Alejandro Jaramillo, de Izquierda Democrática (ID), Rafael Lucero, de Pachakutik (PK), Paola Cabezas, de Union por la Esperanza (UNES) y Esteban Torres, del Partido Social Cristiano (PSC) y aliados, firmaron un comunicado conjunto, en el que aseguran que no se ha negado la Ley de Creación de Oportunidades al interior del Consejo de la Administración Legislativa (CAL). Y advierten que sería “inoficioso” el envío de otra propuesta en los mismos términos de la normativa, impulsada por el Gobierno Central.

Las bancadas explicaron que el proyecto de ley, presentado por el Presidente Lasso, no fue calificado por el CAL por incumplir los requisitos legales que manda la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

“EN NINGÚN CASO HA SIDO NEGADO COMO ERRÓNEAMENTE INFORMA EL GOBIERNO NACIONAL”, ACLARARON.

A criterio de los partidos políticos, como Función Legislativa tienen la responsabilidad de proponer, discutir, estudiar, votar, aprobar o rechazar iniciativas.

“Por tanto, no puede ser entendido como un bloqueo a las iniciativas gubernamentales”.

La decisión del CAL no anula la presentación y debate de una nueva iniciativa de ley, recordaron, pero señalaron que sí evita el posible cometimiento de inconstitucionalidades y deja sin efecto el plazo de 30 días para que la iniciativa pueda aprobarse por el ministerio de la ley.

Pidieron al Primer Mandatario que respete las diversas reacciones y posiciones a favor y en contra de la normativa como parte de la independencia de funciones del estado.

“El Presidente Lasso deberá formular y proponer políticas públicas e iniciativas legales para enfrentar los problemas nacionales como la inseguridad, una verdadera generación de empleo, educación, atención a los sectores más vulnerables, entre otros; es claro que el proyecto de Ley de Creación de Oportunidades no responde a dichas demandas sociales”, recalcaron.

Ante ello, consideran que sería “inoficioso” el envío de otra propuesta con más impuestos y que sea regresiva en materia laboral.

“Si el Presidente y su Gobierno persiste en estas ideas, coincidimos en que se llame a una consulta popular para que sea el pueblo ecuatoriano el que decida en las urnas sobre asuntos que afectan sus derechos constitucionales”.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario