La Fiscalía abrió una investigación previa sobre un accidente de tránsito que involucra a la legisladora Gissella Molina y que para ella fue un atentado.

De ser denunciada en la Fiscalía por ser supuestamente parte de los cinco legisladores que “habrían pedido beneficios económicos a cambio de consignar su voto” a favor del proyecto de Ley de Inversiones, la asambleísta de los registros de Pachakutik (PK) Gissella Molina ahora es denunciante de un atentado contra su vida y la de sus colaboradores al ser chocado el auto en el que viajaban de La Maná a Latacunga (Cotopaxi).

La tarde de ayer, la Fiscalía informó que en su sede de Cotopaxi se abrió de oficio una investigación previa por el accidente de tránsito en el que estaría involucrada la legisladora Molina.

La acción llegó poco después de que la asambleísta por Cotopaxi dio una rueda de prensa en la Asamblea en la que denunció la intimidación sufrida por no haber votado a favor de la destitución del presidente Guillermo Lasso, propuesta que se debatió en el pleno del Legislativo en los días de junio pasado que se daba el paro nacional convocado por varias organizaciones indígenas.

Pese a que la Fiscalía dijo no haber recibido ninguna denuncia, Molina aseguró que sí lo hizo el 11 de julio pasado en la Fiscalía de Cotopaxi. Al revisar el sistema se ubicó una denuncia por intimidación colocada por Gissella Molina a las 12:35 del 11 de julio pasado. En el documento se pone como sospechosos al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, a Jorge Guamán, Janeth Llano y José Vega, estos dos últimos asambleísta suplente y asesor del legislador de PK Peter Calo, respectivamente.

“Tengo documentación y tengo evidencia de que quienes han estado a cargo de eso desde siempre y no desde ahora, con las presiones, ha sido el señor Leonidas Iza y su grupo de poder que se siente muy poderoso y que hoy más que nunca vemos que ya no les importa respetar la vida de los demás. Ya hemos presentado una denuncia, jamás podemos ir con medias tintas. (…) De manera legal y rotunda, con pruebas contundentes, he presentado una denuncia en la Fiscalía Provincial (de Cotopaxi) para la asambleísta alterna del legislador Peter Calo”, explicó Molina.

Ante el pleno la legisladora Molina señaló que en los días anteriores e incluso posteriores a la votación por la destitución de Lasso, ella y su familia vivieron amenazas en redes sociales y personales.

La Fiscalía adelantó el martes último que de las pericias realizadas al tema del accidente, una vez que ocurrió, los moradores de la comuna en la que sucedió el hecho se habrían negado a entregar el vehículo en el que se trasportaba la funcionaria hasta que se les reconozcan los daños ocasionados. Los implicados en el accidente habrían sido trasladados al hospital de Zumbahua, donde les dieron de alta de inmediato debido a que no presentaban lesiones, y según el parte policial, no hubo heridos.

Informó además la Fiscalía que el 3 de julio (luego del accidente), la asambleísta Molina presentó en el cantón Pujilí (Cotopaxi) una denuncia por intimidación contra Iza y otros miembros del movimiento indígena. Ese hecho también sería investigado de forma previa por la Fiscalía

Por otro lado, desde finales de marzo pasado, Molina, Rosa Cerda (asambleísta por Napo), Édgar Quezada (Sucumbíos), Celestino Chumpi (Morona Santiago), Cristian Yucailla (Tungurahua) y el asesor legislativo Marcelo Rosero, todos del bloque de PK, son investigados por supuestamente solicitar beneficios económicos a colaboradores del presidente Lasso durante una reunión de carácter político a inicios de marzo pasado. Respecto a esta denuncia, el 27 de marzo pasado la Fiscalía General abrió la etapa reservada de investigación.

“Esto es gravísimo, señora fiscal, y ante ello no puedo permanecer silente. Primero porque traicionaría mis obligaciones como presidente de la República, así como la confianza que ha depositado en mí el pueblo ecuatoriano para desterrar la deshonestidad como nefasta práctica de la política ecuatoriana”, señaló Lasso en el oficio presidencial enviado a la Fiscalía.

Dentro de esta fase preprocesal en la que se investiga el delito de concusión, para el 20 de julio próximo, a más de tres meses de iniciada la indagación, se ha definido el reconocimiento del lugar de los hechos e intervendrán agentes de la Unidad de Criminalística y las partes procesales. La reunión se habría dado en un edificio ubicado en el norte de Quito en marzo pasado, justo antes de la votación por una Ley de Inversiones que finalmente no se aprobó en el Legislativo.

Para Gonzalo Realpe, abogado de varios de los legisladores procesados, la diligencia judicial de reconocimiento del lugar de los hechos en todo proceso penal tiene como fin justificar “la maternidad de la infracción”, es decir, el lugar donde presuntamente se cometió un delito. El abogado piensa que en la diligencia debería estar el funcionario gubernamental que aparentemente estuvo en la cita en la que se dice se hicieron exigencias de dinero a cambio del voto.

Desde PK se informó que la reunión se dio con el subsecretario de Articulación Intergubernamental, Juan Pablo Hidalgo, y que en lugar de hacerse la exigencia, habría sido el Gobierno el que ofreció contrato a cambio de los votos de los legisladores.

De los cinco asambleístas investigados que han sido convocados a rendir versión en este caso, solo el legislador Celestino Chumpi ha acudido. Chumpi señaló en su versión que está dispuesto a cooperar con la justicia, pues aseguró no haber pedido dinero. “A mi comunidad y a mi provincia, quien me ha elegido aquí en esta Asamblea, no me mandaron a robar, me mandaron a legislar”.

Por tercera ocasión los asambleístas han sido convocados a que rindan su versión en esta causa manejada directamente por la fiscal general, Diana Salazar. (I)

Fuente: El Universo, Diario Bicentenario