Asamblea tratará reformas a la Constitución y el caso carnés de discapacidad este jueves

Funcionarios no acreditados y sin perfil para ser calificador de la discapacidad; ausencia de documentos que respalden la calificación; emisión de carnés durante la emergencia sanitaria, pese a que el proceso se encontraba suspendido. Son algunas de las conclusiones a las que llegó la Comisión de la Salud sobre la investigación de las irregularidades en la entrega de carnés de discapacidad.

El Pleno de la Asamblea Nacional conocerá este informe, aprobado hace cinco meses (octubre 2020), el próximo jueves 11 de marzo a las 14h00.

Los asambleístas concluyeron que sí hubo varias irregularidades en la entrega de los documentos. Por ejemplo, que profesionales calificadores en ámbitos que no son de su competencia, registran a personas con discapacidad.

Además, hay datos reveladores de procedimientos inusuales en los que 22 profesionales del Ministerio de Salud, en su período laboral, emitieron 29.708 carnés, de los cuales 3.000 corresponden al período de pandemia, cuando estaban todos los procesos suspendidos.

Por ello, 1.650 están en proceso de notificación y 1.140 carnés en proceso de anulación si el ciudadano no efectúa los descargos correspondientes y 210 carnés emitidos fraudulentamente.

La Comisión recomienda el inicio de un juicio político en contra de los exministros de Salud, Catalina Andramuño y Juan Carlos Zevallos, y también contra el presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, Xavier Torres, por incumplimiento de funciones.

El jueves, el Pleno Legislativo también tiene previsto conocer, en segundo debate, el proyecto de reforma parcial de la Constitución, que lo impulsa el Comité por la Institucionalización Democrática con el objetivo de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la bicameralidad en la Asamblea y la independencia de la Fiscalía.

El Documento sugiere que no se realice la votación en bloque, sino que la deliberación responda a un análisis particular de cada artículo. Pese a que en la Comisión no se calificó de oportuno la reforma de la estructura, la Comisión señala que sí puede ser abordado en el Pleno cuando se realice el segundo debate.ç

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario

Universidad de Guayaquil queda sin rector y representante de la CIFI; dimite Passailaigue

Este martes 9 de marzo de 2021 a pocos días de la elección de las nuevas autoridades, el rector ypresidente de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional (CIFI) de la Universidad de Guayaquil, Roberto Passailaigue, dimitió a las funciones que desempeñaba desde octubre de 2018 y que habría culminado el 30 de agosto. Ahora lo reemplazará Monserrat Bustamante.

Este anuncio fue presentado en una rueda de prensa desarrollada en el salón del Consejo Universitario donde acudieron decanos y vicedecanos de varias unidades académicas.

La renuncia de Passailaigue se concretó a tres días del inicio de un proceso electoral que designará un nuevo rector y vicerrector, así como a los integrantes del Consejo Superior de la universidad más grande del país, por su número de estudiantes.

Como responsable del rectorado y de la CIFI estará Monserrat Bustamante, ella era la vicerrectora y a inicios del mes reemplazaba a Passailaigue, quien gozaba de un periodo de vacaciones.

“Una vez que hemos terminado todas las actividades contempladas en el plan de intervención, he decidido dar un paso al costado para que haya un periodo de transición en un ambiente ya no de animadversión contra quien representa la universidad”, expresó cuando lanzó al aire su renuncia con carácter de irrevocable.

Además, se difundió una carta de la renuncia del rector, allí destaca el trabajo realizado en su administración, sobre, el cinturón de seguridad instalado en la Ciudadela Universitaria, el mejoramiento de la infraestructura de varias facultadas, la acreditación de la universidad por cinco años, entre otros.

Señaló que el Gobierno no cumplió con el apoyo ofrecido a la intervención, de devolverle el Hospital Universitario y de entregarle recursos económicos para el mejoramiento de laboratorios. Pese a ello, la universidad se puso al día con la deuda al Seguro Social y canceló valores a los jubilados.

