la primera vuelta electoral en la que alcanzó el primer lugar con más del 32% de los votos.

Arauz dijo que en la segunda vuelta electoral, que se desarrollará el próximo 11 de abril, derrotará al continuismo y la corrupción.

“No podemos optar por la opción del pasado, por la opción de la crisis y el feriado bancario”, señaló en medio de los aplausos de los asistentes.

Insistió que va a retomar la generación de oportunidades tan necesaria en estos momentos de crisis, agravada por la pandemia. 

“Vamos a tener una política clara de fomento al emprendimiento especialmente para nuestra juventud. Desde el 24 de mayo de 2021 vamos a abrir una línea de crédito específica a través del Banco Central y la banca pública de 100 millones de dólares para el emprendimiento de los jóvenes ecuatorianos y vamos a comenzar aquí (…)”.

Nuestra prioridad es y siempre será el pueblo ecuatoriano

“Ustedes, en mí, van a tener un compañero leal, un compañero que siempre va a poner esa experiencia, esa formación al servicio del pueblo ecuatoriano. Acá no estamos buscando un carguito así como están otros buscando palanquearse un cargo en Washington o en otro país. Nosotros tendremos siempre la claridad de que en los momentos duros, como ocurrió en marzo, en abril en los peores meses de la pandemia, la prioridad nuestra no estará en mandar la plata fuera para atender los caprichos de unos banqueros. Nuestra prioridad es y siempre será el pueblo ecuatoriano que se ha hecho digno de ser libre y soberano de poder construir capacidades propias”.

Arauz añadió que incrementará el trabajo durante la campaña para llegar a la mayor cantidad de votantes y recuperar la esperanza y el futuro del país.

Esta es una de las primeras actividades que realiza el candidato luego de su gira por Estados Unidos, donde se reunió con inversionistas y empresarios para mostrarles las oportunidades de desarrollo que tiene Ecuador. 

Fuente: andresarauz.ec, Diario Bicentenario

A pesar de la pandemia, empleados públicos y privados recurren a los juzgados del país para que se tramiten las demandas laborales contra las empresas y entidades.

Unos piden indemnizaciones por despidos intempestivos, otros buscan el pago de remuneraciones pendientes. Pero todos coinciden en que los procesos judiciales avanzan lento.

Jueces laborales aseguran que están abarrotados de trabajo por el incremento de demandas durante la crisis por la Covid-19.

Según cifras levantadas por el Consejo de la Judicatura, en 2019 se registraron 19.790 causas de este tipo a escala nacional; ese mismo año se resolvió el 99%. En cambio, en el 2020 ingresaron a las oficinas judiciales 22.446 casos y quedaron represados 7.919. Esto ocurre, principalmente, en Pichincha, Guayas, Azuay, Manabí, El Oro y Los Ríos.

Cecilia es una de las personas que interpuso una demanda. Ella trabajó desde el 2005 en el área financiera de una aseguradora, en Quito. El pasado 24 de abril le notificaron de su despido a través de un correo electrónico. Por 15 años de trabajo le pagaron de liquidación USD 1 500.

Según la exempleada debía recibir USD 16 500. El artículo 188 del Código de Trabajo señala que una persona que ha laborado más de tres años en una empresa y es despedida intempestivamente debe recibir “el equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio”.

En agosto pasado, presentó la demanda, pero aún no se resuelve su caso.

Una jueza laboral de Quito cuenta que antes de la pandemia las audiencias para resolver demandas tardaban unos tres meses. Ahora, por la carga laboral, los magistrados convocan a las diligencias en seis u ocho meses.

Mientras, otra jueza advierte que en su despacho tiene 400 demandas que llegaron el año pasado y aún no logra despacharlas por la cantidad de procesos que ingresan a diario.

Previo a la pandemia una Sala Laboral recibía 60 causas al mes, hoy ingresan 120.

La suspensión de la jornada laboral en la Función Judicial (excepto Flagrancia) fue una de las causas para el represamiento de causas. Esta medida rigió desde el 17 de marzo hasta 11 de junio de 2020, cuando se reanudaron los servicios presenciales en los juzgados laborales.

