Explican que la denuncia de supuesta intromisión del Ejecutivo en el CPCCS debe ser fiscalizado de manera urgente.

Punto Noticias. La Bancada Unión por la Esperanza (UNES) explicó el retiro del juicio político en contra del procurador General del Estado, Íñigo Salvador, para que la Comisión de Fiscalización tramite, de inmediato, el enjuiciamiento contra los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El bloque legislativo tomó esta decisión, luego de la denuncia realizada por el exasesor del CPCCS, Alejandro Gallo, ante la Comisión de Participación Ciudadana, este miércoles 16 de marzo, sobre la supuesta intromisión del Ejecutivo al organismo de participación.

Gallo reveló que tuvo presiones para que se cambien los reglamentos de los concursos para la selección de autoridades, así como el ingreso de ciudadanos, que no cumplían con los requisitos, a las comisiones de selección.

Ante esta denuncia, UNES considera que debe procesar, de inmediato, el juicio político planteado contra los vocales del CPCCS. El asambleísta Ferdinan Álvarez, de UNES pidió retirar la solicitud, presentada el pasado 4 de octubre de 2021, por el supuesto incumplimiento en la defensa en los procesos arbitrales de las compañías petroleras Perenco y Chevron-Texaco.

La bancada legislativa señala que no será cómplice “de la metida de mano al Consejo de Participación”.

Además, pidieron al bloque de Pachakutik retirar su pedido de juicio político contra los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), que sería el siguiente proceso en tramitarse, una vez que termine el proceso contra el contralor Carlos Riofrío, que está en sustanciación en la Comisión de Fiscalización.

La figura del retiro de un juicio político no está contemplado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

Hay dos solicitudes de juicio político contra los vocales del CPCCS, el 8 de febrero pasado, con 80 firmas de varias bancadas, menos la del oficialismo CREO, UNES, PSC y PK presentaron la solicitud de enjuiciamiento contra la actual mayoría del Consejo de Participación: el presidente Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, por haber modificado el reglamento para elegir al nuevo contralor.

El exasesor del CPCCS, precisamente, denunció que fue por presión del Ejecutivo, a través de Aparicio Caicedo, que se dio el derrocamiento de Sofía Almeida porque, dijo, no se prestaron para estos cambios en el reglamento.

Fuente – Pichincha Universal, Diario Bicentenario.