Los plazos para la calificación de las últimas tres preguntas por parte de la CC correrán a partir de que avoque conocimiento. Son 20 días para que lo haga y a esos se sumarán 15 días para que el CNE convoque a Consulta.
El Gobierno está a la espera de que la Corte Constitucional (CC) se pronuncie sobre las tres preguntas adicionales para la Consulta Popular que fueron entregadas el pasado 31 de octubre.
De esto depende de que el presidente de la República, Guillermo Lasso, emita el Decreto Ejecutivo para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) convoque a la Consulta Popular. Así lo indicó Fabián Pozo, secretario jurídico de la Presidencia, en una entrevista con Sonorama.
El funcionario se refirió a dos momentos por los que atraviesa el cuestionario elaborado por el Gobierno. El primero tiene que ver con la calificación de las primeras ocho preguntas y que fueron encasilladas para hacer una enmienda o una reforma constitucional.
El segundo momento, en cambio, es el de las nuevas interrogantes que esperan un pronunciamiento de la Corte.
Al ser consultado qué se espera para que el Ejecutivo emita su Decreto, dijo que la Corte Constitucional tiene 20 días para pronunciarse una vez que avoque conocimiento sobre las tres preguntas adicionales.
Pozo comentó que recién con la calificación de las preguntas Lasso expedirá el Decreto Ejecutivo para que se convoque a Consulta y luego el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá 15 días para hacerlo. El objetivo es que se la empate con las elecciones seccionales del 05 de febrero de 2023.
Las tres preguntas que están en la espera de revisión son: ¿Está usted de acuerdo con destinar los valores comisados de las infracciones de lavado de activos, terrorismo y su financiación, trata de personas, tráfico de migrantes y delitos relacionados con sustancias sujetas a fiscalización a programas de educación con énfasis en niñez y adolescencia?; ¿Está de acuerdo en tipificar el delito de extorsión por delincuencia organizada, para que se sancione con pena privativa de libertad de 7 a diez años a quienes obligan a efectuar negocios con intimidación por pertenecer a un grupo de delincuencia organizada?; y ¿Está de acuerdo con brindar una deducción adicional del 100% en el cálculo de la base imponible del impuesto a la Renta para quienes emplean a personas de 45 años o más?.
El secretario jurídico indicó que esas preguntas no implican una modificación constitucional, sino que la Corte Constitucional emita una sentencia sobre el fondo.
Agregó que estos temas son de interés para el Gobierno porque topan áreas como la seguridad que es vital para toda la población. Sobre todo, porque se podría fortalecer la cooperación internacional por medio de la extradición.
Otra de las interrogantes tiene que ver con la selección de autoridades, cuya capacidad nominadora la tiene actualmente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Ante ello, aclaró que si se da paso en la Consulta se dará un régimen de transición que se mantendría de uno a dos años y que provocará que las actuales autoridades de control sigan en funciones.
Los anexos propuestos para esta pregunta darían paso a una modificación en el texto constitucional y para ello se requiere una transición con el fin de dar cabida al nuevo mecanismo de designación de autoridades.
Aclaró que las autoridades de control actuales no fueron puestas por el Gobierno, por lo tanto no hay injerencia y señaló que solo lo que se ha cambiado es al Superintendente de Compañías.
Contó que con el actual mecanismo de selección de autoridades se demoran -a más tardar- dos años y medio porque pasa el proceso por distintas fases que van desde la selección de las comisiones, la fase de postulación e impugnación, entre otras que provocan incidentes y demoras. Con ello precisó que se busca cambiar los tiempos.
Añadió que el Gobierno no tiene injerencia en el Consejo de Participación Ciudadana y sobre el juicio político que se teje en la Asamblea Nacional en contra de los consejeros prefirió no pronunciarse.

Fuente: Radio Pichincha , Diario Bicentenario.