Juicio político en contra del ministro del Trabajo refleja conflicto laboral de Explocen

Dentro del conflicto laboral de la Fábrica Explocen C. A. el punto de interés está en las acusaciones ventiladas en el juicio político contra del ministro del Trabajo, Andrés Isch, que es acusado de incumplimiento de sus funciones.

Este juicio político en contra del principal de esta cartera de Estado, fue planteado por las legisladoras Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga (RC), mediante siete acusaciones que son la falta de acciones en defensa de los derechos de los trabajadores de la fábrica Explocen; arrogación de funciones en la aplicación de la Ley de Apoyo Humanitario; la no inscripción del impedimento para ejercer cargo público a María Paula Romo, quien fue censurada y destituida del cargo de ministra de Gobierno; y la responsabilidad del ministro del Trabajo al no fijar el nuevo salario básico unificado para el trabajador en el 2021.

Varias de las comparecencias durante la etapa de prueba referían al conflicto laboral de la empresa Explocen C. A., que se dedica a la fabricación de materiales explosivos. Este 5 de marzo comparecieron el inspector del Trabajo, Byron Lema; Santiago Machuca, árbitro del conflicto laboral; y, Diego García, director regional del Trabajo de Quito, quienes presentaron las acciones realizadas en este caso.

En horas de la tarde, a las 14:00, se prevé las comparecencias del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín; del ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño; de Byron Vizcaíno, gerente general de Explocen; y, de Alejandro Vela, director general del Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas.

El Conflicto laboral sostenido por los trabajadores de la fábrica Explocen C. A., desde el 30 de mayo de 2020 se declararon la huelga, exigieron la firma del contrato colectivo en relación con la estabilidad laboral que ha venido viene aplazándose desde el 2015. Luego de la declaración de esa medida de hecho, la parte acusadora afirma que se despidió a cinco trabajadores sin indemnización solo aplicando el artículo 169 numeral 6 del Código del Trabajo escudándose en fuerza mayor o caso fortuito.

En concordancia con el artículo 514 del Código del Trabajo, la paralización de las actividades en empresas que se dediquen a actividades que requieran cuidados permanentes se realice luego de 20 días de notificada la declaración de huelga al empleado; por ello, los trabajadores, según el expediente, recién paralizaron sus actividades el 13 de julio de 2020; es decir, transcurridos 25 días de su declaratoria cuando el actual ministro del Trabajo, Andrés Isch, ya estaba en funciones.

El los 20 días que transcurrían, los trabajadores y empleadores debían acordar las modalidades de los servicios mínimos, pero no hubo consenso alguno, por ello, la Dirección Regional del Trabajo debía fijarlas, pero esta acción no se cumplió hasta el día que se presentó el juicio político, afirman las partes acusadoras; pues el 14 de julio de 2020, la Dirección Regional del Trabajo fijó el número de trabajadores, en un porcentaje del 75% del personal que labora regularmente en cada centro de trabajo y para todas las áreas, y no señaló cuáles eran las modalidades de servicios mínimos, cuáles trabajadores y qué áreas debían funcionar.

En el expediente se demuestra cómo el 12 de julio de 2020, la fábrica Explocen fue militarizada por orden del Ministerio de Defensa, lo que impedía el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores, ya que el día 13 de julio cuando empezó la paralización, los empleados ya fueron impedidos de ingresar a las instalaciones por los militares y la vigilancia privada de la empresa. El ministro de Defensa asegura en una carta remitida a la Comisión de Fiscalización, que el personal de las Fuerzas Armadas habría realizado tareas de resguardo y vigilancia, y no una militarización.

Asimismo, Andrés Isch, ministro del Trabajo, pese a tener información de primera mano sobre el hecho no se pronunció, insinuando que ese es un asunto jurisdiccional, señalaron durante las comparecencias de los trabajadores y abogados laborales.

Los trabajadores de Explocen el 15 de julio de 2020, llevaron a la Corte Constitucional una demanda de incumplimiento del dictamen constitucional 3-20-EE por la militarización inconstitucional de la fábrica, en contra del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, por las acciones militares dispuestas, y en contra del ministro del Trabajo, Andrés Isch, por sus omisiones de precautelar el ejercicio del derecho constitucional a la huelga.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario

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