Caso las Torres: Defensa de Pablo Celi y de otros procesados piden nulidad de la causa de delincuencia organizada

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En la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio por presunta delincuencia organizada contra el excontralor subrogante, Pablo Celi y 12 personas más, en el caso Las Torres.

El juez Felipe Córdova instaló la diligencia para sustanciar, conocer y resolver la presente causa en la que están presentes la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y los abogados de las partes procesales.

La defensa de Celi solicitó que se anule el proceso y la revisión de la prisión preventiva.

El abogado pidió que se declare la nulidad del proceso desde que se dispuso el acto urgente y la detención con fines investigativos. Caso contrario que se los haga desde la formulación de cargos, por considerar que el juez Córdova no era competente por haber adelantado criterios.

Para la defensa de Celi y de los otros procesados hay una vulneración del debido proceso, así como exigen el derecho a la imparcialidad.

Acotó que la nulidad también se daría porque Celi, quien por su trabajo estaba en continua relación con la fiscal nunca fue notificado y se dejó a la Contraloría en riesgo.

“Si estamos con detención con fines investigativos, eso se da cuando la parte ha sido notificada, cuando existe renuencia y hay que investigarle, pero aquí eso prostituye esta figura”, señaló el abogado.

Asimismo, dijo que tampoco Celi sabía sobre el contenido del interrogatorio e incluso en Flagrancia estuvo incomunicado como para poder defenderse.

Sobre la prejudicialidad, la defensa de Celi sostuvo que la Fiscalía ya adelantaba que su cliente había ordenado que se firme unas resoluciones de desvanecimiento de glosas y agregó que hasta para eso se requiere un pronunciamiento judicial contencioso administrativo y no de la fiscal.

Luego de escuchar los alegatos de vicios de nulidad del proceso está previsto que la fiscal Salazar presente su acusación por supuesta delincuencia organizada en contra de los 13 investigados en este caso.

Para la Fiscalía, los procesados habrían participado de una estructura en la que funcionarios que ocupaban altos cargos públicos a través de exigencias se habrían beneficiado económicamente a cambio del desvanecimiento de glosas y el cumplimiento de pagos de planillas correspondientes a contratos con el Estado.

La investigación previa se inició en 2019, luego de que Roberto Barrera y José de la Torre fueron detenidos en Estados Unidos por delitos relacionados con lavado de activos.

Fuente: Fiscalía, Corte Nacional de Justicia, redes sociales, Pichincha Universal, Diario Bicentenario

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