La escalada de violencia que experimenta Guayaquil, con eventos explosivos casi registrándose cada semana, ha llevado a que las autoridades del Gobierno y el Municipio planteen sentarse en una mesa conjunta para reescribir una nueva estrategia de seguridad para Guayaquil.

Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, indica que es necesaria una nueva estrategia ante un escenario que se ha pasado del uso de la bala a explosivos.

Y este miércoles ha manifestado que una de las opciones dentro de una nueva estrategia es crear una gran central de inteligencia e información. Para eso, la funcionaria habló de convertir a la actual Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG), que maneja la videovigilancia de las cámaras, en una gran central de inteligencia.

La CSCG es una entidad municipal liderada por Gustavo Zúñiga, uno de los directores con más años en el Municipio y que ha trabajado en las administraciones socialcristianas que han estado en estos años.

Precisamente, Zúñiga estará al frente de esta articulación entre ambas instituciones: Municipio y Gobierno.

Para especialistas en seguridad, el hecho de que hayan cesado los entredichos entre el Gobierno y el cabildo para establecer una estrategia es un avance, aunque hay criterios diversos sobre la posibilidad de armar una central de inteligencia.

Para el experto en temas de seguridad Mario Pazmiño, este es un buen punto de inicio por parte de la alcaldesa, pues esto servirá “para poder adelantarse un poco al tema del crimen organizado transnacional”. El problema central que tiene el Gobierno, dice, es “la falta de inteligencia oportuna”.

Pazmiño añade que en Ecuador no existe un centro que maneje la información fusionada por las diferentes entidades, por ello vio con buenos ojos la creación de un centro que permita neutralizar las acciones de los grupos delictivos organizados.

El docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) Daniel Pontón señala que no se debe confundir los trabajos de colaboración que pueden dar las instituciones municipales con trabajos de inteligencia, pues legalmente son funciones que no le competen al Municipio.

“Habría que revisar incluso la normativa legal, porque no se le puede pedir que haga labores de inteligencia (…) esa es una competencia de la Policía Nacional que tiene sus subsistemas dedicados especialmente a eso”, argumenta.

También describe que existen grupos de inteligencia militar o del Servicio de Rentas Internas (SRI) dedicados a la seguridad financiera, pero que no cabe en un gobierno local.

Sobre el aumento en los índices de violencia en el puerto principal, dice que no solo se debe poner la mira en el narcotráfico, pues, a juicio de Pontón, hay otros factores que contribuyen a la inseguridad y violencia presentes en la ciudad.

“La violencia en Guayaquil hace rato traspasó el plan de la tolerancia y crece exponencialmente, a niveles pandémicos (…) son varios factores que germinan en ciertos sectores y que incluso pueden ser históricos, culturales. Por ejemplo, las pandillas, la informalidad, marginalidad, el microtráfico, la impunidad, entre otros”, asevera.

Para Pontón, el Gobierno no está tomando la batuta para enfrentar la violencia, ni cuenta con los estudios para generar medidas que le permitan combatir la violencia en el país. “Veo que son acciones fragmentadas, esporádicas, que no saben por dónde empezar”, añade.

Una explosión registrada en Cristo del Consuelo, la madrugada del domingo 14 de agosto, llevó a la declaratoria de estado de excepción en Guayaquil. En el atentado, cinco personas fallecieron y 17 resultaron heridas.

Según la Gobernación del Guayas, en la primera semana del estado de excepción capturaron a 176 personas por distintos delitos, se decomisaron 119 armas blancas y 75 armas de fuego; de estas, nueve fueron armas largas y 56 armas cortas. También se anunció que 19 vehículos y 12 motos reportadas como robados fueron recuperados. (I)

Fuente: Diario El Universo, Diario Bicentenario