“La Universidad de Guayaquil no logra superar los problemas de 40 años, con dos o tres años de intervención. Se necesita el apoyo y el trabajo de toda la comunidad y que se termine por completo la delincuencia organizada que reina dentro de ella”, recordó.

Passailaigue fue interventor designado, en octubre de 2018, por el Consejo de Educación Superior (CES), después de una disputa sobre quién debía subrogar el rectorado una vez que la Contraloría General del Estado dispuso la destitución de Galo Salcedo, por emitir 28 títulos universitarios de manera irregular. Incluso, habría un presunto perjuicio al Estado por más de USD 8 millones, de incrementos de sueldo sin la debida justificación.

Dicha intervención era para tres meses pero terminó en enero de 2019. Sin embargo, se prolongó por 24 meses más, esta vez debía terminar el 9 de enero de 2021, pero nuevamente se volvió a prorrogar hasta el 31 de agosto de este año. Passailaigue se retiró del salón en medio de aplausos y abrazos de los asistentes.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario

Despenalización del aborto por violación en niñas y adolescentes entra a debate en la Asamblea Nacional

El proyecto de Código para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna), plantea despenalizar el aborto en niñas y adolescentes si el embarazo es consecuencia de una violación.

La Comisión Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia de la Asamblea Nacional prepara el informe para segundo y definitivo debate de lo que será el código en materia de niñas, niños y adolescentes, y tiene plazo hasta este 10 de marzo para aprobar el documento, según lo determinó el Consejo de Administración Legislativa (CAL), tras una octava ampliación de permanencia de la comisión.

El borrador de informe consta de al menos 650 artículos, más las disposiciones generales, transitorias y reformatorias. En esta última se incluye una reforma al artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), referente al aborto no punible, donde se señala que: “El aborto practicado por un médico u otro profesional de la salud capacitado, que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares íntimos o su representante legal, cuando ella no se encuentre en posibilidad de prestarlo, no será punible en los siguientes casos (…)

Los legisladores miembros de la comisión acordaron que a continuación del numeral 2, del artículo 150 del COIP, se incorpore el siguiente texto: “Si el embarazo es consecuencia de una violación a la niña o adolescente”.

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En el debate, la experta en área de derechos de la niñez, Berenice Cordero, sugirió que para no poner en peligro toda la Ley, se proponga que el aborto no punible por violación sea para niñas hasta los 14 años de edad y personas con discapacidad, pues dijo que son 2.600 embarazos al año en el país, lo cual es una afectación gravísima, dijo. Ese planteamiento lo apoyó la legisladora Gloria Astudillo (CREO-SUMA).

Astudillo advirtió que dentro de la Asamblea existen posiciones radicales respecto al tema del aborto, y lamentó que por la inclusión de este articulado como disposición reformatoria se podría echar abajo el código en discusión; y recordó que el pleno ya intentó incluir este tema, pero que no se dio paso.

En efecto, la Asamblea Nacional en la sesión plenaria del 17 de septiembre de 2019 negó la despenalización del aborto en caso de violación, contemplada dentro del proyecto de reformas al COIP.

La activista en temas de derechos de niñez Sara Oviedo recordó que los niños en el país respaldados en 20.000 firmas presentaron una propuesta para este Código, y que el tema del aborto por violación para niñas y adolescentes es uno de los pedidos fundamentales.

La legisladora Gabriela Larreátegui (SUMA) también apoyó el planteamiento de la despenalización del aborto por violación a niñas hasta los 14 años de edad, pero señaló que de todos modos se tendrá oposición en la Asamblea, y por ello dijo que está de acuerdo dejarlo que el aborto por violación se permitirá para niñas y adolescentes. La posición de Larreátegui fue respaldada por el legislador Franklin Samaniego (RC).

La presidenta de la comisión ocasional, Encarnación Duchi (PK-BIN), explicó en la mesa lo que actualmente establece el artículo 150 del COIP, respecto a la interrupción del embarazo, pero que se propone que también se proceda a la interrupción del embarazo cuando exista violación de las niñas y adolescentes hasta los 18 años de edad. Que si bien el tema del aborto es álgido se debe dar pasos firmes.

