Ante la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Palacio Urrutia y otros Vs. Ecuador, en la que se responsabiliza al Estado por la violación a diversos derechos en perjuicio del periodista Emilio Palacio Urrutia y de los directivos del diario El Universo, el Gobierno anunció que acogerán las medidas dispuestas por el Tribunal.

Entre las medidas de reparación interpuestas por la Corte está que el Estado adecue la normativa penal interna, de acuerdo con las obligaciones estatales en materia de libertad de expresión.

Además, el Estado deberá adoptar medidas legislativas para lograr la plena efectividad del ejercicio de la libertad de expresión, a efectos de compatibilizarlo con la obligación del Estado de prevenir que funcionarios públicos acudan ante instancias judiciales para presentar demandas por calumnias e injurias con el objetivo de silenciar críticas a su actuación en el ámbito público, conforme a los parámetros establecidos en la sentencia de la Corte IDH.

El Ejecutivo aclaró que al inicio de su mandato envió a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación en la que se propone eliminar el delito de calumnia y la contravención de actos contra el honor, con el fin de dejar de perseguir a los periodistas.

En un comunicado, el Gobierno expresó que existe un compromiso con la protección de la libertad de prensa, en concordancia con las decisiones de la Corte.

Ratificó que nadie irá a la cárcel por decir su opinión y que la lucha por el respeto a la libertad de expresión es una premisa fundamental de su administración.

El Gobierno de Guillermo Lasso felicitó a la Procuraduría General del Estado por representar y defender el interés público y lamentó el perjuicio ocasionado a las víctimas.

Fuente: Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, Pichincha Universal, Diario Bicentenario