Guillermo Lasso no comprará el Banco del Pacífico y anuncia una reestructuración en la función pública

Durante una entrevista con un medio digital, el presidente electo Guillermo Lasso, hizo varios anuncios, entre ellos que no comprará el Banco del Pacífico, el cierre de algunas instituciones, la reestructuración de otras como Petroecuador, el envío de leyes, entre otros.

Lasso enfatizó que no comprará el Banco del Pacífico y que se dará apertura para el ingreso de otras entidades financieras al país.

Esto respondió al entrevistador luego que a inicios de mes se difundiera una información en la que se mencionó que, en 2009, el ahora presidente electo, firmó una solicitud para adquirir el Banco del Pacífico y privatizarlo.

Reiteró que en su Gobierno se hará frente a la corrupción para erradicarla y que ese paso lo dará primero en el sector petrolero. Aunque subrayó que no va a intervenir en la justicia porque esa es una línea roja y los sentenciados, sentenciados están.

Anticipó que se creará el Ministerio del Petróleo y que a su representante le solicitará la renovación de todo el personal ligado con esa área, incluido el de Petroecuador.

“Hay sapos y culebras que tenemos que sacarles”, sostuvo y acotó que se harán públicos los contratos para que toda la ciudadanía pueda conocerlos.

Agregó que hará un Código de Ética para poner “la casa en orden” y que en su Gobierno no podrán trabajar familiares.

Reiteró que donará su salario y que renunciará a la pensión vitalicia que la reciben todos los expresidentes.

En la entrevista también anunció que cerrará el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), anteriormente conocido como Senain.

“Cerraré la Senain, que hoy se llama CIES porque esa institución se creó para perseguir a periodistas y opositores”, afirmó.

Es por eso que adelantó que el 24 de mayo, día que asumirá el cargo, entregará a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de Comunicación.

También se mostró abierto a dialogar, más no a pactar, con la Revolución Ciudadana, así como a fortalecer la alianza con el PSC. Aunque aclaró que Jaime Nebot no le ha solicitado absolutamente nada.

“Yo he escogido a varios de mis amigos que me han apoyado desde siempre. A Pascual del Cioppo le ofrecí ser embajador en España”, expresó.

El mandatario electo no dejó pasar la oportunidad para hablar de Seguros Sucre, del cual dijo ser un foco de la corrupción.

“Vamos a liquidar Seguros Sucre porque eso es un foco de corrupción, se lo tiene que cortar como un nudo gordiano, de un solo tajo. Vamos a abrir un proceso público, competitivo e internacional», puntualizó.

En relación a los pedidos de grupos provida que le exigen no respetar el fallo de la Corte Constitucional sobre el tema del aborto, expuso que será Presidente y no jefe de las cortes.

Al final de su intervención, señaló que se invertirá el organigrama piramidal en la función pública.

“En mi Gobierno la pirámide estará invertida, el Presidente abajo y el pueblo arriba”, mencionó.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario

CNE proclama resultados y adjudica los 15 escaños de asambleístas nacionales

Con los resultados electorales en firme para la dignidad de asambleístas nacionales, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) asignó los respectivos escaños en concordancia con lo establecido en el Código de la Democracia.

Durante la reunión vía telemática, los consejeros del CNE distribuyeron los escaños para los asambleístas principales y suplentes, quienes desempeñarán sus funciones durante el período 2021-2025.

El primer lugar lo ocupa Pierina Correa, de la alianza UNES; seguida por Salvador Quishpe, de Pachakutik; y Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática.

Asimismo, están otros legisladores de organizaciones políticas como el PSC y CREO con los que se completan los 15 escaños para la circunscripción nacional.

La decisión del CNE se dio luego que se verificó y certificó que no existen recursos administrativos pendientes ni tampoco jurisdiccionales a los resultados de esta dignidad en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Para la adjudicación de escaños en esta dignidad se utilizó el método Webster que garantiza de mejor manera la representación de minorías dentro de la Asamblea Nacional.

A continuación, se detallan los resultados y escaños de los asambleístas nacionales, según los comicios del pasado 7 de febrero.

Nueva consejera

En esta reunión, además, participó Elena Nájera Moreira en reemplazo de Luis Verdesoto, quien renunció a su cargo.

Esta fue la primera sesión de Nájera y en ella, tanto la presidenta del organismo electoral, Diana Atamaint, como el vicepresidente, Enrique Pita, le dieron la bienvenida.