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Indicó que si en el debate en el pleno se presentan posiciones radicales se puede mediar en el texto, pero que la inclusión de una reforma al artículo 150 del COIP, se mantiene.

Anticoncepción oral de emergencia

El proyecto de código, que espera la aprobación del informe para segundo debate, incluye temas referentes a derechos de las niñas y adolescentes víctimas de violencia y se plantea el acceso gratuito a anticoncepción oral de emergencia y a información sobre interrupción terapéutica del embarazo en caso de violación y/o abuso sexual o riesgo a la salud integral de la niña o la adolescente.

También en el artículo referente al derecho a la protección de niñas y adolescentes en condición de embarazo, se propone que sin perjuicio de las normas, políticas y acciones públicas y privadas encaminadas a la prevención y erradicación del embarazo infantil y adolescente, las niñas y adolescentes embarazadas tienen derecho a la protección especial y a la atención integral por parte del Estado.

Esta atención integral comprenderá el derecho a acceder a procedimientos de interrupción del embarazo en condiciones de seguridad y salubridad para evitar el riesgo para la vida, para la salud integral de la niña o adolescente embarazada y en caso de violación, después conocer y comprender a nivel social y psicológico, exhaustiva y profundamente los efectos.

El código en discusión incluye los derechos a la salud sexual y reproductiva, donde se propone que las niñas, niños y adolescentes tendrán autonomía, libertad y el derecho a la integridad sexual; el derecho a tomar decisiones autónomas sobre su proyecto de vida, su cuerpo y su salud sexual y salud reproductiva, por tanto, libre de toda violencia, coacción o discriminación, el acceso a información y formación sobre sus derechos y el acceso real y efectivo a servicios integrales de salud sexual y salud reproductiva, educación sexual integral, consejería en sexualidad y planificación familiar, conforme su edad y autonomía progresiva.

Contempla el acceso a métodos anticonceptivos, pues se determina que las y los adolescentes tienen derecho a acceder de manera gratuita a métodos anticonceptivos en los centros de salud públicos o privados, incluida la anticoncepción oral de emergencia.

Estos no podrán ser denegados por los servicios de salud cuando las y los adolescentes los requieran. Los servicios de salud públicos o privados que faciliten el uso de métodos anticonceptivos a las y los adolescentes, deberán entregar además información sobre salud sexual integral como sobre la correcta utilización de métodos anticonceptivos, los riesgos de iniciar una vida sexual en forma precoz, los efectos de un embarazo adolescente y orientación en torno a factores de riesgo.

Plazo para el informe segundo debate

Tras dos años y medio, la comisión ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia presidida por Encarnación Duchi (PK-BIN) no termina de aprobar el informe para segundo y definitivo debate del Copinna, cuyo plazo vence este miércoles10 de marzo.

Esta comisión fue creada en octubre del 2018 para un periodo de duración de seis meses, pero hasta el momento lleva ocho veces en que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) amplía su permanencia y el último plazo vencerá el 31 de marzo; sin embargo, el órgano administrativo de la Asamblea puso un ultimátum a la comisión ocasional para que presente el informe para segundo debate hasta este miércoles 10 de marzo.

La comisión ocasional está integrada por los asambleístas Encarnación Duchi (PK-BIN), Franklin Samaniego y Verónica Arias (RC), Gabriela Larreátegui (SUMA), Brenda Flor (AP), Gloria Astudillo (CREO-SUMA), Ángel Sinmaleza (IND) y Karina Arteaga (antes de AP).

Este 9 de marzo, la comisión ocasional en su orden del día constaba la aprobación del informe para segundo debate, pero su trabajo se centró a una nueva revisión de algunos textos donde no había consenso, debatir las disposiciones generales, transitorias y reformatorias. La sesión que se instaló a las 08:00 se suspendió a las 13:42.

En la sesión también esperaban conocer la renuncia de la legisladora Dayllana Passailaigue (PSC), a seguir dentro de la comisión ocasional, aunque el documento ingresado a la Presidencia de la Asamblea Nacional tiene fecha julio de 2020.

En la carta de dimisión, Passailaigue denuncia que la elaboración del proyecto de código que discute la comisión estaría en manos de dos organizaciones de la sociedad civil que aportan para sostener a los asesores que trabajan en la reforma, tras las medidas de austeridad aplicadas por la Asamblea Nacional. Esa participación externa en la elaboración del proyecto estaría causando malestar en otras agrupaciones cuyos informes técnicos y jurídicos no han sido tomados en cuenta, advierte la legisladora socialcristiana.

Otros temas

El proyecto de código también incluye temas como la adopción, la patria potestad, custodia en el cuidado y protección, así como el régimen de protección económica.

En el tema de protección económica que actualmente se conoce como pensiones alimenticias, se plantea que esta protección incluya también a personas adultas hasta la edad de 24 años de edad, que demuestren que se encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios y suficientes.

Protección de hijos hasta los 24 años de edad

En el tema de adopciones, se determina que las medidas de apoyo para la reinserción familiar, no pueden extenderse más de seis meses, cuando hay orfandad respecto a ambos progenitores dentro del proceso de investigación para dar con el paradero de los progenitores y parientes, en caso de no encontrarlo el juez debe declarar de inmediato la adoptabilidad.

Para los casos de niñas o niños menores de doce meses de edad abandonados o entregado a terceros o instituciones públicas o privadas, el juez debe declarar su actitud legal para ser adoptado en el término máximo de tres meses, el proceso de adoptabilidad tiene que hacerse por vía sumaria, la decisión del juez debe notificarse a la unidad de adopciones en tres días. 

Fuente: El Universo, Diario Bicentenario

Gobierno adeuda USD 650 millones a maestros jubilados

Decenas de maestros jubilados protagonizaron una nueva manifestación en contra del Gobierno Nacional, debido a una deuda que asciende a USD 650 millones. La Coordinadora de Maestros Jubilados del Ecuador Alfonso Yánez Montero denunció que existe una deuda con 11.069 maestros por varios años.

A esta manifestación se sumaron los extrabajadores de los medios incautados, los cuales pidieron que antes de que se termine el gobierno se les cancelen los dineros de indemnizaciones y pagos del IESS, entre otros.

Actualmente, el Gobierno Nacional necesitaría USD 2.250 millones aproximadamente para cubrir los ofrecimientos a servidores públicos de primera línea, a quienes quedaron en el desempleo en la pandemia; así como deudas con la petrolera estatal y otros rubros pendientes con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Por su parte, Cecilia Paredes, representante de los maestros jubilados, indicó que el Gobierno no les ha dado una respuesta concreta sobre el dinero que debe entregarse para este año, ni tampoco formalizó un cronograma de pagos.

Desde hoy, la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) iniciará con un paro indefinido para exigir al Gobierno Central que se ponga al día con sus obligaciones.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario

3 personas fueron detenidas por el secuestro y asesinato de un menor en El Carmen, provincia de Manabí

Este lunes 8 de marzo de 2021 la Policía nacional confirmó la detención de 3 personas por el secuestro y asesinato de Anthony J.M.S. de 7 años. El menor desapareció el pasado domingo 7 de marzo en la cooperativa Auraluz, en el cantón El Carmen.

El infante habría sido asesinado y secuestrado por el ex conviviente de la madre, quien también era su padrastro. Por lo cual, la Fiscalía formuló cargos contra Luis J., como presunto autor directo; Jesús C., como coautor; y, Juan C., como cómplice, del delito de desaparición involuntaria del niño.

Los moradores de la cooperativa de Auraluz identificaron a los secuestrados por las imágenes captadas en la una cámara de video. Ante la búsqueda y rabia de los ciudadanos, los cómplices confesaron que el menor de edad fue asfixiado mientras le tapaban la boca con fuerza en un intento por callar sus gritos de auxilio.