Los jueces de lo Laboral combinan sus actividades entre lo presencial y el teletrabajo, pues esa es la disposición vigente. Así lo señaló uno de los jueces de esa área, quien dijo que eso también contribuye al represamiento de las causas.

Para los jueces, el 85% de las causas tiene relación con despidos intempestivos.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario

Con el fin de responder las denuncias de violaciones de los derechos laborales de los trabajadores de la empresa, comparecieron ante la Comisión de Fiscalización Gonzalo Uquillas, gerente general de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP), y otros funcionarios.

Uquillas indicó que la intención es aclarar sobre el ajuste salarial, cálculo de horas extras, insumos para bioseguridad, entre otros temas.

Según Juan Jara, administrador financiero de Celec EP, los reclamos de los trabajadores han sido atendidos a través de la firma de un acuerdo con el Comité de Empresa, en el que se definieron varios puntos, que se están gestionando.

Sobre el ajuste salarial indicó que a partir de enero de 2021 se empezó a cancelar la remuneración al personal sujeto al Código de Trabajo, considerando la nueva escala salarial aprobada por el Directorio.

Reconoció que a los trabajadores no se les ha cancelado la remuneración variable, porque se tiene previsto concluir el proceso de elaboración del Modelo de Remuneración Variable para abril de 2021, luego de ello se deben gestionar las autorizaciones ante los ministerios de Economía, Trabajo y Directorio, así como su inclusión en el estudio de costos del año 2022, actividades que se estima cumplir antes de finalizar el presente año. El avance de este punto es del 40%.

Tampoco se ha cumplido con el cálculo correcto de horas extras de los trabajadores. Jara mencionó que la empresa está a la espera de que Cetra Celec remita su aprobación al instructivo para el reconocimiento de horas extras, conforme lo establecido en el artículo 55 del Código de Trabajo. La fecha estimada de cumplimiento depende de Cetra Celec, o, en su defecto, de lo que se defina en el pliego de peticiones, cuya fecha de audiencia está programada para el próximo 09 de marzo de 2021.

De acuerdo a lo manifestado por este funcionario, persiste el incumplimiento del compromiso para aplicar la sentencia de la Corte Constitucional sobre el cambio de régimen laboral. Señaló que en la semana del 22 al 26 de febrero será puesto en conocimiento del Directorio de la Corporación para la aprobación respectiva. Se estima contar con la aprobación en marzo de 2021. El avance en este punto es del 90%.

Los trabajadores también denunciaron que la empresa no ha cumplido con el compromiso de dotar al personal con ropa adecuada para el trabajo desempeñado. El administrador financiero indicó que Celec EP solicitó se presente bajo qué criterios técnicos se fundamentó la aseveración de que la ropa de trabajo entregada a los trabajadores no es la adecuada, debido que la misma cumple con la normativa técnico legal vigente en materia de seguridad laboral.

Otra denuncia es que no se entregan las mascarillas adecuadas, los insumos para prevención son de mala calidad y no se están realizando las pruebas COVID-19 a todo el personal de las Unidades de Negocio que se encuentran laborando. Jara dijo que se han realizado 15.099 pruebas COVID, en el periodo marzo a diciembre de 2020.

César Plaza, presidente de Cetra Celec EP, reiteró que sí se han vulnerado los derechos de los trabajadores; en el ajuste salarial se ha discriminado a compañeros que no están bajo el Código de Trabajo. Alertó que se “inflan salarios”, cuando se deberían apegar al manual de talento humano. Pidió que se llame a la Comisión a los ministros de Finanzas y Recursos Naturales porque existe total desorganización en la Corporación.

El gerente de Celec EP reclamó que el Ministerio de Finanzas retiró recursos de este sector, que afecta al desarrollo territorial y del buen vivir, así como a los proyectos de salubridad, vialidad, seguridad, entre otros. Jara apuntó que, en 2020, Finanzas retiró 125 millones de dólares.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario

La fiscalización al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, por el “mal manejo de la pandemia”, las irregularidades en el proceso de vacunación y otras ocho causales, aún debe esperar. Los dos pedidos de juicio político en su contra, que fueron calificados y unificados por el Consejo de la Administración Legislativa (CAL), no serán tratados hasta después de un mes.

