Hemos visto casos de discriminación a la población indígena, promoviendo un enfrentamiento entre civiles sin que la Policía diga nada o poniéndose a favor de un grupo, agregó.

Marianela Navarro, integrante de la Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos, señaló que la veeduría ha estado en territorio, visitando a víctimas de vulneraciones y a familiares de los fallecidos en el marco del paro nacional.

Detalló que en San Antonio de Pichincha la muerte de Franco Íñiguez, padre de dos hijos, se produjo por un disparo de bala de plomo en el pulmón derecho, evidencia que está plasmada en el certificado de defunción. Sus familiares habían indicado que se trató de un asesinato por parte de las fuerzas militares: “Es un caso emblemático así como el resto de protesta”.

Indicó que los manifestantes se sienten afectados por la falta de empleo y que aquello es la detonación de la protesta, por ello, dijo, el objetivo de la Misión es visibilizar la vulneración de Derechos Humanos para junto al equipo de abogados presentar un informe ante organismos internacionales y que se visibilice lo que ocurre en Ecuador: “Algunos sectores denuncian torturas en el marco de detención, afectaciones por asfixia, por ejemplo”.

Otra denuncia que le llamó la atención a Navarro, sucedió en Cuenca donde un joven de 14 años fue detenido cerca de la Universidad de esa ciudad, cuando iba junto a su madre a comprar pan: “Eso demuestra que hay represión a los manifestantes y a quienes se encuentren fuera de ellos, fue un despliegue generalizado”.

“Hemos recibido denuncias de gente que pacíficamente protestaba y ha perdido su ojo por haber recibido proyectiles directamente en la cara”.

Reprochó los casos de discriminación hacia la población indígena e incluso que se haya promovido un enfrentamiento entre civiles sin que la policía haga algo o  poniéndose del lado de un bando: “Nos preocupa porque lo vimos en Colombia, hay un mismo modo de operar en esta situación, el Estado tiene responsabilidad principal de garantizar los derechos”.

Aseguró que como Misión Internacional han pedido audiencia a distintas Instancias del Estado para presentar el informe respaldado por material audiovisual y pruebas, pero ninguna ha respondido.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.