Pero fue Pita quien, además agradeció a Verdesoto por sus aportes. Mientras, la consejera Estela Acero exaltó que ahora el Pleno del CNE esté integrado por tres mujeres.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario

Monseñor Julio Parrilla aclara sobre su salida de la Diócesis de Riobamba

Una vez que se difundió la información sobre la destitución de la jerarquía de la Diócesis de Riobamba por parte del Papa Francisco, no solo la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, sino el propio Monseñor Julio Parrilla, involucrado en este caso, salieron a aclarar la situación.

La Catedral de Riobamba sirvió como escenario para que Monseñor Parrilla hablara de su renuncia y afirmara que son difamaciones los cuestionamientos que se le hace sobre el manejo de los recursos de la Diócesis de Riobamba.

El sacerdote explicó que su salida se debe a que cumplió 75 años de edad, y eso en el ámbito religioso lo obliga a jubilarse, más no que se deba a polémicas económicas.

Sostuvo que la renuncia del Padre Gerardo Nieves, quien iba a ser su reemplazo, obedece a razones de índole personal.

En relación al supuesto mal manejo de dinero de la Diócesis de Riobamba, Parrilla enfatizó que no existe ningún proceso, ni civil ni canónico, pues a él, hasta el momento no le ha llegado ninguna notificación.

Expresó que, si fuese así, ni el Vaticano ni el Santo Padre, permitirían que un Obispo siga en el cargo.

Días atrás, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana también emitió un comunicado desmintiendo lo que para ellos serían “falsedades” sobre las supuestas denuncias de mala gobernanza y flaqueza moral en la Diócesis de Riobamba.

La entidad coincidió que Parrilla renunció en cumplimiento al Código de Derecho Canónico que establece los 75 años de edad para salir.

Fue así como Parrilla presentó su renuncia el pasado 25 de marzo al Papa Francisco por límite de edad y por problemas de salud pidiendo su aceptación inmediata.

Según la Conferencia Episcopal aceptar una renuncia prevista por el derecho eclesiástico no es una destitución.

Con esta aclaración, la Iglesia pretendió dejar de lado lo que consideraron falsos rumores que buscaban desprestigiar una acción pastoral encaminada a los más necesitados, a través de Cáritas nacional y local.

“La credibilidad y coherencia evangélica de Monseñor Julio Parrilla le han hecho acreedor a la amistad, aprecio y admiración de muchísimas personas en nuestro país, especialmente, de todos sus hermanos obispos”, señaló el comunicado.

Sobre la renuncia de Nieves, la institución eclesiástica, ratificó que fue por razones personales y que nadie tiene el derecho de poner en tela de juicio, ya que toca lo más sagrado de cada persona como es su libertad y su responsabilidad.

Finalmente, la Conferencia puntualizó que si no se es capaz de discernir entre los hechos objetivos y los prejuicios ideológicos se está muy lejos de cumplir con el Evangelio.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario

Moreno fusiona entidades y crea Arcsamed Dr. Leopoldo Izquieta Pérez

 A pocos días de dejar la Presidencia de la República, Lenín Moreno fusionó entidades relacionadas con la vigilancia sanitaria.

Mediante el Decreto 1307 dio origen a la Agencia de Regulación, Control, Vigilancia y Aseguramiento de la Calidad Sanitaria y Medicina Prepagada (Arcsamed).

La institución ejercerá la regulación, control técnico y vigilancia sanitaria de los servicios de salud públicos, privados y comunitarios, con y sin fines de lucro, de las empresas de salud y medicina prepagada y del personal de salud.

También asumirá la regulación y el control de los productos de uso y consumo humano, como alimentos procesados, aditivos alimentarios, medicamentos en general, productos biológicos, naturales procesados de uso medicinal, medicamentos homeopáticos, dispositivos médicos, reactivos bioquímicos, productos higiénicos, cosméticos, plaguicidas, entre otros, fabricados en el país o en el extranjero.

La Arcsamed tendrá 31 atribuciones, tanto en el ámbito de la calidad sanitaria, como de los servicios de salud y medicina prepagada.

Será la encargada de la entrega, renovación y cancelación de permisos de funcionamiento, licencias, registros y acreditaciones sanitarias de los servicios de salud; también, de los registros sanitarios.

