La normativa demuestra que el Presidente de la República no tiene claridad conceptual y jurídica sobre lo que es una Ley Orgánica, agregó.

Romel Jurado, abogado especialista en comunicación, señaló que más allá de las críticas políticas que pueda tener el proyecto de Ley de Libertad de Expresión propuesto por el Ejecutivo, se debe destacar que la norma posee errores técnicos y jurídicos que parece obedecer a la posición del presidente de la República, Guillermo Lasso, para estrechar su relación con los medios de comunicación grandes: “Que son aparatos de reproducción de las posiciones oficiales”.

Resaltó que las reformas deberían abarcar los derechos establecidos en la Constitución sobre la comunicación social: “Y el proyecto de Guillermo Lasso viola la Constitución y muestra que no tiene claridad conceptual y jurídica sobre lo que es una Ley Orgánica y cuál es el propósito que se debe desarrollar”.

Destacó que en un cuerpo legal se deben establecer derechos, quiénes son los titulares de los mismos, que cosas violan derechos y establecer responsabilidad del Estado y particulares.

“Cuando alguien viola un derecho tiene una responsabilidad, hay que establecer con claridad cuáles son las responsabilidades”.

Aseveró que en el mismo siglo XVII se promulgó que no se puede decir mentiras ni usar a la prensa para catapultar un poder del Estado o la Iglesia, lo que ocurriría, en este caso, si se piensa dejar a libertad del medio la información.

“Este proyecto quiere terminar derechos económicos, sociales y culturales de la comunicación que constan en los primos 91 artículos, lo que viola el principio de no regresión de Derechos Humanos establecido en pacto internacional”.

A criterio de Jurado, hay una voluntad abolicionista de los derechos ciudadanos, para permitir que la prensa actúe como respaldo mediático de los poderes oficiales.

Mencionó que la autoregulación es posible cuando el código de ética del medio de comunicación supera los estándares de una normativa: “Pero no quiere decir sustituir la ley”.

“Querer quitarle al Estado la potestad de dictar leyes y entregarla a los medios de comunicación es absurdo, es el neoliberalismo más antidemocráticp, llevado al extremo, crear un Estado paralelo por la función social que los medios van a jugar para determinado Gobierno”.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.