Yaku Pérez dice que Lasso le ofreció 5 ministerios y Arauz un alto cargo (ambos candidatos lo niegan)

Los candidatos Guillermo Lasso y Andrés Arauz negaron haber realizado ofrecimientos al líder indígena Yaku Pérez, quien dijo que ambos candidatos le ofrecieron altos cargos, en el caso de Arauz, y 5 ministerios, en el caso de Lasso. Así lo expresó en la asamblea del Consejo Político, según detalló Pachakutik a través de un comunicado.

La respuesta de los denunciados no se hizo esperar, el candidato correísta, indicó que jamás se ha reunido con Yaku Pérez

En tanto que el guayaquileño, Guillermo Lasso, alegó que «única reunión con Yaku Pérez fue pública, transparente y los temas tratados fueron de conocimiento de los ecuatorianos».

Fuente: Ultima Hora, Diario Bicentenario

Exministra de Salud, Catalina Andramuño, no tendrá un juicio político

El artículo 131 de la Constitución establece que este tipo de pedidos solo proceden “durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminarlo”.

La exministra de Salud, Catalina Andramuño, ya no será objeto de un juicio político por parte de la Asamblea Nacional por las irregularidades en las entregas de carnés de discapacidad. La funcionaria renunció a su cargo el 21 de marzo del 2020.

Este martes 23 de marzo de 2021, la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional presentó el informe sobre el caso de entrega fraudulenta de carnés de discapacidad en el país y ahí se pudo conocer que Catalina Andramuño ya no tendrá un juicio político.

Andramuño no será objeto de un juicio político porque el artículo 131 de la Constitución establece que este tipo de pedidos solo proceden “durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminarlo”. La exministra de Salud renunció el pasado 21 de marzo de 2020.

William Garzón, presidente de la Comisión de Salud, lamentó que el informe de este caso demoró hasta 5 meses en llegar al pleno. En el documento se recomienda el inicio de un juicio político contra Juan Carlos Zeballos, tercer ministro de Salud en el gobierno de Lenín Moreno.

Durante el debate de este informe, varios legisladores calificaron de “hipocresía” que el documento demorara tanto en llegar al pleno y libre a Andramuño del juicio del legislativo.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario

En junio, el FMI definirá entrega de USD 650 mil millones a sus países miembros

De los USD 650 mil millones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene previsto entregar a distintos países del mundo, a Ecuador le correspondería USD 1.000 millones, cuya transferencia se definiría en junio de este año.

Este 23 de marzo, el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) discutió una ampliación del capital de sus países miembros para afrontar la crisis provocada por el coronavirus.

La postura del organismo internacional ubicaría al Ecuador como uno de los países beneficiarios, una vez que el ente extendería sus Derechos Especiales de Giro (DEG)

En un comunicado, el FMI dio a conocer que la transacción de los USD  650 mil millones que se distribuirán entre los países asociados no implicará una nueva deuda.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, indicó que está muy animada por las discusiones iniciales sobre una posible asignación de los DEG porque beneficiaría a todos los países miembros y respaldaría la recuperación mundial de la crisis provocada por la Covid-19.

Expresó que eso sería “una señal poderosa de la determinación de los miembros del FMI de hacer todo lo posible para superar la peor recesión”.

Comentó que si se aprueba una nueva asignación de los DEG sería un impulso sustancial y directo de liquidez a los países, sin aumentar la carga de la deuda.

Acotó que esto liberaría recursos muy necesarios para que los países miembros ayuden a combatir la pandemia, incluido el apoyo a los programas de vacunación y otras medidas urgentes.

“Tengo la intención de presentar en junio una propuesta formal al Directorio Ejecutivo para considerar la asignación de los USD 650 mil millones, basada en una evaluación de las necesidades de reservas globales a largo plazo de los países miembros del FMI, y en consonancia con el Convenio Constitutivo y el mandato”, precisó.

Explicó que el personal técnico del FMI desarrollará nuevas medidas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los DEG.

Dijo que el personal también exploraría opciones para los miembros con sólidas posiciones financieras con el fin de reasignar los recursos.

Para que la propuesta de entrega de este dinero se concrete deberá primero el Director Gerente presentarla y ser aprobada por la Junta Ejecutiva.

Posteriormente, se presentará a la Junta de Gobernadores, cuya decisión de aprobar una asignación de los DEG requeriría el apoyo de miembros que representen el 85% de la mayoría del total de votos.