Por otro lado, el cuerpo del pequeño Anthony aún no ha podido ser ubicado por las autoridades, por lo cual, la Fiscalía no puede procesar a los presuntos asesinos por otro delito.

Uno de los acusados confesó que los restos de la víctima fueron dejados en un estero, pero la lluvia y la altura del agua habrían arrastrado el cadáver.

Efectivos de la Policía Nacional continuarán con la búsqueda del cuerpo del menor este martes, 9 de marzo de 2021.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario

En Galápagos exigen justicia por violación grupal a adolescente de 15 años

El pasado 07 de noviembre de 2020, una adolescente de 15 años fue violada por un grupo de amigos en una embarcación, en la Isla Santa Cruz, en Galápagos. Sin embargo, el 15 de enero de 2021 un juez de primera instancia absolvió a uno de los presuntos involucrados.

Ante el hecho, colectivos de la sociedad han realizado marchas pacíficas en rechazo de este hecho y en exigencia de justicia. 

Según Stalin Oviedo, abogado defensor, esa noche de noviembre, la joven se encontraba junto a tres amigos  y tres marineros que en el barco.

«Toman licor, juegan parchis y en un momento dado, se quedan dos de los tres chicos con la chica. Ella pierde el conocimiento y al día siguiente se levanta con ellos dos desnudos y ella desnuda», relató.

Al día siguiente, uno de los sospechosos habría intentado abusar de ella, nuevamente, mientras la joven buscó comunicarse con alguien de su familia, pero le habrían quitado su teléfono celular. 

Oviedo comentó que el día de la audiencia de flagrancia, la Fiscalía de Galápagos formula cargos a uno de los involucrados por el robo del celular, mas no por la presunta violación. 

«Únicamente le formulan cargos a la persona que es descendiente de políticos de las islas», denunció el abogado.

El pasado jueves 4 de marzo, la Corte Provincial del Guayas suspendió la audiencia de apelación dentro de este caso y fijará una nueva fecha para la diligencia.

Ante la falta de celeridad por parte de la justicia ecuatoriana e irregularidades denunciadas por el abogado, colectivos feministas iniciaron la campaña «Yo si te creo» y con marchas y plantones exigen que este caso no quede en la impunidad.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario

Delegados del Ejecutivo están listos para cita en la que se analizará Ley de Defensa de la Dolarización

Una vez que la semana anterior se acordó entre el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, y el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, instalar mesas de trabajo para revisar el proyecto de Ley de Defensa de la Dolarización, ya se conoce de parte del Ejecutivo quienes la integrarán.

Durante una entrevista televisiva, el ministro Pozo comentó que los delegados del Ejecutivo serán del Ministerio de Economía; de las Superintendencias de Bancos y Economía Popular y Solidaria; de la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera; y del Banco Central.

El secretario de Estado mencionó que el primer encuentro está previsto para este martes 9 de marzo, a las 10:00.

Explicó que el objetivo es trabajar, revisar y modificar textos en un plazo de ocho días para poder ingresar el proyecto de ley nuevamente a la Asamblea Nacional y que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) le dé trámite.

Según el funcionario, el cuerpo normativo busca una autonomía del Banco Central, transparentar las cifras de las reservas, recomponer los cuatro sistemas de dicha institución, e impedir que la entidad entregue dinero a los gobiernos de turno.

Comentó que se está tratando de conversar para ajustar el tema de la autonomía del BCE, así como de las operaciones de redescuento y papeles de la banca privada.

Sostuvo que el BCE no es un banco comercial que presta dinero, sino uno que administra reservas de terceros: GAD, depósitos de ciudadanía, IESS, entre otros.

Pozo aseveró que el Gobierno hará todo lo posible para que la ley se apruebe, debido a que eso también espera el Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte de los compromisos del acuerdo financiero suscritos con el país.

Si el Gobierno cumple con los compromisos, el FMI desembolsará en abril USD 450 millones.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario