Amnistía para los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza que han sido criminalizados, solicitaron ante la Asamblea Nacional varias organizaciones, este martes 21 de septiembre.

La criminalización ocurre por el incumplimiento de tratados internacionales de derechos humanos, que le exigen al Estado espacios seguros para ejercer su derecho a defender su territorio, según la solicitud presentada.

Acción Ecológica, Alianza por los Derechos Humanos, Amazon Watch, son entre otras las organizaciones que suscriben el pedido, las cuales sostienen que el Estado ecuatoriano “no ha generado mecanismos que los protejan”, lo que los ha dejado vulnerables ante empresas privadas y el mismo Estado.

Por estas razones, demandan del Legislativo que acepte su solicitud de amnistía para quienes han sido criminalizados, pero no incluyen un periodo específico. Este recurso contempla el perdón de penas que debe ser decretado por el Estado en casos excepcionales.

La Constitución ecuatoriana establece entre las atribuciones de la Asamblea Nacional “conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios”. Para hacerlo, el Pleno debe aprobar con el voto favorable de las dos terceras partes de los 137 asambleístas (91 votos).

La Constitución advierte que estos perdones de penas no se concederán por delitos cometidos contra la administración pública, genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio.

Los colectivos solicitantes argumentan que “es de conocimiento público” que en Ecuador ha habido conflictos sociales y ambientales, la mayoría relacionados a la ejecución de proyectos de actividades extractivas, en los que no se ha respetado el derecho constitucional de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada, según el cual el Estado y las empresas tienen la obligación de preguntar a las comunidades si están o no de acuerdo con la explotación de recursos naturales en su territorio.

Los conflictos se producen en defensa de sus territorios y la resistencia de los pueblos de distintas nacionalidades y culturas que “han exigido el respeto, protección y cumplimiento de sus derechos vulnerados”.

De acuerdo con el informe de la Alianza por los Derechos Humanos, de junio de 2021, sobre la situación de quienes defienden sus territorios y el medioambiente, hay 22 casos de violación de derechos de defensores del ambiente, en los últimos diez años. De ese total, 18 están relacionados con actividades de las industrias extractivas mineras y petroleras y con el incumplimiento de la consulta previa.

Los defensores no tienen “un entorno seguro para desarrollar su labor”, alerta Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, debido a que, en la mayoría de casos, estas personas viven en comunidades empobrecidas y alejadas geográficamente y “son hostigados, intimidados y criminalizados por el Estado”.

Hay 449 defensores del ambiente en Ecuador que han sido amenazados, hostigados, perseguidos e incluso asesinados. Según el informe de la Alianza, la mayor parte de las vulneraciones de los casos documentados estuvieron a cargo de miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y funcionarios públicos.

Entre los casos más relevantes de la última década está el de Nankints, en 2016; esta comunidad shuar en el sur de la Amazonía fue desplazada y más de 40 personas fueron acosadas judicialmente por intentar recuperar su territorio. El informe incluye los casos de los líderes Andrés Durazno, José Tendetza y Freddy Taisj; quienes fueron asesinados.

Ya se intentó obtener amnistía para los líderes ambientales y sociales en los gobiernos anteriores. En los 10 años que duró el gobierno de Rafael Correa se denunciaron constantemente casos de persecución y criminalización de líderes sociales y ambientales.

Cuando Lenín Moreno asumió la presidencia, en 2017, ofreció dar amnistía para todas esas personas. Sin embargo, Moreno concedió siete indultos, en 2017, y luego su gobierno transcurrió sin mayores avances. Hasta 2019, se estimaba que había 150 personas que habían sido criminalizadas por defender sus derechos, el territorio o la naturaleza y que todavía estaban esperando su amnistía.

Ecuador no es el único país de la región en el que los líderes ambientales tienen inconvenientes. Según el último informe anual de la organización Global Witness, Latinoamérica es la región más peligrosa para los líderes ambientales. El informe dice que en 2020 se registraron 227 asesinatos, mientras que en 2019 la cifra fue de 212.

En 2020 no solo se incrementaron los asesinatos, sino que “hubo un aumento en el tipo de amenazas que reciben defensores y defensoras”. Estas incluyen arrestos, campañas de desprestigio, actos de criminalización bajo una retórica antiterrorista y otro tipo de ataques no letales. Según el informe, ocurrieron en un contexto en donde los estados utilizaron la pandemia para restringir el espacio cívico.

Fuente: GK, Pichincha Universal, Diario Bicentenario