El Gobierno informó que sí se garantiza la protección de los defensores de derechos humanos, en medio de un ataque a varios activistas.

Punto Noticias. Las autoridades de Ecuador presentaron ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas las medidas que han adoptado para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en el país, dentro del proceso del Examen Periódico Universal (EPU) que realiza el organismo internacional.

El canciller Juan Carlos Holguín detalló algunas cifras. Inició con la situación de personas en movilidad y destacó que Ecuador es un referente de buenas prácticas a nivel regional sobre la acogida de personas refugiadas. Hasta el 3 de octubre, dijo, se ha reconocido con el estatus de refugiados a 74.263 personas.

Además, mencionó que el Ecuador está elaborando un plan nacional de empresas y derechos humanos. Sin embargo, la Alianza de las Organizaciones por los derechos humanos dice que no se ha avanzado nada desde diciembre pasado, principalmente por la falta de voluntad política y presupuesto para construir una línea base que permita identificar.

Holguín indicó también los avances en la prohibición de la esclavitud, trata de personas y tráfico de migrantes. Aunque la mayor parte de su intervención se refirió a las medidas para combatir la trata de personas, no se refiere sobre la esclavitud en el país, como la situación del conocido caso Furukawa, en el que el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) alerta que hasta la fecha no se han ejecutado las medidas de reparación contempladas a favor de 123 demandantes mediante sentencia, por esclavitud moderna en las Plantaciones de Abacá.

También intervino el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien mencionó que el país ha hecho frente a su desafío de promoción y garantía de libertades y derechos fundamentales como parte de su política pública, más allá de la crisis por el COVID-19 y las dos movilizaciones de 2019 y 2022.

Un tema que la Alianza también reclamó porque aseguran que las víctimas de violaciones de derechos humanos, en las jornadas de protestas, no han recibido reparación integral.

Además, Jiménez se refirió sobre el derecho al recurso efectivo, el acceso gratuito a la justicia y tutela judicial, que dijo es un objetivo del Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025, que entre las acciones consta una capacitación permanente de la Policía Nacional en temas de derechos humanos, aunque en estas últimas semanas la institución recibió fuertes críticas por varios casos de violencia de género.

Por su parte, la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, dijo que el Gobierno combate la violencia de género y garantiza los derechos de personas privadas de libertad, aunque ha sido, el 2022, el peor año en tasa de femicidios y que ha registrado cinco de las nueve masacres carcelarias.

Además, detalló algunas acciones, como el censo penitenciario, que dice que está en un 94% ejecutado, como medida para enfrentar la crisis carcelaria. El resto de medidas que anuncio aún no se han implementado.

En medio de un ataque a defensores de derechos humanos, incluso desde instituciones públicas como la Policía Nacional, Flores dijo que Ecuador cuenta con una Mesa Institucional para contribuir con una política pública de protección y promoción de los derechos de las personas defensoras.

La Alianza de las Organizaciones aclaró que este intento de construcción de política que señala Flores se paralizó el año pasado, ante la exigencia de organizaciones sociales para que inicie con un diagnóstico.

Emitir medidas para frenar la violencia en las cárceles, garantizar el acceso al aborto en casos de violación, luchar con recursos contra la violencia de género, proteger a defensores de derechos humanos y periodistas, así como garantizar el derecho a la protesta y a la consulta libre, previa e informada de las comunidades indígenas, fueron algunas de las recomendaciones que los países miembros hicieron a Ecuador.

Fuente: Radio Pichincha , Diario Bicentenario.