Defensas de Karina Arteaga y otros presentarán sus alegatos en contra del dictamen acusatorio por presunta concusión

A las 11:00 de este lunes 27 de septiembre está previsto que el juez nacional Walter Macías reinstale la audiencia preparatoria de juicio por el delito de concusión contra la exasambleísta Karina Arteaga, su esposo Jhon Arturo Álava y la exasesora Jenny Muñoz.

Durante la diligencia se escucharán los alegatos que mantienen las defensas de los tres procesados respecto al dictamen acusatorio y al pedido de llamado a juicio que hizo el fiscal general subrogante, Wilson Toainga. La Fiscalía acusó a Arteaga en calidad de autora directa, mientras que a Álava y Muñoz los calificó de cómplices.

Según la Fiscalía, la exasambleísta habría exigido aportaciones indebidas a sus colaboradores durante el período 2017-2019, a través de terceros por un total de USD 44.950. El dinero recaudado le habría servido a Arteaga a solventar gastos personales, como el pago de sus tarjetas de crédito, la compra de un vehículo, paquetes de viaje y alícuotas de un inmueble en Quito.

Toainga explicó que Arteaga incluso mantenía en la nómina de la Asamblea a una persona que no era funcionaria legislativa, sino que trabajaba en su casa en Manabí como empleada doméstica.

El fiscal sumó a estos elementos la advertencia efectuada en 2018 por la exasambleísta a sus empleados, pues les dijo que podían conseguir un trabajo, pero con un aporte de su remuneración mensual.

Sobre estos hechos, Toainga señaló que existirían depósitos en la cuenta de Álava por aproximadamente USD 31.000.

En mayo de 2019, Verónica Pinargote, excolaboradora de Arteaga y acusadora particular en este caso, denunció a su exjefa que le exigía USD 2.861 mensuales a cambio de mantenerla en su puesto de trabajo como asesora.

De acuerdo con la exfuncionaria, el dinero fue depositado en una cuenta bancaria a nombre del cónyuge de la entonces asambleísta, cuyos recursos estaban destinados para el pago de las cuotas de un vehículo.

Miguel Revelo, abogado de Pinargote, señaló que ellos están al pendiente de que se determine la responsabilidad de Arteaga en este tipo de actos que se han venido dando en la Asamblea.

La defensa de Arteaga, Vinicio Rosillo, insistió en que su cliente es inocente y que pedirá el sobreseimiento. Pero la Fiscalía solicitó para Arteaga una pena de cinco a siete años de cárcel, según el inciso segundo del artículo 281 del Código Integral Penal (Coip).

Fuente: CNJ, El Universo, redes sociales, Pichincha Universal, Diario Bicentenario

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