El Gobierno espera que las reformas planteadas para combatir la inseguridad en el país se consoliden y todo sea aprobado en 30 días. El uso progresivo de la fuerza también está en análisis, así como reformas al COIP. 

Punto Noticias.- Entre las 17:00 y 19:00 de este martes 25 de enero, el Gobierno tiene previsto entregar a la Asamblea Nacional, un propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, para que sea tratada como si fuese un proyecto económico urgente. Así lo anunció la ministra Alexandra Vela.

Con esta medida, más dos propuestas del Ejecutivo que ya estarían en manos del Legislativo, sobre la regulación del uso progresivo de la fuerza, el Gobierno espera que se haga una reforma completa a varios cuerpos legales, para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen transnacional.

De acuerdo con un jurista del Ejecutivo, las reformas serían de dos tipos: institucionales y sobre proceso penal.

La reforma a la Ley de Seguridad se daría para mejorar la coordinación entre policías y militares sin esperar un estado de excepción, así como se piensa -dijo- mejorar el control en los Centros de Privación de la Libertad.

Sostuvo que es necesario hacer reformas también al Código Orgánico Integral Penal (COIP), para fortalecer ciertas situaciones y así evitar, por ejemplo, el hacinamiento en las cárceles y fortalecer ciertos requisitos referentes con que un juez dicte prisión preventiva.

A su vez, la ministra reiteró lo ya expuesto el fin de semana por el presidente Guillermo Lasso de crear el delito de terrorismo en los Centros de Privación de Libertad.

Vela comentó que con ello se enfrentarán los problemas de amotinamiento que se han producido dentro de las cárceles en el último año y así dar tratamiento también de carácter legal a hechos que no deberán quedar en la impunidad.

En cuanto al uso progresivo de la fuerza, el jurista indicó que hay que analizar nuevos parámetros, pues dijo que la seguridad pública es necesaria para la ciudadanía. Sin embargo, aclaró que se mantienen los mismos estándares internacionales. A lo que Vela añadió que mañana comparecerá ante el Legislativo para explicar este tema.

La idea con el proyecto y reformas legales es homogenizar todo en una sola normativa, ya que hay cosas dispersas.

Recordó que el Estado es quien usa la fuerza a través de los recursos que tiene y que por eso está en la obligación incluso de brindar patrocinio legal.

Comentó que el Ministerio de Gobierno va a destinar recursos para el patrocino legal de la fuerza pública en casos en los que estén involucrados policías en ejercicio de sus funciones. La idea es otorgar abogados de confianza a los uniformados.

Esta gestión se hará también para que el servidor policial, por ejemplo, no se vea en cierta forma impedido de ejercer su deber y cuente con respaldo.

La secretaria de Estado añadió que se anhela que este paquete de reformas se tramite con rapidez en cada una de las instancias de la Asamblea, con el fin de que esté aprobado en un plazo de 30 días.

Sobre el caso del policía Santiago Olmedo, si bien la nueva reforma no le llegaría a ayudar, dijo que la Ley Orgánica de Servicio Público sería aplicada en su caso y que se va a pagar los honorarios de los abogados que serán su defensa.

Ante esta serie de anuncios, el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, mencionó que no desmerece la propuesta del Ejecutivo, pues cree que sí es indispensable reformar varios aspectos del COIP si se trata de combatir la inseguridad. Sin embargo, precisó que es indispensable hablar de políticas criminológicas.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.