El valor de un DEG se fija en una canasta de cinco monedas principales: el dólar estadounidense, el euro, el yuan chino, el yen japonés y la libra esterlina. Al momento, 1 DEG está valorado en USD 1,43.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario

Nuevo ministro de Salud pide renuncia de coordinadores zonales y máximas autoridades de hospitales públicos del país

Esta solicitud se da a 60 días de que abandone su cargo.

Mauro Falconí, nuevo Ministro de Salud, solicitó que se presente en su despacho la disponibilidad del cargo de los coordinadores zonales de Salud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De la misma manera, pidió la renuncia de todos los gerentes y directores de hospitales y distritos que se encuentran bajo su jurisdicción.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=pichinchauniver&dnt=true&embedId=twitter-widget-0&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1374730780518322179&lang=es&origin=http%3A%2F%2Fwww.pichinchacomunicaciones.com.ec%2Fnuevo-ministro-de-salud-pide-renuncia-de-coordinadores-zonales-y-maximas-autoridades-de-hospitales-publicos-del-pais%2F&siteScreenName=pichinchauniver&theme=light&widgetsVersion=e1ffbdb%3A1614796141937&width=550px

Este miércoles 23 de marzo, el titular de Salud emitió un memorando para solicitar la renuncia a estos funcionarios. Esta decisión se habría dado después de que el propio Presidente de la República, Lenín Moreno, reveló que nunca existió un plan de vacunación contra la Covid-19.

Ante esto, Falconí solicitó que coordinadores zonales, gerentes y directores de hospitales, que forman parte de la red de salud pública del país presenten sus renuncias.

En el documento notifica la renuncia de los siguientes funcionarios:

  • Salomón Proaño Ramón (coordinador zonal 1 – Salud)
  • Alfredo Antonio Amores Ulloa (coordinador zonal 2 – Salud)
  • Édgar Augusto Bravo Paladines (coordinador zonal 3 – Salud)
  • Tatiana Monserrate Mendoza Intriago (coordinadora zonal 4 – Salud – encargada)
  • Jorge Luis Romero Sornoza (coordinador zonal 5 – Salud)
  • Julio César Molina Vázquez (coordinador zonal 6 – Salud)
  • Ana Gabriela Luzuriaga Carrión (coordinadora zonal 7 – Salud)
  • Jhonatan David Guacho Bonilla (coordinador zonal 8 – Salud)
  • Camilo Alvear Zacarías (coordinador zonal 9 – Salud)

“Agradeceré a usted, se sirva presentar a este despacho, la disponibilidad de su cargo (…) De igual manera, se solicite la disponibilidad a los gerentes y directores de los hospitales y distritos que se encuentren bajo su jurisdicción”.

Cabe recordar que  Falconí es el quinto ministro de Salud del Gobierno de Lenín Moreno, y el cuarto durante la pandemia por Covid-19.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario

Asambleísta Fabricio Villamar será investigado por irregular obtención de carné de discapacidad

De extemporáneo calificaron legisladores de todas las bancadas al informe de la Comisión de Salud en torno a la entrega fraudulenta de carnés de discapacidad, que este martes 23 de marzo fue acogido por el Pleno, mediante resolución.

El informe recién la víspera llegó a conocimiento del Pleno, cuando la Comisión lo aprobó hace seis meses. Incluirlo en la agenda de las sesiones es responsabilidad del presidente del Legislativo, César Litardo.

En el documento, la mesa de Salud recomienda iniciar un proceso disciplinario en contra del asambleísta Fabricio Villamar, por la obtención irregular y utilización ilegítima del carné de discapacidad, que podría dar lugar a su destitución, a menos de dos meses de que termine el período legislativo.

Según el informe, el Ministerio de Salud detectó irregularidades en la entrega de un documento de este tipo para Villamar y que “se benefició de descuentos en el pago de tributos y con la importación de un vehículo, hechos que riñen con el correcto proceder de los asambleístas”.

En cambio, la exministra de Salud, Catalina Andramuño, no podrá ser enjuiciada políticamente, porque ya transcurrió el año de plazo que la Legislatura tenía para llevar a cabo el proceso. A criterio de Nancy Guamba, es una hipocresía una de las recomendaciones de llevar a juicio político a Andramuño, lo que ya no será posible porque ella renunció hace más de un año.

Los parlamentarios Israel Cruz (Suma), Marcia Arregui (AP), Ramón Terán (PSC) y Alberto Zambrano (AP) rechazaron haber sido involucrados en el escándalo.

Arregui sostuvo que no sacó el carné de discapacidad para evadir responsabilidades. Aseguró que obtuvo el documento en un trámite normal, por una enfermedad. Lo mismo justificaron Cruz y Terán, incluso antes de llegar a la Legislatura, dijeron y condenaron el tratamiento del tema en medios y redes sociales.

“Había un asambleísta tirado a adalid, a impoluto, el que denunciaba a todo el mundo, el que denunciaba la corrupción y resulta que él sí utilizó su carné de discapacidad para traer vehículos, para evadir tributos e inclusive pensiones alimenticias; vergüenza, por él estamos en este tipo de inconvenientes”, manifestó Arregui.

«La Asamblea tiene que reivindicar el nombre de quiénes fueron salpicados (sin justificación) en estos escándalos de los carnés de discapacidad fraudulentos», reclamó Elizabeth Cabezas (AP), cuyo esposo también fue beneficiario de tal credencial.

“Queda claro que no son los 137 asambleístas que tienen un carné de discapacidad”, anotó William Garzón (AP), presidente de la Comisión de Salud.

Finalmente, con 125 votos a favor y una abstención, el Pleno aprobó la resolución que dispone investigar a Villamar, a través de una comisión multipartidista. La denuncia será presentada por Rodrigo Collaguazo (AP).

El informe recomienda que la Asamblea inste a las máximas autoridades de las funciones Ejecutiva, Judicial, Electoral y de Transparencia y otros órganos del poder público a cumplir con el principio de legalidad consagrado en la Constitución y con su obligación de remitir a la Legislatura, la información que le sea requerida, a fin de no obstruir su competencia de fiscalización y control político.

La exigencia al Ministerio de Salud Pública y al Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidad se enfoca, especialmente, en el procedimiento establecido para viabilizar el otorgamiento de los certificados médicos emitidos por los profesionales de centros prestadores de salud privados, que deben contar con las garantías necesarias de veracidad sobre la especialidad acreditada para esta finalidad, con el propósito de que su uso sea el correcto y evitar situaciones como las presentadas durante las sesiones en este proceso de fiscalización.

A la Contraloría y Fiscalía General para que dentro del debido proceso concluyan las acciones administrativas y preprocesales iniciadas, a fin de que las instancias judiciales cuenten con los elementos de convicción suficientes para continuar con los procesos y, de ser el caso, ejecuten las sanciones ejemplificadoras por la presunta irregular emisión, obtención, uso y abuso de los carnés de discapacidad que afecta al interés colectivo y estatal.

Al Ministerio de Salud que presente un reporte actualizado respecto del seguimiento y estado procesal actual de las denuncias que presentó en la Fiscalía General, respecto a los 22 funcionarios que emitieron 29.708 carnés, de los cuales 2.454 presentaron irregularidades; mismo que se será remitido a la Comisión del Derecho a la Salud.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario

MSP emitió lineamientos para vacunar y los gerentes de Hospitales o coordinadores zonales decidieron a quién beneficiar, según abogado de Zevallos

El ministro no determina a todos los que se vacunan, hay una mesa técnica que trabaja con una coalición privada con quien se hace todo el proceso de vacunación, agregó.

Pablo Encalada, abogado del exministro Juan Carlos Zevallos, aseguró que el proceso de “Vacunas VIP” no corresponde a un delito, más allá de la reacción ciudadana que se ha mostrado indignada, tras conocer a los beneficiarios; en ese contexto subrayó que tampoco hay una normativa donde se indique cómo se debió inocular a la población y en qué orden, tomando en cuenta que las vacunas son un derecho universal y gratuito.

“Lo que se reprocha es que en función a un plan de vacunación donde se priorizó a adultos mayores de centros geriátricos y personal de salud de primera línea, hayamos visto a personas que no debieron estar vacunas pero fue un error que no configura dentro de un delito

Explicó que no existe un tráfico de influencias porque para ello debió registrarse un acto donde Zevallos hubiese hecho prevalecer su jerarquía y disponer a otra persona que resuelva sobre algún tema que vaya en contra del derecho: “Aquí la pandemia cogió de sorpresa, no hay una norma de cómo se debe vacunar, a quién se debe vacunar o en qué orden”.

Aseguró además que su cliente no conocía de todos los beneficiarios porque desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) se emitieron lineamientos y  perfiles de quienes deben vacunarse, sin embargo, dijo, al ser miles de dosis se dejó en manos de los Gerentes de Hospitales y Coordinadores Zonales para que identifiquen al personal de primera línea o a las personas de la tercera edad.

“Son los gerentes de hospitales o Coordinadores Zonales los que determinan y ahí están Los Rotarios e incluso el Club de Leones, pero de este último nadie cuestionó porque vacunaron a los médicos, pero en Rotarios se vacunaron personas que no estaban dentro del lineamiento, cómo podía conocer esto el ministro Zevallos”.

