El Ministerio de Finanzas asegura que cumplirá con los recursos para salud, seguridad y educación.

Que las recomendaciones realizadas por la Asamblea Nacional, a la Proforma Presupuestaria 2023, “van en la línea con lo que tiene previsto realizar el Gobierno Nacional durante la ejecución del presupuesto en el 2023” por lo que acogen las sugerencias del Legislativo.

Esa fue la respuesta del Ministerio de Finanzas a la Asamblea, entregada el pasado 7 de diciembre, sobre las recomendaciones realizadas por parte del Legislativo a la Proforma del Presupuesto del próximo año.

Con 124 votos a favor, el Pleno de la Asamblea resolvió observar la Proforma, que asciende a $31.503 millones. La preocupación de los legisladores giró en torno al ingreso real petrolero y su reparto a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), el cumplimiento de la asignación constitucional al sistema de Salud, asignación de recursos a universidades e incrementos presupuestarios para la Secretaría de Derechos Humanos, obras públicas, Policía Nacional e incentivos jubilares.

Finanzas explicó que, en caso de que se reciban más ingresos petroleros a los proyectados inicialmente, se realizará una reliquidación a favor de las instituciones que reciben preasignaciones.

La Cartera de Estado también asegura que la Policía Nacional contará con los recursos suficientes para incorporar a 8.000 nuevos efectivos y para la provisión de equipamiento e insumos.

Además, analizarán la factibilidad de contar con los recursos y el espacio presupuestario para incrementar asignaciones de incentivos jubilares.

Sobre el aumento presupuestario a la Subsecretaría de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, niñas, niños y adolescentes de la Secretaría de Derechos Humanos, Finanzas indicó que el 29 de noviembre de este año, se cambió la denominación de esta Secretaría por el de Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, lo cual implicó entregarle nuevas competencias que, dicen, contarán con el presupuesto que se necesite durante la ejecución.

Además, se explicó que durante el 2022, las entidades de educación superior han tenido un incremento de $119 millones por los saldos comprometidos no devengados y devoluciones del IVA, situación que se cumplirá en el año 2023.

Ahora, la Asamblea tendrá que aprobar la Proforma Presupuestaria. En caso de no alcanzar los votos – como ha sucedido en los últimos años- entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley, sin acoger las recomendaciones del Legislativo.

Fuente: Radio Pichincha , Diario Bicentenario.