Además, controlará toda forma de publicidad y promoción de los servicios de la salud, así como los techos de los precios de los servicios de salud.

Se encargará de aplicar sanciones ante el incumplimiento de la normativa de control, entre otras acciones.

La Agencia contará con un directorio, integrado por representantes del Ministerio de Salud Pública, del ente rector de la Producción y Comercio Exterior, de Agricultura y Ganadería, de la Senescyt y de la Presidencia.

La Arcsamed Dr. Leopoldo Izquieta Pérez fusiona a otras dos agencias: la de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de la Salud y Medicina Prepagada (Acess) y la Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).

La agencia Acess adscrita al Ministerio de Salud se encargaba del control de los servicios de salud. Tuvo un rol protagónico en los operativos de control frente a la proliferación de centros clandestinos para el tratamiento de adicciones.

La Arcsa, en cambio, surgió tras la fragmentación del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Dr. Leopoldo Izquieta Pérez (INH).

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario

Jorge Yunda y 13 procesados son llamados a juicio por compra de pruebas PCR para el Municipio de Quito

Tras una larga jornada, la madrugada de este viernes 30 de abril, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhayya, llamó a juicio al alcalde de Quito, Jorge Yunda, y a 13 procesados más por presunto peculado en el caso de la compra de pruebas PCR para el Municipio.

A pesar de que la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para el burgomaestre, el juez Jhayya negó esa medida cerca de las 04:40.

La resolución del juez se dio luego de varios días de audiencia preparatoria de juicio y alcanza a funcionarias como Ximena Abarca, actual secretaria de Salud, y Linda Guamán, asesora de esa dependencia.

En el primer día, la Fiscalía emitió dictámenes acusatorios en contra de todos los procesados y aseveró que las pruebas que se adquirieron no cumplieron con las especificaciones técnicas acordadas en un principio con la empresa contratista Salumed S. A.

La entidad también cuestionó el proceso de adquisición de los test por parte de Lenín Mantilla, extitular de la Secretaría de Salud, y por eliminar un techo de gastos que tenía la institución para permitir la compra de las 100.000 pruebas a un costo de USD 4,2 millones.

En el segundo día, en cambio, el fiscal de Pichincha, Alberto Santillán, completó sus acusaciones y posteriormente los abogados de los procesados presentaron sus defensas técnicas y señalaron que sus clientes eran inocentes, por lo que solicitaron al juez que desechara las acusaciones de Fiscalía.

Si bien el juez en su dictamen de esta madrugada negó la orden de prisión preventiva contra Yunda, este tiene la obligación de presentarse cuatro veces a la semana ante la Corte Provincial y de utilizar un grillete electrónico.

Apenas se conoció la resolución, el alcalde Jorge Yunda reaccionó en Twitter e insistió que a lo largo del proceso su abogado demostró que no hubo ningún caso de peculado.

Dijo que el auto de llamamiento a juicio es una copia casi textual del dictamen de Fiscalía.

A Yunda le sorprendió la rapidez con la que Jhayya emitió su dictamen, pues el juez a pesar de la larga jornada pidió a las partes que lo esperaran y luego de deliberar enseguida se pronunció.

Juan Pablo Albán, abogado de Yunda, reaccionó en la misma red social a esta resolución y manifestó que la decisión judicial se enmarcó en lo que dijo la Fiscalía.

María Dolores Miño, abogada de la científica Linda Guamán, asesora técnica de la Secretaría de Salud y una de las procesadas con medidas sustitutivas, también se pronunció.

“El deber de todo juez es analizar de manera cuidadosa sus decisiones, evaluando los hechos, la prueba y el derecho. Siendo medianoche, el juez Jhayya suspende la audiencia ‘por unos minutos’ para resolver sobre 14 procesados. Estamos en audiencia desde las 8:30”, exclamó.

En su cuenta de Twitter, en cambio, la Fiscalía informó que durante la audiencia se presentaron 80 elementos de convicción para sustentar su dictamen acusatorio que motivó el llamado a juicio a todos los procesados.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario

Directivos del Isspol serían responsables de las irregularidades en el manejo de los recursos

El informe aprobado del proceso fiscalizador seguido por la Comisión de Soberanía del Legislativo sobre el presunto manejo irregular de inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), contiene más de 200 páginas.

Establece 72 conclusiones, en las que destacan posibles responsabilidades en el manejo de los recursos del Isspol, por parte de los directivos del instituto, por omitir el cuidado de los recursos y buen uso de las inversiones.

Hubo vulneración de la estructura orgánica del ente de seguridad social de la Policía Nacional. El perjuicio al Isspol fue terreno fértil para las presuntas irregularidades, señala.

El documento tiene 33 recomendaciones frente al presunto manejo irregular de los recursos; una de ellas a la Contraloría General del Estado, para que, de manera urgente, reciba toda la información del proceso de inversiones, así como de todas las actuaciones de las instituciones de control, para que se proceda con la sanción a quien corresponda, en el ámbito de sus competencias.

Plantea que el ente de control efectúe un examen especial sobre la adquisición de valores y títulos por parte del Isspol, a fin de conocer si fueron adquiridos a precios justos.

Otra recomendación alerta a la Fiscalía General para que inicie los procesos de investigación de las distintas denuncias recogidas en el informe, tanto a los funcionarios que intervinieron en el proceso de operaciones financieras, desde 2013 a la fecha, cuanto a las empresas IBCorp Investments y Ecuador High Yield Fund.

Sugiere que el Ministerio de Gobierno, parte del directorio del Isspol, realice una evaluación de la normativa actual, para subsanar los vacíos legales observados a partir del informe, con la finalidad de mejorar sustancialmente la capacidad de inversión que tienen los institutos de seguridad.

El texto preparado por la mesa parlamentaria está estructurado en nueve secciones, en las que se detallan los antecedentes, base jurídica, tratamiento en la comisión, así como el análisis, razonamiento, cronología de los hechos y análisis del caso; finalmente, constan las conclusiones y recomendaciones.

La Comisión recogió los criterios de los comparecientes que brindaron sus versiones y aportes frente al tema, entre estos los exministros del Interior, exministra de Gobierno, ministro de Economía y Finanzas, representantes de las superintendencias de Bancos, Compañías, Banco Central del Ecuador (BCE), Banco del Seguro Social (Biess), Contraloría General del Estado, intendente de Compañías y de la Bolsa de Valores, alto mando de la Policía Nacional y directivos del Isspol, expertos en economía, finanzas, mercados internacionales y los directivos de las empresas intermediarias financieras.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario

Seis personas enfrentan audiencia preparatoria de juicio por venta de medicamento Actemra

En Guayas se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio contra Noé Salcedo, Abraham Muñoz y cuatro procesados más por presunta delincuencia organizada.

La Fiscalía investiga la venta irregular del medicamento Actemra, para Covid-19, durante la emergencia sanitaria.

El pasado 27 de abril, la jueza Marcela Ortega declaró la validez del proceso con lo que se dio paso al fiscal César Suárez para que sustente su acusación.

La Fiscalía acusa a los detenidos de comercializar hasta en USD 2.000 cada ampolla de la medicina que en la actualidad es utilizada por los pacientes contagiados por coronavirus, aunque desde el 2009 está autorizada para el tratamiento de artritis.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario

TCE ratifica triunfo de asambleísta de UNES, Joao Acuña en Manabí

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó el triunfo del asambleísta por UNES, Joao Acuña, por la circunscripción 2 de Manabí, tras aceptar un recurso subjetivo y dejó sin efecto la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) de revisar 136 actas.

Varios partidos políticos pidieron la apertura de urnas para un recuento de votos. La resolución de la Junta Electoral de Manabí, ratificada por CNE, fue de revisar 136 actas de la dignidad de asambleístas de la circunscripción 2 de Manabí.

Según Díaz, procurador de UNES, cuestionó que el pedido no cumplía con los requisitos legales que dispone el Código de la Democracia, por lo que no tendría que darse la apertura de urnas. Dijo que no existen inconsistencias numéricas, falta de firmas de presidente de Mesa y tampoco diferencias entre las actas presentadas, con las que difundió el CNE.

Por ello, presentaron un recurso subjetivo contencioso, que fue aceptado por el TCE. En su sentencia, dispone a la Junta Provincial de Manabí realice la proclamación de los resultados definitivos y proceda a designar los escaños correspondientes.

Con esta sentencia de última instancia, Joao Acuña obtiene el quinto, de los nueve escaños, que se asigna en Manabí.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario

Fiscalía sigue con la presentación de sus testigos en caso de presunto peculado contra Daniel Salcedo y otros

La Fiscalía continúa con la presentación de su prueba testimonial contra Daniel Salcedo y siete procesados más por presunto peculado en la compra de insumos médicos para el Hospital del IESS Los Ceibos.

En este caso denominado Fundas para Cadáveres, la Fiscalía avanza en la audiencia de juicio con la presentación de sus testigos que son 217 sin contar con los testimonios de los peritos. A estos deberán sumarse los de los procesados.

El objetivo es evitar que en mayo caduque la prisión preventiva en contra de Daniel Salcedo; Susana M., gerente del Hospital Los Ceibos; Cristina G., exgerente de compras públicas; y Johanna V., exdirectora administrativa.

En la lista de procesados están a más de Salcedo, Susana M., Cristina G., Johana V., Sandra O., Jorge S., Alejandro B. y Lenin R. La Fiscalía, los acusa de ser los responsables de la adjudicación de un contrato por parte del Hospital Los Cebos y la empresa Silverti, con aparente sobreprecio en varios de sus insumos, sobre todo, en las fundas para cadáveres, que se adquirieron a USD 148.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario

Exgerente de Petroecuador afirma que se tomaron su nombre para hacer extorsiones

A través de una videoconferencia, Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, rindió su versión dentro del denominado caso Las Torres en el que se investiga el delito de delincuencia organizada.

Como parte de su testimonio, el exfuncionario indicó que se tomaron su nombre para “extorsionar” y que recibió llamadas de funcionarios de la Presidencia de la República para ‘interceder’ por Raúl De la Torre, familiar del contralor subrogante Pablo Celi.

En su versión libre y sin juramento ante la Fiscalía también aclaró que jamás solicitó un pago indebido a ningún contratista de Petroecuador ni a ninguna empresa.

La versión de Flores se dio a pocos días de que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó al juez de la causa, Felipe Córdova, que defina día y hora para que se realice una audiencia de vinculación contra el exgerente Flores; su padre, Marco Flores Troncoso; Roy Calero, Álvaro De Guzmán Pérez y Pedro Saona Roca.

Estas cinco personas se sumarían a las nueve ya procesadas por supuestamente ser parte de una estructura que exigió dineros a cambio del desvanecimiento de cinco glosas en la Contraloría General del Estado por cerca de USD 13 millones, y la liberación del pago de planillas que adeudaba Petroecuador a la empresa prestadora de servicios petroleros Nolimit C.A.

Al momento el caso está en la etapa de instrucción fiscal y ya son procesados el contralor Pablo Celi y su hermano Esteban Celi; el exsecretario general de la Presidencia José Agusto Briones, y su hermano Luis Agusto Briones; Natalia Cárdenas, exasesora en Petroecuador de Pablo Flores; Silvia L., Ángelo R., Andrés L. y Elsie Cueva, madre del exgerente Flores.

La Fiscalía consideró que también deben ser vinculadas las otras cinco personas ya que se encontró información que los relaciona con el delito que se investiga.

En el expediente aparecen los nombres de Pablo Flores, de Roy Calero y de Álvaro De Guzmán, así como hay transcripciones de conversaciones entre Raúl De la Torre, el empresario Roberto Barrera y José Luis De la Paz, relacionado a la empresa Nolimit, los tres últimos detenidos y sentenciados en Estados Unidos luego de reconocer que fueron parte de una trama de corrupción, que incluyó el pedido y pago de sobornos en el interior de la estatal petrolera.

Con relación a esos diálogos, Pablo Flores dijo que existe una extensa transcripción de audios entre Roberto Barrera, Raúl De la Torre y José Luis De la Paz, a quienes los calificó de “criminales” que se toman su nombre.

Esta afirmación la hizo luego que el 19 de abril, el empresario inmobiliario Roberto Barrera, quien fue condenado en Estados Unidos por participar en una red de corrupción en Petroecuador entre el 2018 y el 2019, señaló en su versión que Pablo Flores quería separar de la asesoría en Petroecuador a Raúl De la Torre, pero que eso no se dio porque hubo una llamada desde la Presidencia de la República.

Pablo Encalada, abogado de Pablo Flores, espera que su cliente se defienda en libertad, a pesar de que la Fiscalía ya pidió que se formule cargos y seguramente se dicten medidas cautelares en su contra.

El exgerente de la estatal petrolera tiene vigente una orden de detención en su contra.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario