Fernando Cordero: El federalismo no es viable porque Ecuador es un estado mal armado

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Fernando Cordero, exalcalde de Cuenca y expresidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi, señala que los debates sobre la organización territorial son cíclicos. Se hablaba de ello al inicio de la República, en 1830; luego en diferentes momentos del siglo XX, en especial desde el retorno a la democracia y cuando se elaboró la Constitución de 1998; y en el milenio actual cuando se aprobó la Carta Magna del 2008. El tema tiende a olvidarse, agrega este exfuncionario afín al correísmo, cuando llega al poder un gobierno que más o menos hace obras. Pero lo que para él está claro es que Ecuador está viviendo la agonía del Estado centralista, por lo cual es importante hablar de un cambio de modelo de ordenamiento territorial que no necesariamente es el federalismo como propone el líder socialcristiano, Jaime Nebot.

¿Qué tan viable es la propuesta de Nebot del Estado unitario y federal?

La propuesta de Nebot es interesante porque es una provocación para debatir los temas serios. Es urgente terminar con el centralismo, esto es fundamental para el futuro del país porque no vamos a ningún lado. Pero yo creo que no es posible un estado federal en las condiciones en que está la división político-administrativa del país. Es un estado mal armado. Solo para que tenga una idea, entre 1979 que retornamos a la democracia y 1998 hubo una fiebre que se la llama “cantonalismo ecuatoriano”, por la que se crean algo así como 97 cantones. No hay ninguna correspondencia entre descentralización y fragmentación del territorio. Desde 1830 hubo 36 cantones. Y de esos, como hijuelos, ahora hay 221. Hay cantones que son más pequeños que la parroquia rural de otros más grandes. Otro problema son los ingresos que se producen en estos territorios. Con datos del año pasado, el país pagó de impuestos unos $ 13.000 millones. De ellos, Pichincha tributó el 49,6 %; Guayas pagó 32,7 %; Azuay, 5,2 %; Manabí, 2 %; y, El Oro, 1,7 %. Entre las cinco provincias pagaron el 91 % del total, el resto, 19, aportan el 9 %. Y hay unas contradicciones bárbaras: Azuay es la tercera en pago de tributos, pero es la quinta en población; Los Ríos es la duodécima en impuestos y es la cuarta en población. Por eso no es viable. Hay que reorganizar todo.

Nebot habla de una reforma tributaria que transparente estas cifras y que se muestre lo que realmente consume y tributa cada provincia. Y también de un fondo de solidaridad que se nutra con aportes de los estados más ricos.

Sí, hay cambios radicales que hay que hacer para arrancharle competencias al estado central. El IVA, por ejemplo, es un impuesto que debería ser local. Estoy plenamente de acuerdo con que no puede ser posible que la empresa que produce llantas en Cuenca desde hace 70 años tenga registrado su RUC en Pichincha y tribute allá. Es falso que Pichincha, entonces, pague la mitad de lo que tributa el país. Igual pasa con las petroleras. No hay igualdad porque el país está mal armado por esta proliferación de cantones. Hay cantones que si vivieran de sus rentas no tendrían ni para pagar los sueldos de los empleados. Ahora, ya existe un fondo de compensación que no está del todo mal. Con la fórmula que establece el Cootad, los que menos tienen más reciben. No hablando de transferencias en total, sino en comparación con el número de habitantes. Están recibiendo más los que más necesitan. Pero no funciona bien. Ecuador no funciona bien.

A la Constitución del 2008 muchos la llaman mamotreto, dicen que no sirve para nada, pero que con todos los defectos que podría tener como cualquier acto humano es la Carta Magna que recoge la idea más cercana a una confederación. Aparte de los niveles de gobierno que ya existían, provincias, cantones, juntas parroquiales, se crean las regiones autónomas. Se introduce un mecanismo interesante para que sean los prefectos los que tomen el liderazgo y propiciar la unión entre provincias. En el texto se dice que dos o más de ellas que tengan juntas 20.000 km2 y al menos el 5 % de la población pueden unirse. Eso empezó con bombos y platillos y, por ejemplo, en el Austro hasta se planteó formar una región autónoma entre Cañar, Azuay, Morona Santiago, Loja, El Oro y Zamora Chinchipe, recreando el departamento del Azuay de 1830, pero entre los prefectos quizás se pusieron celosos pensando en quién sería el gobernador. Y se pasó al silencio. En Montecristi nos rehusamos a hacer el mapa de las regiones porque creímos que era más democrático que las propias provincias decidan. La Constitución dio un plazo límite de ocho años para armarlas, que se cumplió en el 2016, y en el Cootad aprobado en el 2010 se dio otra vez un plazo de ocho años que terminó en el 2018. Entonces la competencia para hacer la Ley de Regiones Autonómicas la tiene el Gobierno nacional. Lenín Moreno no hizo ni el ademán de interesarse por esta ley, y el de Guillermo Lasso es el segundo gobierno que ha incumplido. Ni siquiera se debate. Acabar con el centralismo es algo que hasta le conviene al Gobierno. ¿Por qué fue exitosa la campaña de vacunación de Lasso? Porque no fue centralista. Participaron alcaldes, prefectos, universidades, empresarios, todos nos unimos en una minga.

¿Qué ha pasado con los otros niveles de gobierno existentes?

Mire la timidez con la que actúan los gobiernos seccionales: les han arrebatado recursos y nadie dice nada. Cuando sube el petróleo deberían reliquidarlos, pero el Ministerio de Finanzas lo que les dice -desde el 2017- cada vez que hay menos ingresos es que no hay dinero y todos cargan el problema. Y fuera de eso les han pagado a plazos o les piden hacer proyectos. Nadie ha enfrentado ese centralismo porque todos están contentos por no hacer nada.

¿Por qué no ha funcionado este modelo político-territorial que se estableció en Montecristi?

El centralismo ha tenido muchas caretas, cada vez aparece con una nueva. La nueva, que no cambió con la Revolución Ciudadana y eso es una contradicción, es el mal entendimiento legislativo y ejecutivo de la rectoría. Con buen criterio, la Constitución dice que los ministros son rectores en el ámbito de sus competencias, pero lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, un Ministerio de Obras Públicas por oficio, ni siquiera por acuerdo ministerial, puede decidir que una calle de Guayaquil o Cuenca, que son vías urbanas, se convierta en vías nacionales y pasa a ser competente. Es un disparate. Y la ineficiencia de los Gobiernos autónomos descentralizados, que es un nombre rimbombante para lo poco que hacen, es la mayor contribución al centralismo. No conozco un solo alcalde o prefecto que haya presentado una queja por intromisión del Gobierno central en el Consejo Nacional de Competencias.

Si no es el federalismo, ¿cuál sería la opción?

Aplicar la Constitución del 2008, que es realmente lo más cercano a ese país imaginario que es el estado federal, que le da poder a los gobiernos locales para resolver los problemas locales… Pero antes necesitamos un gran acuerdo nacional para rearmar el país.

¿Cómo se puede llegar a este gran acuerdo nacional?

Ahí concuerdo con Nebot en que este es un tema más que de velocidad, de resistencia. No se trata de hacerlo mañana, sino de hacerlo bien. Una condición que es importante es que ahora que vamos a elecciones en seis meses y que elegiremos alcaldes y prefectos estas personas tienen que cumplir lo que dice la Constitución. No puede elegirse gente que piense que tiene que ser pana del Gobierno porque si no, no podrá hacer obras. Lo que puede hacer un alcalde es enorme y si no tiene recursos tiene que buscarlos, y el Gobierno debe ir cediendo ese dinero. Sostengo que los mayores colaboradores para que el centralismo se haya agudizado son los alcaldes y los prefectos.

¿Cuál sería la vía para ir hacia el federalismo u otro modelo de organización territorial? Nebot cree que una Asamblea Constituyente sería un riesgo y que los candados constitucionales impiden que el pueblo, el mandante, se pronuncie directamente sobre el tema.

Respecto a la Asamblea, están pagando sus propios errores. Por atacar al correísmo cambiaron la Ley de Elecciones, el método para adjudicar los escaños, y eso hace que ahora tengamos un Legislativo disperso donde el Gobierno no tiene sino una ridícula minoría y la oposición tampoco logra ser representativa, lo que lleva a que a veces se unan el agua y el aceite (…) La Constitución se puede cambiar a través de consulta popular y de la Asamblea con la ratificación de referéndum, pero estos cambios radicales como ser un estado federal requiere una Constituyente. ¿Qué miedo le tiene la política seria de este país a reunirse en una Asamblea Constituyente? La del 2008 se eligió con un método representativo para las minorías. Si había 100 asambleístas y uno sacaba 1 % de la votación, tenía un asambleísta. Si queremos refundar el Ecuador hay que ir a una Constituyente, y tampoco se trata de botar la Constit

Fuente: El Universo, Diario Bicentenario

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