Trabajar en prevención y reparación de las víctimas de violación, proponen colectivos sociales

Representantes de varios colectivos ciudadanos presentaron, en la Comisión legislativa de Justicia, sus observaciones al proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Caso de Violación, desde una perspectiva interseccional y feminista.

Gabriela Gómez, de la agrupación Wambra, Medio Digital Comunitario, demandó respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres. Expuso los aportes elaborados durante tres meses de trabajo y reflexión, para atender a las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, que aspira sean tomados en cuenta en el proyecto.

Gómez advirtió que la violencia a sexual es una realidad que afecta a niñas, adolescentes y mujeres en su condición de vida y salud, Alertó que el 80 % de casos de abuso sexual se da en el entorno familiar y que 2.181 niñas, cada año, son forzadas a la maternidad; todas ellas víctimas de violación.

Deploró las deficiencias en los servicios de salud y de justicia para atender a las mujeres víctimas de violación. Reclamó que se debe trabajar para evitar la revictimización y prevenir la violencia de todo tipo. “Queremos reparación, que no se criminalice el aborto; creemos que la educación es fundamental para prevenir y erradicar la violencia sexual”, señaló. Considera que también se requiere cambiar los patrones de atención por parte de los servidores de salud y de justicia, de modo que sean atendidas de manera cálida, humana e integral.

Del Colectivo Ana de Peralta, Maritza Gamboa compartió la necesidad de trabajar en prevenir la violencia y respetar los derechos de las mujeres, a fin de garantizar una vida libre de violencia.

“El aborto ha existido, existe y existirá; 21.631 mujeres han sido atendidas por aborto en el sistema de salud; 180 mujeres mueren al año por embarazo, parto y posparto”, indicó Gamboa, para quien las mujeres deben decidir si desean o no continuar el embarazo producto de un acto atroz, como es la violación.

Sostuvo que un alto porcentaje de mujeres violadas fueron madres cuando eran niñas; de ellas, el 73.6 % tenía educación básica, el 25 obtuvo el bachillerato y ninguna logró un título de tercer nivel.

Martina Pérez, del Observatorio Juvenil del Azuay, sugirió poner énfasis en la prevención. A su entender, un aspecto fundamental es la educación sexual integral, Protestó porque niñas, adolescentes y jóvenes son sometidas al silencio, a la clandestinidad, estigmatización y a la criminalización, por decidir la autoderminación de sus cuerpos y sus vidas. Propuso que en el análisis de la normativa se consideren las diversas condiciones de vulnerabilidad a las que están expuestas, ya que el aborto es solamente una parte de la salud sexual y reproductiva.

Participaron también representantes de los colectivos Mama Zamba y Guambras Verdes, quienes se refirieron a la necesidad de brindar apoyo médico, psicológico a las víctimas de violación y fortalecer la educación sexual y reproductiva.

Estos colectivos respaldan el proyecto de ley que tramita la mesa de Justicia.

Fuente: Asamblea Nacional, Pichincha Universal, Diario Bicentenario

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