Desviación de fondos recaudados, mala gestión de cobro, contrataciones para carnavales o fiestas sin respaldo: estas son algunas de las observaciones que ha hecho la Contraloría a los gobiernos locales

Lo que debió ser una gestión de no más de ocho meses llegó al año el mes pasado. El contralor general encargado, Carlos Riofrío, cumplió el año el 27 de junio pasado, en medio de las protestas del movimiento indígena contra el régimen. Así que su aniversario pasó inadvertido para la opinión pública. Pero él dice que tiene mucho que contar respecto a los logros de su gestión que, asegura, apuntó a mejorar la imagen de la institución, que estaba deteriorada por los escándalos de corrupción y los procesos penales de sus predecesores, Carlos Pólit y Pablo Celi.

¿Cómo evalúa este año de gestión?

En este año se han generado 1.415 informes generales a nivel nacional; de esos, se han establecido 305 con indicios de responsabilidad penal (IRP), todos ellos enviados a la Fiscalía para el trámite correspondiente. No hay nada pendiente de envío.

¿Se puede determinar cuántos de esos IRP ya están en investigación?

La Fiscalía no nos da ese reporte, no hacemos seguimiento de eso. Nosotros conocemos que se inició un trámite cuando la Fiscalía solicita, dentro de una indagación previa, la asistencia del personal que realizó el examen para obtener información o documentación adicional. Además tenemos personal de la Controlaría trabajando permanentemente para la Fiscalía que se encarga de sustentar de mejor manera los hallazgos que se han hecho y aclarar cualquier tema adicional.

¿Cuántas glosas se han derivado de estos informes?

Se han generado 2.034 resoluciones de glosas por responsabilidades civiles por $ 2.468 millones, dentro de los cuales está la glosa de $ 1.200 millones de la Refinería del Pacífico. Además se establecieron sanciones administrativas y multas por más de $ 8,2 millones.

¿Qué áreas son las que presentan mayores irregularidades o corrupción?

Las auditorías se hacen a todas las entidades públicas a nivel nacional; si queremos remarcar algo en lo que hemos trabajado más es el área de salud por la pandemia del COVID-19. En cuanto a las acciones de control por la emergencia sanitaria general se analizó el 100 % de los procesos de contratación no solo de los hospitales, sino en los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y empresas públicas, y se aprobaron 285 informes generales con 133 IRP. Específicamente en la adquisición de insumos y medicamentos se aprobaron 136 informes con 193 IRP. También trabajamos en obras públicas, Petroecuador, los GAD… Hay que tomar en cuenta que el grueso de las responsabilidades civiles está en la Refinería del Pacífico.

¿Y qué tipo de problemas han hallado?

La mayoría de responsabilidades civiles y penales se enfocan en los procesos de contratación y adquisición de bienes, servicios y obras.

¿Y por qué?

Nos hemos dado cuenta de que los problemas se dan en la fase preparatoria donde se crea la necesidad de contratar; en el proceso precontractual existe una comisión técnica que se encarga de revisar las ofertas, solicitar las proformas y documentos de respaldo, y es ahí donde se generan los mayores indicios de responsabilidad penal porque auditoría ha concluido que mucha documentación es fraudulenta. Y eso es lo que se ha enviado a la Fiscalía porque hay una presunción de que se ha ingresado documentación que es falsa. Según los certificados que nos presentan hacemos un cruce de información con los involucrados y ellos certifican que nunca emitieron la factura, la proforma, el certificado de experiencia de los servidores.

Y de estos exámenes e IRP, ¿cuántos corresponden a los GAD? En una comparecencia que hizo en enero pasado en la Asamblea Nacional, usted decía que en estos niveles de gobierno eran muy propensos a la corrupción.

Se han emitido 588 informes generales, de los cuales 117 son de IRP en un año. Lo que hemos encontrado en algunos GAD es la desviación de los fondos de recaudación de impuestos, que a veces se desvían a cuentas de terceros; falta de gestión en la generación y cobro de contribuciones y mejoras; deficiente recuperación de la cartera; desembolsos que no están sustentados; pagos sin documentación sin respaldos; contratación de bienes, obras o servicios que no son afines a la naturaleza del GAD; contratación de carnavales y festivales que no tenían sustentos.

Estos datos son importantes porque se avecina un proceso electoral seccional y de los 221 alcaldes del país, más de 90 % están habilitados para ir a la reelección. ¿Qué pasa si tienen estos informes que cuestionan sus actuaciones?

Primero tengo que decirle que nosotros no trabajamos con dedicatoria contra nadie, nos basamos en un plan de control que tiene parámetros. Pero el hecho de que alguien tenga una responsabilidad civil, aunque se haya confirmado o esté en impugnación en el Tribunal Contencioso Administrativo, no le impide ser candidato o acceder a un puesto de servicio público. Legalmente no.

¿El impedimento es ético?

Eso ya cada uno lo califica como le parece.

Respecto a las glosas de la Refinería, ¿ya se han ejecutado?

Algunos de los señalados impugnaron en el Contencioso Administrativo, eso está en trámite. No hay resolución, hasta entonces no se pueden cobrar.

Cuando usted llegó al cargo, la Contraloría tenía una baja reputación por los escándalos judiciales que alcanzaron a Pólit y Celi. ¿Qué ha hecho para mejorar la imagen de la institución?

Ha sido un periodo complicado; se ha ido recuperando la imagen de la institución. Cuando yo ingresé al despacho teníamos en la prensa un 17 % de buenos comentarios, al año tenemos ya el 67 %. Lo que sale en la prensa ya no son reproches, sino la solicitud de más exámenes especiales, más contundencia, periodos más largos. En todas las denuncias que ha conocido la Contraloría por la prensa se ha actuado y se realizan exámenes continuamente. Estamos transparentando los resultados de nuestros exámenes y con eso ganamos la confianza de las instituciones, que cada vez demandan más trabajo de nuestra parte.

Hubo cuestionamientos hacia usted desde varios sectores políticos por emitir exámenes especiales al patrimonio del presidente Guillermo Lasso que lo “salvaron” de un primer intento de destituirlo por el caso Pandora Papers en la Asamblea. ¿Cómo describe su actuación?

No hubo presión, se hizo un trabajo técnico, contamos con toda la información que requerimos al presidente para los dos informes sobre paraísos fiscales y el patrimonio. Nos dieron los certificados de Panamá, de la Superintendencia de Compañías (que tienen un retraso en los registros de información de accionistas) y emitimos informes dentro de los tiempos, el reglamento habla de hasta 60 días.

El juicio político en su contra en la Asamblea promovido por UNES se inició por un tuit de la institución en el que se hablaba de que solo se podían hacer informes de pertinencia en contrataciones superiores a los $ 900.000 cuando la ley dice que es para todos. El tuit desapareció y el juicio se archivó, pero esa disposición se mantiene.

Para mí es importante que se haya aclarado que el juicio no fue por un tema de corrupción, fue un tema netamente administrativo. La denuncia no tomó en cuenta que había un reglamento que emitió el Ejecutivo y que determina sobre qué montos del Presupuesto General del Estado se debía hacer –y se siguen haciendo- los informes de pertinencia. Yo emití la resolución para la aplicación de ese informe de pertinencia en base a este reglamento. Ellos se saltaron eso. Y eso hemos venido haciendo dentro de los plazos.

¿Cuál cree que era el objetivo del juicio?

Querían cambiar de contralor. Es la única motivación que veo porque no tenía sustento, y tal es así que no hubo los votos.

¿Para poner a quién?

El momento en que yo salía me remplazaba el subcontralor hasta que el Consejo de Participación Ciudadana nombrara por concurso un nuevo contralor.

Y si había tanto apuro por poner a otro contralor lo lógico era que se nombrara uno pronto, pero el concurso tiene varios meses de retraso. ¿Qué opina de esto?

Nosotros no tenemos injerencia en eso. No quisiera opinar de eso. Yo debía quedarme en funciones hasta que se acabara el periodo de Pólit de cinco años, que se venció en marzo. Eran ocho meses. Ya vamos más de un año. Y en la misma situación están otras autoridades.

En las investigaciones por corrupción contra Pólit y Celi fueron señalados algunos servidores que aún seguían en la Contraloría. ¿Los sancionaron? ¿Los despidieron?

Hubo una depuración en la Contraloría, que seguimos haciendo, es permanente. Muchos de los servidores jerárquicos superiores salieron de la institución, otros fueron removidos, y se privilegió poner a personal de carrera con hojas de vida limpias que nos permitieran avanzar. Las personas involucradas en los temas de los excontralores están en manos de la justicia, no podemos tomar acciones contra nadie hasta que no haya una sentencia ejecutoriada. (I)

Fuente: El Universo, Diario Bicentenario

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