El presidente de la República, Guillermo Lasso, no asistirá a comparecer ante la Comisión de Garantías Constitucionales, de la Asamblea Nacional, por el caso «Pandora Papers», prevista para las 15h00 de este miércoles 20 de octubre de 2021.

Así lo notificó el mandatario la mañana de hoy, mediante una carta enviada al presidente de esta mesa legislativa, Fernando Cabascango. En la misiva, el jefe de Estado defendió que «no ha recibido ninguna renta del exterior» y descartó cualquier insinuación sobre la evasión de impuestos en su contra.

Sobre las 14 empresas offshore que mantuvo en el pasado y es parte de la filtración de los Papeles de Pandora, el jefe de Estado detalló que se deshizo de ocho de ellas: Bernini Foundation, Bretten Holdings, Da Vinci Foundation, Fundación Bienes Raíces, Nora Group Investment Corp., Pietro Overseas S.A., Positano Trade LLC y Tintoretto International Foundation.

Sin embargo, sobre el resto de empresas en paraísos fiscales como el banco panameño Banisi y los fideicomisos estadounidenses Bretten Trust y Liberty Trust, según Lasso «no tiene ninguna relación con las mismas».

«La respuesta que en esta ocasión respetuosamente dirijo a usted, señor Presidente de la Comisión, la remito con el fin de contribuir con la investigación que se está llevando a cabo, pero expresamente manifiesto que ni la Asamblea Nacional ni la Comisión son los órganos competentes para investigar las causas relativas con incumplimientos a la referida ley», dicta la carta.

Luego de esta excusa, Lasso Mendoza extendió una invitación a los miembros de esta comisión legislativa para recibirlos en el Palacio Presidencial, una vez que se hayan evacuado todas las comparecencias previstas en el cronograma de trabajo.

«Tengo pleno derecho a conocer con anterioridad las aseveraciones que hayan sido dadas en dicho foro», agregó.

¿Qué dice la Ley de la Función Legislativa?

Pese a que el presidente Lasso presentó sus argumentos para no asistir a comparecer ante la Comisión de Garantías Constitucionales, el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que el Pleno de la Asamblea Nacional o el Consejo de Administración Legislativa podrá requerir a una de las comisiones especializadas, o a la Comisión de Fiscalización y Control Político, la investigación sobre la actuación de cualquier funcionario público o sobre actos de interés ciudadano que hayan generado conmoción social o crisis política.

«Si un asambleísta requiriere información de cualquier funcionaria o funcionario público, la respuesta que se dé a la misma, así como la documentación que se acompañe, se entregará a la Secretaría General para que la registre y mantenga un respaldo magnético, a fin de que la funcionaria o funcionario público pueda remitirse a ella en caso de que cualquier otro asambleísta la solicite», establece la ley.  

Fuente: Carta presidente Guillermo Lasso, Pichincha Universal, Diario Bicentenario