Así lo informó el presidente de la Comisión de Fiscalización, Elio Peña, este lunes 22 de febrero de 2021, durante la sesión para calificar y aprobar la agenda del juicio político en contra del ministro de Trabajo.

El legislador explicó que, una vez que terminen este proceso de fiscalización, podrán avanzar con el juicio político contra Zevallos, pese a que las reformas a la Ley de la Función Legislativa establecen plazos para estos casos.

“Podríamos salir hasta el 21 de febrero a más tardar (del juicio político al ministro de Trabajo) y el 22 de febrero avocar conocimiento formal de la solicitud contra el ministro de Salud”, dijo Peña, al precisar que, hasta el momento, la Comisión no tiene el proceso en contra de Zevallos.

“Estamos a la espera a que lo deriven desde la Presidencia (de la Asamblea), pero reiteramos que no podemos darle tratamiento mientras no evacuemos el juicio político al ministro de Trabajo”, aseguró.

El CAL calificó este 20 de febrero los pedidos de juicio político presentados por Ángel Sinmaleza (SUMA) y Pabel Muñoz (RC).

Son nueve causales que acompañan el juicio que presentó Muñoz: el desabastecimiento de insumos de bioseguridad; la insuficiente adquisición de pruebas diagnóstico; no transparentar cifras de muertos en excesos; extraviar cuerpos de personas fallecidas durante la emergencia sanitaria; la desvinculación del personal de salud en medio de la pandemia; falta de control de unidades ejecutoras del Ministerio de Salud Pública; desabastecimiento de vacunas y medicamentos durante la pandemia; emisión irregular de carnés de discapacidad; y la insuficiente adquisición de vacunas contra el COVID-19 y la alteración del plan de vacunación.

Mientras que Sinmaleza lo inició por tres causales: mal manejo de pandemia, irregularidades en carnés de discapacidad y el proceso de vacunación.

En enero, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 121 votos a favor, el pedido de destitución del ministro de Salud y el inicio inmediato del trámite para el juicio político. Varias instituciones, como la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) también se unieron al pedido de remoción del funcionario. Desde el Gobierno, Caridad Vela, secretaria de Comunicación, anunció su respaldo.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario

La Contraloría General del Estado inició este 22 de febrero de 2021 una auditoría en la adquisición de las vacunas contra el COVID-19 y el plan de vacunación que inició el Ministerio de Salud. Analizarán los procesos desde agosto de 2020.

El viernes 19 de febrero, el contralor subrogante, Pablo Celi, dispuso que inicie el examen especial para establecer el cumplimiento o no de la legalidad en estos procesos.

Desde este lunes, la Dirección Nacional de Auditoría de Salud y Seguridad Social analiza las operaciones efectuadas entre el 1 de agosto de 2020 y el 19 de febrero de 2021, en esa cartera de Estado.

“El examen deberá determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas aplicables al proceso de vacunación y la veracidad, propiedad y legalidad de los procesos de adquisición de vacunas contra la Covid-19, su plan de vacunación, distribución y uso”, dice el documento. La Contraloría informó que el tiempo estimado para la ejecución de esta auditoría es de 92 días.

Varios actores políticos, de la academia y organizaciones sociales han criticado el bajo número de vacunas que han llegado hasta el momento (8.190 en enero y 16.380 en febrero). A esto, se suman las denuncias por no respetar la hoja de ruta para el proceso de inoculación en Ecuador.

Estaba previsto que la fase 0 o plan piloto inicie con la aplicación de las dosis a todo personal de primera línea y de geriátricos, tanto público como privados. A los pocos días, se conoció que Zevallos vacunó a su madre en una residencia de adultos mayores privada, que no formaba parte de la lista de Hospitales y geriátricos que formaban parte de esta primera dosis. Los médicos reclamaron que las vacunas se priorizaron en personal administrativo y no en los profesionales de salud como médicos, enfermeras, auxiliares, personal de las Unidades de Cuidados Intensivos.

La Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana y la Defensoría del Pueblo pidieron la destitución del funcionario. En la Fiscalía, se presentaron denuncias por presunto tráfico de influencias y en el Legislativo se calificó a trámite dos juicios políticos en su contra.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario