Presidencia del Cpccs entra en pugna cuando están pendientes procesos de selección de autoridades

Hay una nueva mayoría de consejeros que busca sacar del cargo a Sofía Almeida. Se advierte con investigarlos con la Fiscalía y, de ser posible, que se les inicie un juicio político en la Asamblea. 

Punto Noticias.- Remover de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) es el tema de discusión al interior de la entidad.

En su cuenta de Twitter, Almeida informó que hay “ciertos consejeros infringiendo la ley que tratan de ocupar la presidencia del Cpccs, para que los concursos sean amañados desde este espacio”.

Su reacción se dio, luego de que este jueves 27 de enero salió a relucir el tema en una sesión virtual del Consejo de Participación Ciudadana y que será motivo aún de debate.

La propuesta de sacar a la funcionaria de ese cargo, que lo asumió luego de ser reelecta en junio de 2021, surgió del consejero Francisco Bravo durante la sesión del Pleno, una vez que cuatro consejeros, que conforman una nueva mayoría, lograron apelar la presidencia de Almeida e incluir varios puntos para el debate, relacionados principalmente para la designación de autoridades de control del Estado.

Bravo basó su moción en el numeral 5 del artículo 55 del Código Orgánico Administrativo, que señala la competencia de los órganos colegiados para nombrar y remover a quien ejerza la representación de la administración de los órganos bajo su dirección.

Alegó que Almeida ha incumplido y abusado de sus funciones, como convocar a sesiones con 24 horas de anticipación, sin observar que se debe hacerlo en un mínimo de 48 horas; por falta de transparencia en los procesos de designación de autoridades, como no publicar la información en la página web del Consejo.

A esto sumó el hecho de suspender sesiones de forma arbitraria, o convocar a la aprobación de asuntos administrativos como el presupuesto general y el Plan Anual de Contrataciones al borde de los plazos.

La propuesta fue reprochada por Almeida y acusó a los consejeros de querer cooptar la presidencia del organismo y con ello conducir los procesos de selección de autoridades, en especial de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.

La funcionaria dijo que existe una “ambición desmedida” y los acusó de querer “librarse” con estas acciones de la investigación por presunta concusión que enfrentan en la Fiscalía General del Estado, Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Bravo.

Recalcó que la consejera Rivadeneira siempre ha querido ser presidenta, al igual que Ulloa. Pero les advirtió que promover su remoción les acarrearía incluso un juicio político en la Asamblea Nacional.

Las confrontaciones se derivaron incluso, en recriminaciones contra Almeida y sus asesores de divulgar audios de una supuesta conversación telefónica entre Estupiñán y una excandidata a superintendenta de Ordenamiento Territorial, que es la denunciante en este caso de concusión.

Este punto también entró en discusión y los consejeros deberán ponerse de acuerdo en aprobar el orden del día para continuar con el debate, luego de tener ocho mociones.

Votaron por esta moción Ulloa, Rivadeneira, Bravo y la consejera Ibeth Estupiñán, quien se separó del grupo que lo integraba Almeida, Javier Dávalos y David Rosero.

Este último también advirtió que esta posible remoción acarreará acciones legales por intentar tomarse de forma arbitraria la presidencia y se remitirá todos los elementos a la Fiscalía para que indague sobre un posible delito y a la Asamblea para que -de ser el caso- inicie un posible juicio político. Algo que también advirtió el consejero Juan Javier Dávalos.

La situación al interior del Consejo de Participación es complicada, pues también se sumará en contra de Almeida un informe de presunto incumplimiento de funciones en el manejo de las sesiones, que de aprobarse se remitirá a la Contraloría.

La nueva mayoría logró incluir para el tratamiento reformas al reglamento de designación del titular de la Contraloría y, en ese sentido, que una comisión técnica conformada por delegados de los siete consejeros revisen los reglamentos aprobados para los concursos de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), Defensoría Pública, Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa), del Comité de Desarrollo Fronterizo, de los miembros de los Consejos Nacionales de Igualdad (CNI).

Ahora, toca esperar la fecha en la que Rosero, quien dirigió la sesión vuelva a convocarla.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.

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