El juez detalló la existencia de una estructura en la que estaba clara la jerarquía haciendo alusión al excontralor subrogante; al exgerente de Petroecuador, Pablo Flores; y a José Agusto Briones, fallecido en mayo de 2021. 

Punto Noticias.- El juez nacional Felipe Córdova llamó a juicio al excontralor subrogante Pablo Celi y 12 personas más por el presunto delito de delincuencia organizada.

Con esta acción se cierra la fase de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio para continuar con el proceso, una vez que consideró que los elementos de convicción presentados por la Fiscalía reforzaron el dictamen acusatorio, ya que justificaron que se configuró una estructura para obtener réditos económicos.

A esto sumó la acusación particular de la Procuraduría y Petroecuador, a pesar de que las defensas de los procesados pedían el sobreseimiento.

Según la Fiscalía, en la Contraloría General del Estado (CGE), Petroecuador y la Secretaría de la Presidencia de la República operó un grupo estructurado que cobraba sobornos a empresas contratistas, como Nolimit, a cambio de liberar pagos en instancias públicas como Petroecuador y desvanecer glosas en la CGE.

La investigación previa se inició en 2019, luego de que Roberto Barrera y José de la Torre fueron detenidos en Estados Unidos por delitos relacionados con lavado de activos.

De esta manera, Adolfo Briones (hermano de José Agusto Briones), Martha Barrezueta, Roy Calero, Natalia Cárdenas, Álvaro de Guzmán, Pablo Celi, Pablo Flores, Xiomara Vallejo, Andrés Luque, Ángelo Rodríguez, Mauricio Orellana, Pedro Saona y Esteban Celi fueron convocados a juicio por las conexiones que tuvieron.

Para el juez, la estructura se habría configurado quizá desde 2017 manteniendo como centro de operaciones Quito e hizo notar que Pablo Celi, Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, y José Agusto Briones, exfuncionario de la Presidencia fallecido en mayo de 2021, eran quienes daban las instrucciones en la red.

Córdova dijo que en la estructura se daba bajo una jerarquía, mientras que los subordinados se repartían funciones en dos grupos. Unos gestionaban las actividades como transferencias y cobros y para ello utilizaban influencias políticas. Mientras, otros colaboraban para evitar que los movimientos de dinero de la red alerten a las autoridades de control. Por eso prestaban cuentas nacionales y extranjeras como en Costa Rica y Estados Unidos.

El magistrado aclaró que una estructura de delincuencia organizada deslinda en el cometimiento no solo de un delito, sino de varios y en este caso la acusación particular también advirtió de tráfico de influencias, concusión cohecho y lavado de activos. Cada uno con una pena distinta.

La delincuencia organizada, por ejemplo, habla de cinco a 10 años de cárcel. La Fiscalía cuando acusó pidió de siete a 10 años para lo líderes y para los colaboradores de cinco a siete años de prisión.

Córdova también precisó que Nolimit buscaba terminar sus obligaciones contractuales con Petroecuador, pero que para cerrar todo, la gente de la estatal pedía hasta el 20%.

Hizo alusión a la versión de Barrera en la que se mencionó a Flores como el número de la organización, quien -además- habría solicitado el dinero en efectivo.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.