Anatomía del gasolinazo

En octubre de 2019 el decreto No. 883 provocó el rechazo ciudadano al eliminar los subsidios y liberar los precios de los combustibles, específicamente del diésel y la gasolina súper, la consecuencia fue el alza inmediata de precios. Al anunciar esta medida el presidente Lenín Moreno sostuvo que los recursos empleados en este subsidio habían “beneficiado durante décadas a quienes no los necesitaban, a los que viven del contrabando”. Las manifestaciones desembocaron en la derogación del decreto, tras jornadas que paralizaron al Ecuador, arrojando además muertos y heridos después de enfrentamientos entre ciudadanos y la fuerza pública. Pero en mayo de 2020 se emite un nuevo decreto, el 1054. Éste implementa un sistema de banda móvil que oscila entre más/menos el 5%, pero no se incluía aún al gas licuado de petróleo (GLP).

En abril de 2020 el entonces ministro de energía, René Ortiz, manifestó en Ecuavisa que era el momento de sincerar la economía, añadía que existía una “enorme preocupación en el Ecuador de esta forma de mantener los subsidios de manera generalizada”. En mayo de 2020 Diario Expreso recogía la explicación de Ortiz sobre el nuevo decreto 1054, señalaba que “el nuevo sistema de bandas se establece con pisos y con techos”.  Lo que implicaba que se permitía la “fluctuación de acuerdo al precio en el mercado internacional del barril de petróleo WTI (West Texas Intermediate), pero habría “un tope máximo de incremento que no podrá superar”.

El ex presidente Rafael Correa expresó en enero de 2020 su desacuerdo con las medidas que intentó  adoptar Moreno en 2019.  A través de la red social Facebook, manifestó que la manera de enfrentar reducir gradualmente los subsidios, sin impacto social, era la adopción de medidas como el programa de concinas de inducción, los planes de transporte público masivo, la implementación de automóviles eléctricos, el reemplazo de motores a diésel en camaroneras.

Diario El Universo calificaba al sistema de bandas como “un intento prudente de liberalizar precios de los combustibles” en una noticia publicada en mayo de 2020. En la misma nota Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UDLA, indicaba que “si el crudo subiera en 1 %, los combustibles también lo harían en ese porcentaje, pero si llegara a subir en 20 %, el incremento solo sería de 5 %.

La pandemia implicó un duro golpe al petróleo, el portal Business Insider reporta que el precio del barril WTI incluso alcanzó un precio negativo, -37.63 dólares, en abril de 2020. Éste recuperó lentamente su valor hasta llegar a los 48,40 dólares el 30 de diciembre de 2020. Sin embargo, en marzo de 2021 las circunstancias han cambiado,  el 3 de marzo el precio por barril llegó a los 66,02 dólares, el precio más alto desde 2018. Bajo el esquema vigente, el precio de los combustibles ya reciben el impacto de este incremento. El 10 de marzo de 2021 la gasolina extra pasó de $ 1,75 a $ 1,83 por galón, el diésel subió 3 centavos hasta 1,40 por galón y la gasolina súper  alcanzó el recio récord de $2,95 por galón.

Las reformas continuaron, porque el 24 de septiembre de 2020 aparece el decreto número 1185. El economista Pablo Dávalos advertía, en una entrevista con Jimmy Jairala, que bajo este nuevo instrumento legal “los precios se someten a la oferta y demanda del mercado” y  añadía que esto “nunca es estable”. Manifestaba además que los precios serían “impuestos por actores del segmento de comercialización, a lo que calificó como un proceso de  “privatización”. En esta ocasión ya se incluye al GLP.

Pero Dávalos, en una entrevista con diario El Universo en  diciembre de 2019, también manifestó que el gobierno tenía “que  cumplir con el FMI y este le ha exigido la condicionalidad de eliminar los subsidios, y para eso debe presentar una estrategia de focalización tendiente a atenuar la protesta social”.  Sostenía que esta medida no tenía relación con la falta de liquidez en el Estado, sino que se buscaba “cumplir la agenda de las Cámaras, que quieren participar en el proceso de privatización, en la venta del Banco del Pacífico, en la concesión de carreteras. Quieren reducir los salarios, flexibilizar el trabajo. Pero no hay ninguna necesidad de acudir al FMI”.

Bajo el sistema actual, aún se puede esperar nuevos aumentos en los precios de los combustibles.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario

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