Respecto a la vacunación de la madre, suegra y esposa del exministro, Encalada indicó que las dos primeras estaban en el mismo Centro Geriátrico que era parte de los lineamientos porque corresponden a personas de la tercera edad: “No sé si fue lo políticamente correcto. Hubo un mal manejo de información del Estado donde no hay un estudio de los centros geriátricos, pero si se vacunaron a 1.100 personas en centros, sin embargo solo publicaron de la mamá y suegra”.

El abogado detalló que no se ha publicado la lista de beneficiarios porque están protegidos bajo el derecho a la intimidad: “Ellos no saben si puede o no publicar, yo entiendo que están esperando la orden de un juez, si un juez ordena que se publique tienen que hacerlo”.

Reiteró que el Ministro de Salud no es quien resuelve como escoger a los beneficiarios sino que hay una mesa técnica que trabaja con una coalición privada con quien se hace todo el proceso de vacunación: “Yo entiendo que los radiodifusores fueron llamados porque se estaban vacunando otros adultos mayores y había unas dosis sobrantes y ahí les vacunaron”,

Aseveró que las vacunas vienen en presentación de seis dosis por cada paquete, mismo que si se abre, tiene que usarse todo dentro de las 24 horas, de ahí que en el Centro de Salud donde se vacunaron radiodifusores, al no tener a toda la gente prevista para inocular, los llamaron para beneficiarlos. “Debió haber una lista de contingente, pero tampoco es un delito”.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario

Defensor del Pueblo pide prohibición de salida del país para Moreno y sus ministros

La mañana de este martes 23 de marzo, el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) por los presuntos delitos de lesa humanidad que habría cometido el Estado y sus autoridades en octubre del 2019. Como parte de esta diligencia, solicitó que se formulen cargos de manera urgente en contra del Presidente de la República, Lenín Moreno, sus ministros y exautoridades involucradas, además, que se les prohíba la salida del país.

Luego de que la Comisión Especial para la Verdad y Justicia sobre octubre del 2019 concluyó que en las protestas existieron delitos de lesa humanidad y responsabilizó al Estado y sus autoridades por el uso excesivo de la fuerza, persecución política, ataques a la libertad de expresión y tortura a los manifestantesel titular de la Defensoría del Pueblo, Freddy Carrión, presentó una denuncia en Fiscalía, para que se inicien las indagaciones correspondientes.

Carrión explicó que el informe de la Comisión para la Verdad y la Justicia, creada por la DPE, revela un indicio de cometimiento del delito de lesa humanidad, por lo cual es de suma importancia para el país conocer lo que realmente sucedió en las protestas de Octubre del 2019.

“Como DPE entregamos el informe a la Fiscalía para que investigue y sancione a quienes vulneraron los derechos. Es urgente la reparación, ya que ningún proceso de reconciliación nacional es posible sin antes establecer la debida justicia y garantías de reparación a las víctimas de octubre 2019”.

Dentro del proceso, el Defensor del Pueblo pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) que recepte las versiones del Presidente de la República, Lenín Moreno, de la exministra de Gobierno, María Paula Romo, del excomandante General de la Policía, Nelson Villegas, del Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, del exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roque Moreira, del exjefe de Operaciones de la Policía, Patricio Carrillo, y del excomandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito, Víctor Aráus, con el fin de excalrecer los hechos y garantizar el derecho a la verdad de las víctimas.

Para estas personas, también solicitó la Fiscal General, Diana Salazar, que se formulen cargos de manera urgente y se requiera a un Juez de la Corte Nacional de Justicia, que dicte las medidas cautelares personales previstas en la ley para asegurar la presencia de las personas mencionadas en ésta denuncia, tomando en cuenta que sobre todo las altas autoridades de la Función Ejecutiva que tiene fuero de corte.

En el caso de la María Paula Romo, exministra de Gobierno, se pidió que se activen los mecanismos internacionales previstos en la Ley, con el fin de que sea notificada y comparezca al proceso.

En el caso de la Ex Ministra María Paula Romo Molina, como se ha hecho público ella se encuentra en Washington por las funciones que realiza su esposo en la Organización de Estados Americanos, por lo que solicito, que se le notifique a través de la Embajada del Ecuador en Washington con el inicio de la presente indagación, y de ser necesario se activen todos los mecanismos de cooperación penal internacional para que la denunciada comparezca a todas las fases y etapas del proceso”.

Por otra parte, solicitó a la FGE que la investigación previa por el presunto delito de lesa humanidad sea tramitado por la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, en estricto apego a los estándares internacionales de investigación en casos de violaciones de derechos humanos, lo cual incluye que participe de la investigación personal civil para garantizar la imparcialidad de los procesos y experticias.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario