Defensor del Pueblo espera que el presidente Moreno se mantenga en el país para que ‘enfrente a la justicia’

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Casi un mes después de que el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, presentó una denuncia por delitos de lesa humanidad ocurridos supuestamente durante las protestas registradas en octubre de 2019, el funcionario acudió a la Fiscalía General del Estado, la mañana de este lunes, a reconocer su firma en el documento con el que pide se investiguen los hechos.

La convocatoria la hizo la Fiscalía, dentro de la investigación previa que fue abierta. Como principal sustento de la acusación que hace Carrión estaría un informe de la denominada Comisión de la Verdad, que señala presuntas graves violaciones a los derechos humanos de quienes participaron en las protestas de octubre de 2019, las cuales se produjeron luego de que el gobierno de Lenín Moreno emitió un decreto que elevaba el precio de los combustibles.

Carrión cree que la gravedad de los elementos encontrados por la Comisión generarían indicios de responsabilidad sobre delitos de lesa humanidad. Criticó que haya cierta demora en el trámite de su denuncia, más aún cuando habrían entregado a la Fiscalía más de 4.000 hojas de documentos, informes, testimonios y reportes de prensa que, a su decir, ayudarían a que la investigación de Fiscalía avance.

“Creemos que el país necesita conocer la verdad judicial a través del debido proceso que se debe instaurar. Creo que esto urge y que la Fiscalía le dé la prioridad necesaria”, dijo Carrión.

Entre las conclusiones a las que llegó la Comisión de la Verdad, creada por la Defensoría del Pueblo, está el que existieron 123 violaciones al derecho a la integridad personal, 38 violaciones al derecho a la libertad personal, 6 ejecuciones extrajudiciales, 22 atentados contra el derecho a la vida, 3 casos de violencia sexual y 20 lesiones oculares

Según el defensor del Pueblo, la investigación se encuentra determinada en relación de los delitos o de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron de parte del Estado, del Gobierno nacional, sin dejar de lado, aclara, que se continúe con la investigación del resto de delitos, actos violentos, atentados contra los bienes y funcionarios públicos y la fuerza pública.

“Hay algo muy importante en esta denuncia y es que no excluye el resto de delitos que se cometieron en la protesta del mes de octubre de 2019 y algo fundamental es que se transparente y se conozca la verdad, porque lo peor que le puede pasar al país es que reine la impunidad en cualquiera de los hechos investigados”, refirió el defensor antes de ingresar a la Fiscalía.

El defensor Carrión recordó que la denuncia está interpuesta directamente contra el presidente de la República, Lenín Moreno; la exministra de Gobierno María Paula Romo; el actual ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín; y la cúpula policial que en ese momento estaba al frente de las protestas.

Dijo Freddy Carrión que le toma la palabra al presidente Moreno, en el sentido de que él aseguró que una vez terminado su mandato se mantendría en el país. “Eso es lo que esperamos, que se mantenga en el país para que enfrente a la justicia”.

Tanto el presidente Moreno como el ministro Jarrín han rechazado en su momento el informe de la Comisión de la Verdad y sus conclusiones. Ambos han asegurado que se procedió en esos días de convulsión social y manifestaciones dentro del marco que deja el ordenamiento jurídico establecido para mantener el orden y la seguridad de los ciudadanos.

De las protestas de octubre de 2019 se derivaron en 798 casos abiertos por la Fiscalía a nivel nacional. De este total el 81% continúan en la fase de investigación previa, la cual es de carácter reservado, solo el 8% ha legad a juicio y  el resto de procesos se encuentran en instrucción fiscal o en etapa preparatoria de juicio.

En contra de la fuerza pública se siguen 19 causas por una supuesta extralimitación en la ejecución de una acto de servicio.

Daño a bien ajeno con 264 procesos es el delito por el que más se han abierto procesos desprendidos de los hechos de octubre de 2019; le sigue el delito de paralización de un servicio público con 203 causas abiertas; y el delito de ataque o resistencia con 109 expedientes en curso. También hay cuatro casas por homicidio, seis por tentativa de asesinato y tres investigaciones por muerte culposa.

Fuente: El Universo, Diario Bicentenario

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