#NosFaltan3: familiares de equipo periodístico presenta acción de inconstitucionalidad para desclasificar información

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Este lunes, familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico secuestrado y asesinado en la frontera con Colombia en 2018, presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, para exigir la desclasificación de información de este caso.

Con un plantón en los exteriores del organismo, al norte de Quito, Ricardo Rivas, Galo Ortega y Cristhian Segarra ingresaron esta acción que será conocida por el presidente de la CC, Hernán Salgado. 

El recurso se sustenta en el artículo 18 de la Constitución, en su segundo inciso, que establece que «en caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información».

Asimismo, se fundamenta en el artículo 19 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que en su inciso final expresa:

«En ejercicio de los derechos y garantías individuales los ciudadanos podrán demandar ante la Corte Constitucional la desclasificación de la información en el evento de que existan graves presunciones de violaciones a los derechos humanos o cometimiento de actos ilegales»

Los familiares del equipo periodístico ingresaron este recurso luego de que el Consejo de Seguridad Pública del Ecuador (Cosepe) se negó a entregar, ante Fiscalía, las actas 18, 19 y 20, de las reuniones de esa instancia correspondientes a los días 28 de marzo, 13 de abril y 17 de abril de 2018, respectivamente.

Ricardo Rivas informó que la acción surge también ante la falta de acción por parte del expresidente, Lenín Moreno, quien prometió desclasificar los documentos del secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín. 

El documento también recoge las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó al Estado ecuatoriano sobre la urgencia y necesidad de desclasificación de la información y realiza un recuento de los múltiples ofrecimientos públicos por parte del exmandatario y los funcionarios que ocuparon cargos relacionados con la defensa y la seguridad en el régimen anterior.

Además, los familiares exigen celeridad y en este caso ya que, denunciaron, han pasado más de tres años y el hecho continúa impune.

Fuente: Redes Sociales, Pichincha Universal, Diario Bicentenario

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